HAY QUE reconocer que la decisión del Bloque de no asistir a la ofrenda al Apóstol, se coincida o no con ella, es un asunto que tiene más calado que una simple frivolidad y no es fruto ni de la ignorancia ni de la improvisación.
Porque, en efecto, la ofrenda que por delegación del jefe del Estado se celebra todos los años en la catedral compostelana con motivo del 25 de julio es un anacronismo histórico, el residuo de un pensamiento político y religioso que añora los tiempos en los que la unidad política exigía la unidad de la fe.
El discurso que ayer pronunció el arzobispo de Santiago, monseñor Barrios, es un ejemplo paradigmático de esa concepción trasnochada y una expresión recalcitrante de un talante impertérrito ante el signo de los tiempos. Por supuesto, en plena sintonía con la pretensión de la jerarquía católica de poner límites a los legisladores en el ejercicio de su función, acusándolos -como recientemente hicieron los cardenales Rouco y Cañizares- de ir contra la ley natural, de negar de manera flagrante datos antropológicos fundamentales y de llevar a cabo una auténtica subversión de los principios morales.
Lo que subyace a estos planteamientos es la resistencia de la Iglesia a reconocer el Estado no confesional y a aceptar el pluralismo político, ideológico y religioso de la sociedad española. Pretenden volver a los tiempos de la constitución natural, de la Iglesia influyente en lo temporal, con la pretensión insostenible de ejercer un protagonismo social preponderante. Por eso la Iglesia no acepta una ética laica válida para todos los ciudadanos, más allá de sus creencias e ideologías, que sirva de base a las normas jurídicas que regulan nuestra convivencia.
Pero las sociedades europeas se basan precisamente en la ética civil, que no es una verdad revelada sino la consecuencia de la historia de nuestros países, el producto de su evolución social y cultural. El conflicto surge, como sucede ahora, cuando la Iglesia se muestra incapaz de adaptarse a esa evolución y pretende frenar el proceso civilizador, resultado de un largo camino hacia la desacralización de las relaciones sociales, cuyo producto histórico son las modernas democracias, asentadas en principios como la secularización, el carácter laico del poder o la disociación entre creencia y pensamiento racional.
En coherencia con todo ello, los poderes públicos democráticos no deben contribuir a mantener tradiciones obsoletas que, como la que nos ocupa, sólo sirven para alentar y legitimar argumentos propios de otros tiempos. Tampoco deben confundir el respeto al hecho religioso y a la conciencia de los creyentes con el mantenimiento de privilegios eclesiásticos injustificables.
Espero que la decisión del BNG sirva para abrir una reflexión seria sobre temas que afectan decisivamente al mandato constitucional y que tanto han influido en la historia de nuestro país. Y deseo asimismo que la polémica no se zanje matando al mensajero o, como ocurre tantas veces, descalificando al discrepante.
