El peronismo y la Iglesia: una historia de idas y vueltas

No fue una alianza estratégica, pero los obispos, que hasta entonces habían venido sufriendo los embates del laicismo durante décadas, se ilusionaron con la idea de que ese joven coronel de amplia sonrisa fuera el príncipe cristiano tan largamente esperado, que como Alejandro Magno habría de cortar de un golpe de espada el nudo gordiano de la tradición racionalista del liberalismo. Más aun, Perón podría encarnar un nuevo Constantino, que habría de brindar un estatuto privilegiado a la fe católica, alejando a las masas de trabajadores del fantasma del comunismo.

Pero esa luna de miel se vio quebrantada en su segundo gobierno, cuando los católicos percibieron que el talante autoritario del régimen lo aproximaba a una verdadera religión política, incluidos sus típicos rasgos del líder mesiánico y la verdad única, que amenazaban instalar una reinterpretación justicialista del cristianismo. Fue así que sobrevino el conflicto que operó como un detonante para que Perón y su corte fueran desalojados del poder a manos de una triunfante coalición nacionalista-liberal, en la que los católicos llevaron la voz cantante.

Sin embargo, Perón nunca reconoció una enemistad con la Iglesia, sino que recondujo su lectura de la oposición eclesiástica exclusivamente a un sector de ella, sin centrarla en la globalidad de la institución. La animadversión católica hacia su gobierno obedecería -según su particular visión- a un clericalismo celoso del poder que su liderazgo había alcanzado sobre las masas.

Lo cierto es que el régimen había diseñado una voluntad excluyente de cualquier influencia ajena que disputara su propia absoluta hegemonía. Pero no es menos cierto que el clericalismo (que el actual papa ha censurado reiteradamente) ha sido una de las enfermedades mas recurrentes en la historia de la Iglesia en la Argentina.

Cuando el exiliado pudo por fin volver al país después de un largo periodo de proscripción, se vio precisado a articular el acceso a su tercera presidencia con el previo interregno de un prestanombre que gobernó en medio de un verdadero caos. Pero la brevedad de este periodo no permite inferir nada especial en las relaciones con la Iglesia. Ella se hallaba entonces sumida en una grave crisis desatada a partir de los excesos del proceso reformista promovido por el Concilio Vaticano II.

Hasta entonces, el líder de los trabajadores había azuzado al clero tercermundista contra la dictadura militar, debido a su necesidad de conformar un conglomerado opositor para enfrentarla con éxito, presentando al justicialismo en sintonía con el socialismo latinoamericano preconizado por algunas vertientes de las teologías de la liberación. Pero esa estrategia pareció esfumarse en mera retórica una vez instalado en el poder.

Como en el resto de la sociedad argentina, a partir del nacimiento mismo del nuevo movimiento político, en los escenarios católicos las aguas quedaron divididas entre peronistas y antiperonistas. Después de la Revolución Libertadora, pero sobre todo cuando se dejó de lado de un plumazo el lema pacificador “Ni vencedores ni vencidos”, en buena parte del clero surgió un cierto complejo de culpa, fundado en la convicción de haber asestado un durísimo golpe a una locación política inspirada en los valores evangélicos.

Sin embargo, lejos de desaparecer -permitiendo así la migración de votos a la naciente democracia cristiana- el peronismo se proyectó de cara al futuro con una neta vocación mayoritaria. Pero su conformación quedó sellada principalmente por personas humildes o de clase media, que eran por abrumadora mayoría sinceros católicos que se habían sentido un tanto abandonados por su propia Iglesia, al menos por su estamento jerárquico.

Perón siempre se cuidó muy bien de evidenciar una animadversión respecto de los valores tradicionalmente sostenidos por la Iglesia, ni promovió leyes que los contradijeran salvo en el periodo caliente del conflicto (lo cual fue atribuido precisamente al calor del momento en que volaron los platos), aunque tampoco se privó de nombrar, en sus sucesivos gobiernos, a funcionarios masones en altos cargos.

De todos modos, no sólo murió reconciliado con las autoridades eclesiásticas, ya que nunca abjuró de la fe católica, sino que ante la sorpresa de los católicos antiperonistas fue reconocido como un símbolo expresivo del espíritu cristiano.

El Nuncio, cuya palabra reviste la especial significación que le confiere su investidura en su calidad de representante del papa en el país, lo despidió con este saludo: “La muerte del Teniente General Perón constituye una gran pérdida para el cristianismo y el continente americano. El mensaje y la obra del mandatario argentino desaparecido tenían un origen evangélico y son una obra y un mensaje que queda para el pueblo argentino y el mundo”.

