Más sombras sobre otra operación urbanística eclesiástica. La parroquia de San Jorge y el complejo residencial de la fundación Santísima Virgen y San Celedonio, ubicados en la calle Padre Damián, 22, de Madrid, a solo cinco minutos a pie del Santiago Bernabéu, se vendieron a la Universidad Nebrija por 37 millones de euros el 15 de noviembre de 2018, tal y como desveló EL PAÍS hace un mes. Sin embargo, el informe de la tasación entra en varias contradicciones: fija el precio del metro cuadrado en 2.679,64 euros, cuando asesores inmobiliarios consultados lo establecen en cerca de 5.000 euros por esa zona. Y lo que es más importante: establece una primera superficie en venta de 16.089 metros cuadrados cuando la superficie real vendida es de 29.750 metros. El resultado es que el valor de lo vendido por la Iglesia es de más de 150 millones de euros por unos inmuebles que se han entregado en 37.
Antes de realizar esta compraventa, el gerente de la fundación, Antonio Naranjo Fabián y David López Royo, delegado de fundaciones de la Iglesia —nombrado por el arzobispo de Madrid, Carlos Osoro— encargaron un informe a la consultora Gesvalt para que realizara una tasación a estos bienes. El certificado fijó el importe en 27.085.830,18 euros. La Nebrija, sin embargo, ofreció 10 millones más. Pero en dicho informe, al que se aferran para justificar la venta y al que ha tenido acceso este periódico, solo se ha tasado la residencia de ancianos, el bien dotacional de la fundación. Nada más. Aun así, la Iglesia, que tutela esta fundación, incluyó en la venta la emblemática parroquia de San Jorge y varios terrenos con los que colinda.
El gerente y el delegado aportaron una nota simple a la consultora donde explican que la superficie en venta era de 13.661 metros cuadrados. Pero lo que se ha vendido equivale a 29.750 metros. Es decir, 16.089 metros más. Y lo más curioso es que el propio informe descubre esta diferencia: “Los linderos de la nota simple aportada no coinciden por su testero, tampoco la superficie total de la parcela. Además escribe la edificación existente en 1918, que no coincide con la actual ya que hubo una ampliación en 1931 tanto de la residencial como que se levantó una parroquia”.
¿Qué ha ocurrido entonces? Desde la construcción de la residencia de ancianos en 1918 no se ha declarado en el Registro de la Propiedad ninguna obra nueva en el inmueble, ni la construcción de la parroquia de San Jorge en 1931, ni las obras que han sufragado los propios feligreses, como la reforma de los pabellones de la fundación en 1979, la construcción de una capilla de diario, despachos parroquiales, viviendas para los sacerdotes, el aparcamiento, zonas ajardinadas y unos viveros. Para calcular este importe, la tasadora ha multiplicado los 10.108 metros cuadrados de la residencia por 2.679, 64 euros el metro cuadrado, sin que, a lo largo de los 56 folios que compone el informe, se explique de dónde sale esa cantidad.
El precio medio del suelo en la capital es de 2.336 euros. Pero estos terrenos se ubican en una de las zonas más privilegiadas de Madrid donde el precio medio ronda los 5.000 euros, según expertos inmobiliarios. En dicho informe se ha realizado un curioso estudio del mercado inmobiliario donde se comparan bienes que nada tienen que ver con los terrenos. Sin embargo, el precio medio del suelo de los inmuebles que compara el escrito es de 6.673 euros el metro cuadrado. Es decir, tres veces más que el considerado para la venta. Si se hubiesen aplicado los 6.673 euros que el mismo informe aporta, la venta ascendería, como mínimo, a 198.521.750 euros: casi seis veces más del valor por el que se ha vendido (37 millones).
En estos 56 folios se dice expresamente que “no se cumplen los requisitos sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados de derechos”. Aun así, la Iglesia de Madrid, en representación de David López Royo, y el gerente de la fundación, Antonio Naranjo Fabián, han enviado estos documentos al patronato de fundaciones de la Comunidad de Madrid, el organismo encargado de velar por el correcto ejercicio de cualquier fundación de la comunidad, pero no ha detectado ninguna anomalía.
Esta ley autonómica de 1998 optó por un régimen flexible a la hora de que las fundaciones vendan parte de su patrimonio. Cualquier fundación madrileña puede enajenar sus bienes sin previo aviso. Solo se requiere la mera comunicación al protectorado. Todo lo contrario a la ley nacional, que sí exige una comunicación previa antes de iniciar cualquier proceso de venta. ¿Por qué se aplica la ley autonómica y no la ley nacional? Porque esta fundación tienen su ámbito de actuación en Madrid. Si sus actividades se extendieran a otras ciudades de España se les habría aplicado la ley nacional. “Con esta ley autonómica no se está ejerciendo ningún control sobre las fundaciones. Ni antes ni después de las ventas. Por eso se están produciendo tantas irregularidades. Hay que reformar esta ley cuanto antes”, señalan fuentes jurídicas consultadas.
En esta residencia conviven 163 ancianos, 29 trabajadores y 18 monjas que deberán abandonar las instalaciones antes del 15 de noviembre de 2021.
