El objetivo de la iniciativa es»dar un servicio a la sociedad madrileña» y ofrecer gratuitamente un acompañamiento espiritual, terapéutico y jurídico a las víctimas, según apunta el obispado
La archidiócesis de Madrid, dirigida por el cardenal Carlos Osoro, ha anunciado la apertura este miércoles una oficina para atender y dar apoyo jurídico, médico y espiritual a víctimas de abusos sexuales, tanto de dentro como de fuera de la Iglesia. Una novedad, ya que no hay constancia de que otras sedes episcopales hayan invitado a los afectados de estos delitos comtidos fuera de su seno para ser tratados y acompañados. «Con ello, se quiere dar un servicio a la sociedad madrileña y a todas las víctimas desde el repudio a una práctica execrable generadora de un sufrimiento infinito», explica la diócesis en un comunicado.
Los trabajos de atención irán desde el acompañamiento espiritual hasta el terapéutico y jurídico. El servicio es gratuito y la financiación correrá a cargo de la propia diócesis y de otras instituciones externas, como la Fundación Porticus. «Estos crímenes suponen una forma inaceptable de cosificación de las personas y una degradación moral contraria a la ética más elemental y a los valores del Evangelio», subraya el obispado, que ha afirmado a este diario que, de momento, no tiene constancia de ninguna caso de pederastia abierto judicialmente y canónicamente en su obispado.
La apertura de la oficina forma parte de Repara, un proyecto que el obispado ha diseñado para reforzar la prevención de los abusos en la institución religiosa. La iniciativa también incluye un programa de formación dirigida a los agentes de pastoral, aunque también estará abierto para todo aquel que tenga «sensibilidad sobre esta cuestión», ya que el objetivo de este aprendizaje es «garantizar entornos seguros a todas las personas, especialmente a menores y a quienes se encuentren en situación de vulnerabilidad».
Al frente de la oficina está Miguel García-Baró, filósofo y académico de la Universidad de Comillas. Dirigirá un equipo multidisciplinar compuesto por dos trabajadores fijos y 12 colaboradores especialistas (psicólogos, juristas, especialistas en escucha…), muchos de ellos ajenos a la diócesis. Además, y en los casos en los que sea necesario, el proyecto contratará servicios externos especializados. La sede episcopal ha habilitado una dirección de correo electrónico (inforepara@archimadrid.es) y un teléfono (914993431) para atender a las supuestas víctimas que quieran denunciar sus casos. La sede física está ubicada en el edificio de Cáritas (Vicaría I) de la calle de Santa Hortensia, 5, en el madrileño barrio de Prosperidad.
«Inmersa» en la elaboración de un protocolo propio
La diócesis ha hecho hincapié en que, “como lleva realizando hasta ahora”, trasladará los casos a la Fiscalía que exija la ley (aquellos en los que la víctima sigue siendo menor y no haya prescrito). La oficina seguirá, según ha precisado el obispado, el protocolo antiabusos de Escuelas Católicas y el de la Conferencia Episcopal Española (CEE). Este último, publicado en 2010, no obliga a los prelados a comunicar los casos de los que tuviera constancia a la Fiscalía. En el último año, y acorralada por los crecientes casos que han salido a la luz, la jerarquía eclesiástica se encuentra redactando un borrador con una nueva norma actualizada. No obstante, la archidiócesis que dirige Osoro ha adelantado a EL PAÍS que se encuentra «inmersa» en la elaboración de un protocolo propio “que dé respuesta a las necesidades que se vayan detectando y que contemple las últimas modificaciones regulatorias, marcadas tanto por la Iglesia como por la legislación española”.
Preguntado si seguirá el ejemplo de otras diócesis catalanas de investigar el pasado, el obispado ha precisado a que, debido a que la complejidad que conlleva archidiócesis de Madrid en cuanto a tamaño y a la falta de información documental, es difícil realizar una informe sobre los casos del pasado. No obstante, ha subrayado que este proyecto también está abierto a las personas con casos prescritos. «Se atenderá a víctimas de delitos civiles o canónicos prescritos o que no se denunciaron por las razones que fuere, con independencia de cuando fueron cometidos, y se iniciará la investigación que corresponda», ha afirmado el obispado.