José López Rega, El Brujo, cobró influencia a la muerte de Perón en la plenitud de su glorificación, y se le adjudicó prohijar maniobras torpemente cismáticas que hicieron recordar la antigua fallida pretensión de reinterpretar el cristianismo en clave peronista. Ese proyecto nonato nunca llegaría a cristalizar, y finalmente, debido a su creciente desprestigio, su valedor se vio forzado a renunciar y exiliarse.

El posterior gobierno de la heredera política del general, María Estela Martínez Cartas, Isabelita, pareció acercarse a los obispos cuando el vicario general castrense (un hombre piadoso y representativo del catolicismo mas tradicionalista) anudó con ella una estrecha amistad, ejerciendo sobre su persona una cierta ascendencia moral.

Es que a pesar de habérsele señalado inclinaciones o vínculos espiritistas, Isabel se mostraba como una ferviente católica y frecuentó el trato con otros clérigos. El gobierno sufrió un proceso de derechización, y en la dirección del episcopado predominaron los obispos mas conservadores, en paralelo con los vientos del golpismo castrense, pero también con un extendido sentir en la sociedad civil. “Gracias a mi fe pude soportar estos cinco injustos años” reflexionó amargamente Isabelita al ser liberada de la prisión a la que la sometió la junta militar que la desalojó del poder.

El gobierno de Carlos Menem trasladó a la órbita presidencial la Secretaría de Culto, a partir de entonces con una orientación mas bien integrista, como un paso destinado a omitir (puentear, en la vulgata político-administrativa) o al menos distanciarse de la conferencia episcopal, privilegiando la relación directa con Roma -más precisamente con un sector de la curia romana-, en la que no estuvieron ausentes intrigas palaciegas y oscuros procederes.

Como resultado de esta situación, el Presidente consiguió el premio de ser condecorado por la Santa Sede por haber declarado el Día del Niño por Nacer y por su defensa de la vida en el seno materno, ejercida audazmente en los organismos internacionales. La reforma constitucional eliminó cláusulas obsoletas respecto del patronato y mantuvo, aunque atenuado, el estatuto preferencial de la Iglesia católica, que se consideró satisfecha con el resultado.

Las actitudes favorables a la familia en su estructura tradicional y opuestas a la ideología del género, así como las ayudas económicas con fondos estatales a la Iglesia, se contrapusieron a notorias denuncias de corrupción que eran cuidadosamente esquivadas por las autoridades. Esta situación hizo sospechar una política de compra de voluntades eclesiásticas por parte del gobierno, sugiriendo la posibilidad de que éste hubiera diseñado un esquema de premios a los obispos de sensibilidad mas conservadora, que eran considerados sus amigos. El episcopado, en el mas puro estilo político, fue leído e interpretado entonces bajo la díada schmittiana amigo-enemigo.

A Eduardo Duhalde, un peronista clásico, le cabe el mérito de haber conformado la Mesa del Diálogo Argentino, que fue una iniciativa del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y de la Iglesia católica para brindar un espacio de construcción ciudadana, en un momento harto delicado para el país y bajo amenaza de disgregación. El esfuerzo fue grande y las propuestas no faltaron, sin embargo los resultados no parecen haber sido juzgados como satisfactorios. Algunas denuncias que vincularon a Duhalde al narcotráfico tampoco fueron probadas, ni se evidenciaron en él signos ostensibles de corrupción.

A fines del año 2001 estalló una de las crisis más graves de la historia argentina, que tras un saldo de muertos y heridos culminó con la renuncia del presidente radical Fernando de la Rúa, en la que llegaron a sucederse cinco presidentes en sólo 13 días, entre ellos los peronistas Adolfo Rodríguez Saá, Eduardo Camaño y Ramón Puerta, mandatos que por su carácter formal y efímero no serán considerados aquí, como tampoco es tenido en cuenta por la misma razón el del presidente Raúl Lastiri, que sucedió a Héctor Cámpora antes de que Perón fuera elegido para su tercer periodo de gobierno en la primera magistratura.

Algunos mandatarios peronistas de ámbito provincial mantuvieron conflictos de distinta intensidad con la estructura institucional de la Iglesia. Uno de los más importantes fue protagonizado precisamente por los hermanos Alberto y Adolfo Rodríguez Saá, ambos a su turno gobernadores de San Luis, en un entredicho sobre libertad religiosa con el obispo Lona y en el cual se vio involucrado también el Nuncio Bernardini.

Los antecedentes se remontan al presidente Roca, que expulsó al Nuncio Matera durante una reyerta en materia educativa y Perón también hizo lo propio (aunque negara el hecho) con el obispo Manuel Tato cuando se suscitó el conflicto que desencadenó su caída. Muchos de los autores que tratan este tema adjudican erróneamente a otro de los expulsados, Mons. Novoa, una investidura episcopal que en realidad él no poseía.

