En España apenas ha existido la libertad de enseñanza porque todo el sistema educativo estuvo durante siglos dirigido y contaminado por el dogma católico, hecho que indudablemente contribuyó a mantener al país fuera de las modernas corrientes filosóficas, científicas, literarias y políticas. Dependientes de la Iglesia desde la Edad Media, universidades, institutos y escuelas fueron adoctrinando a quienes podían acceder a la educación para posteriormente formar parte de las élites que dirigirían la política nacional, siendo muy pocos los escritores, pensadores, científicos y artistas que pudieron investigar o crear con entera libertad.
Fue en el siglo XIX, a raíz de los distintos procesos revolucionarios, cuando se planteó la necesidad de que el Estado asumiese la obligación de educar al pueblo, de construir escuelas, institutos y universidades al margen de la Iglesia. Aunque entre 1868 y 1874 se quiso dar un impulso a la política educativa racionalista, la corta duración de ese periodo liberal imposibilitó que los proyectos que albergaban Benot, Salmerón y Pi y Margall llegasen a buen puerto. La restauración de la monarquía borbónica en la cabeza de Alfonso XII fue como la entrada de un hipopótamo en una fábrica de cristales. Los vientos de libertad, la posibilidad de recuperar el tiempo perdido respecto a Europa, la ocasión de educar al pueblo a la manera que lo hacían nuestros vecinos fue barrida por el decreto del ministro de Su Majestad Manuel Orovio, quien en 1875 decretó la prohibición de enseñar cuestiones que pusieran en duda o atacasen al dogma católico, único verdadero e inmutable a través de los siglos dijese lo que dijese Darwin: “No es menos grave -decía Orovio en su decreto-, y un ejemplo vivo y lamentable tenemos en nuestro país, si dejándose llevar de teorías y especulaciones políticas exageradas y peligrosas no se tiene en cuenta al legislar la índole especial de las creencias, y el estado de civilización y cultura del pueblo al que se intenta aplicarlas. El hecho positivo del modo de ser, del modo de creer, del modo de pensar y de vivir de un pueblo es el fundamento en que debe apoyarse la legislación que se le aplique. Por desconocer estos principios hemos visto y sentido recientemente males sin cuento. En el orden moral y religioso, invocando la libertad más absoluta, se ha venido a tiranizar a la inmensa mayoría del pueblo español, que siendo católica tiene derecho, según los modernos sistemas políticos fundados precisamente en las mayorías, a que la enseñanza oficial que sostiene y paga esté en armonía con sus aspiraciones y creencias… Una nueva era comienza hoy por fortuna para la nación española. Sin lucha de ninguna especie, sin derramar una gota de sangre ni una lágrima, el país y su valiente y leal ejército han puesto término a los excesos revolucionarios de los últimos tiempos, buscando en la monarquía hereditaria remedio a sus males y llamando al trono al rey legítimo D. Alfonso XII, príncipe católico como sus antecesores, reparador de las injusticias que ha sufrido la iglesia, constitucional y tolerante… A tres puntos capitales se dirigen las observaciones del Ministro que suscribe, a evitar que en los establecimientos que sostiene el Gobierno se enseñen otras doctrinas religiosas que no sean las del Estado; a mandar que no se tolere explicación alguna que redunde en menoscabo de la persona del Rey o del régimen monárquico constitucional; y, por último, a que se restablezcan en todo su vigor la disciplina y el orden en la enseñanza…”. Iglesia, monarquía y orden como puntales de la educación, como sostenedores de un régimen que nació con las cartas marcadas y que sólo pretendía que las cosas siguiesen siendo como siempre habían sido.
El decreto Orovio vino a extender el poder eclesiástico sobre el incipiente sistema educativo público, para lo cual de deshizo de sus mejores catedráticos, eminencias como Giner de los Ríos, Nicolás Salmerón, Emilio Castelar, Gumersindo de Azcárate, los hermanos Calderón o Augusto González Linares, quienes de inmediato fundarían la Institución Libre de Enseñanza, institución que, basándose en la libertad de Cátedra y en la formación integral y crítica del alumnado, dio al país una de las generaciones más brillantes de su historia.
Fruto en buena medida de la Institución Libre de Enseñanza fue la II República, que quiso hacer en España lo que en Francia se había hecho treinta años antes, una enseñanza laica, racional y humanística en todos los niveles. Manuel Azaña, en su célebre discurso del 14 de octubre de 1931, en pleno debate constitucional, tras alabar como pocas veces se había hecho antes en el Congreso el papel de la Iglesia católica en el pasado, afirmó que España había dejado de ser católica porque el catolicismo se había quedado anquilosado, porque ya no era fuente de conocimiento sino de paralización y reacción. Durante los dos primeros años de ese régimen se hicieron más escuelas públicas que en toda la historia del país y se prohibió a la Iglesia, como se había hecho en Francia y en muchos otros países europeos, que se dedicase a la enseñanza.
Llegó Franco y el nacional-catolicismo y la Iglesia volvió a impregnar de oscurantismo y crueldad todo el sistema educativo, sin que la democracia actual haya sido capaz en cuarenta años de dar al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios gracias al invento de la escuela concertada. El Estado no tiene ninguna obligación en una democracia aconfesional de impartir religión alguna en las escuelas, tampoco, ni mucho menos, de sostener con cargos al Erario miles de colegios concertados que adoctrinan en ideologías muy conservadoras a sus alumnos. Los padres tampoco tienen ningún derecho a impedir que sus hijos conozcan las teorías de Hawking o Higgs, ni a que les inoculen el virus de la intolerancia, la aporofobia, el racismo, la homofobia y el clasismo, tampoco a criarlos en el temor a Lucifer y los fuegos del infierno. Por el contrario, el Estado está obligado a dar la mejor educación a sus niños y jóvenes, una educación integral, humanista, racional y abierta que les permita elegir como ser el día de mañana respetando siempre la elección y la personalidad de los otros.
La censura educativa que se ha establecido en Murcia por el Partido Popular y Ciudadanos siguiendo la estela marcada por Vox, no es más que una reivindicación de la educación franquista, imponiendo de nuevo dogmas inmutables que cercenan la libertad de profesores y alumnos, negando a los alumnos la posibilidad de desarrollarse, de conocer todos los puntos de vista, de comprender al diferente. El nefasto decreto de Orovio, las circulares de los ministros de Educación de la tiranía, el adoctrinamiento más reaccionario inspiran esa norma que el facherío nacional pretende exportar a Madrid y otros territorios para alejarnos unos siglos más de las luces de la libertad. No sólo es intolerable una ley como la murciana, sino que lo es también que el Estado continúe dando miles de millones de euros a organizaciones católicas ultrareaccionarias para que colonicen el alma, el corazón y la mente de nuestros menores. Quien quiera una educación católica y con censura patriarcal que se la pague, acuda a su parroquia o a cualquier sede de Vox, PP o C’s, en la seguridad que recibirán con todo fundamento la educación más rancia que soñarse pueda.