Otro caso que produjo un impacto en la sociedad fue el del obispo Joaquín Piña de Misiones, cuyo activismo político logró impedir la voluntad reeleccionista del gobernador Rovira. Este episodio suscitó un impacto negativo en el gobierno de Néstor Kirchner, al que también se le adjudicaron intenciones similares.

Con el regreso de la institucionalidad, la propuesta de la mesa del diálogo había perdido consistencia, y el nuevo gobierno no pareció muy entusiasmado ni con la iniciativa ni con recoger sus magros frutos, de resultas de lo cual en el episcopado quedó la impresión de que se había desperdiciado una nueva oportunidad.

Es verdad que hubo una cooperación entre los distintos actores sociales, pero los obispos lamentaron no haber encontrado la respuesta esperada en los poderes de decisión para implementar los consensos alcanzados. La experiencia dejó dudas sobre si el rol asumido por la Iglesia había sido conveniente o necesario, así como también sobre su validez como tal, teniendo en cuenta que el balance por añadidura también se caracterizaría por su modestia. Fue mucho ruido pero pocas nueces que significaran un aporte real al país.

La llegada de Néstor Kirchner al poder político imprimió un giro unilateral al tratamiento de los derechos humanos, que puso en cuestión el papel del episcopado durante el proceso de reorganización nacional, especialmente el de los capellanes militares. De ahí que particular gravedad revistiera el cese del obispo castrense por decisión unilateral del Presidente, desconociendo las reglas del acuerdo respectivo con la Santa Sede que hubieran requerido una decisión conjunta. La Santa Sede consideró que impedir su ejercicio pastoral constituía una violación a la libertad religiosa.

Las organizaciones sociales, encolumnadas en una cerrada censura a la represión de la guerrilla, hicieron causa común con el gobierno y acusaron a la Iglesia católica de complicidad con los excesos cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad durante la guerra sucia. En la misma dirección de las organizaciones alienadas con la violencia setentista, los Kirchner han sido severamente críticos sobre la actitud de la Iglesia respecto de la última dictadura militar.

En el primer lugar de la línea de fuego estaba el cardenal Jorge Mario Bergoglio, quien sospechado por el kirchnerismo de una connivencia con el proceso, fue sindicado por el Presidente como el jefe de la oposición. Se produjo un serio incidente apenas disimulado cuando, cansado de escuchar descripciones críticas de la situación social, Kirchner resolvió romper con una añeja tradición, y asistir a los tedeums provinciales en lugar del celebrado cada año en la basílica catedral de Buenos Aires por el cardenal primado.

Al intríngulis político-militar se sumó la política inclusiva de los gobiernos kirchneristas que expandió un paquete progresista mediante las leyes de salud sexual reproductiva, paternidad alternativa, muerte digna e identidad de género registral y quirúrgico, pero fue sobre todo el matrimonio igualitario o de personas del mismo sexo el punto de dolor de esta verdadera saga legislativa. El diálogo estuvo interrumpido durante más de tres años y este frío escenario marcó un punto de extremo alejamiento respecto de una armoniosa convivencia entre un gobierno argentino y la Iglesia católica.

Un nuevo y sorprendente capítulo comenzaría a escribirse a partir de la elección de Jorge Mario Bergoglio como sucesor de Joseph Ratzinger en el pontificado romano, ya durante el gobierno de Cristina Kirchner, quien no pudo disimular su contrariedad ante el magno hecho. No obstante ella -quien había suavizado las ríspidas relaciones mantenidas por su cónyuge- reaccionó rápidamente al advertir que el mejor camino no era el del enfrentamiento, sino todo lo contrario, y el rictus de desagrado se convirtió en una amplia sonrisa.

Desde ese momento, en forma coincidente pero también de manera inversa a la actitud asumida más tarde respecto al presidente Macri, el papa Francisco mantuvo una cuidada relación cordial que fue tachada de parcialidad política con Cristina Fernández. Simultáneamente Francisco pasó a ser objeto de un cortejo y hasta de un asedio por parte de dirigentes peronistas, especialmente los kirchneristas, en evidente actitud de instrumentación política de su pontificado.

Hubo una grosera escenificación mediante el tráfico de fotografías rayana en la obscenidad. Pronto surgió la leyenda de su pertenencia a la organización peronista “Guardia de Hierro”, identificada erróneamente con la derecha. La “Teología del Pueblo” con la que Francisco tiene evidente cercanía mantiene sensibilidades comunes con la religiosidad propia de la base electoral del peronismo.

Todo ello contribuiría a consolidar el nuevo mito de que el Papa tiene una activa intervención en la política argentina favoreciendo al justicialismo, alimentado no solamente por inescrupulosos dirigentes peronistas, sino también por comentaristas que van a lo suyo y suscribieron una interpretación política de la pastoral, pero sobre todo por el clima antiperonista de la clase media católica.

El advenimiento de un nuevo gobierno peronista con la fórmula Fernández-Fernández coloca una vez mas a ambos actores, la Iglesia católica y el Estado argentino, en la perspectiva de volver a reinventar sus mutuas relaciones. Hay que advertir que si bien se considera que el gobierno posee un núcleo fundamental genéricamente justicialista (con todas la ambigüedad que este concepto encierra) se trata en realidad de una coalición y como tal conformada por intereses políticos diversos.

Según lo que puede vislumbrarse, Alberto Fernández va a continuar el camino ya recorrido por los anteriores gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner, hoy vicepresidenta pero dueña de un poder real que la sitúa según se mire incluso por encima del Presidente de la Nación. Aunque abrió el diálogo con la conferencia episcopal a poco de ser elegido, el Presidente también fue claro -no solamente con las designaciones- en el sentido de que va mantener el estatuto anterior, e incluso puede llegar a profundizar esa política. El bisturí puede ir mas a fondo, pero con un estilo más reposado.

El nuevo secretario de culto, Guillermo Oliveri, ya había ocupado idénticas funciones durante el kirchnerismo. La designación de Ginés González García como ministro de Salud (y otras similares de inequívoco tono verde) continuada por la inmediata promulgación del protocolo de abortos no punibles, constituye un signo elocuente de que nuevas leyes permisivas del aborto legal y otros temas delicados para la conciencia cristiana que no habían prosperado en los anteriores gobiernos kirchneristas serán objeto de un intento de sanción en el presente periodo presidencial.

De otra parte, la vicepresidenta Fernández sostuvo durante su anterior gestión una postura contraria a la despenalización, pero posteriormente se rectificó, argumentando que sus hijos le habían hecho cambiar de opinión. No es algo que Perón y Evita hubieran convalidado, aunque se puede argüir que en ese entonces la sociedad civil tampoco lo hubiera hecho.

Resulta visible la intención presidencial de mantener buenas relaciones con la Iglesia católica, pero en modo alguno puede pensarse que la misma impedirá desarrollar una agenda progresista que inevitablemente entrará en colisión con las convicciones éticas y religiosas de gran parte de la población, incluso de sus propios votantes. Puede preverse que no habrá ceños fruncidos en el rostro tanto de Alberto como de Cristina, sino diplomáticas sonrisas, pero esa amabilidad no impedirá un milímetro la imposición del paquete del género.

Mientras tanto, los contendientes se aprestan a la lucha, pero hay otros temas en juego. Una federación de iglesias evangelistas se apresuró a solicitar al nuevo Presidente la promulgación de una ley de libertad religiosa, un cambio legislativo que de manera llamativa fue solicitado mediante el envío de un último proyecto, días antes del cambio de gobierno. En los últimos años se han presentado numerosos proyectos de distinto origen político, pero ninguno de ellos ha logrado llegar a ser sancionado.

Los evangélicos han estado creciendo en toda la región, y aunque en la Argentina todavía (contrariamente a lo sucedido en otros países centroamericanos y en Brasil, por ejemplo) no han conseguido articular un movimiento consistente, ese ambicionado camino que hasta ahora los pastores políticos vieron frustrado podría consolidarse en los próximos años. Lo cierto es que los evangélicos han mostrado un mayor activismo que los católicos en su oposición a la agenda del género, y este dato introduce un factor de tensión en el panorama futuro.

Alberto Fernández movió la dama en este intrincado ajedrez y Fabiola Yáñez ya hizo su debut en el Vaticano. Ahora es el propio Presidente, próximo a viajar al viejo mundo, el que, una vez designado el nuevo embajador en la Santa Sede, va a tomar al toro por las astas. El perfil técnico de Luis Bellando habla por sí mismo respecto de la intención de desplazar de un primer plano a los políticos “amigos de Francisco”. Otras personalidades mas discretas como Gustavo Béliz asumen un nuevo protagonismo.

El peronismo ha tenido una larga historia de claroscuros en su relación con el pontificado. Que el nuevo gobierno no se caracterice por su fervor religioso tampoco acredita un litigio necesario. Muchas veces en la historia de la religión y la política, la Iglesia católica ha tenido mayores dolores de cabeza por parte de sus amigos que de los indiferentes o sus propios enemigos.

Roberto Bosca

El autor es director académico del Instituto de Cultura del Centro Universitario de Estudios (Cudes).