El próximo 10-N, los ciudadanos y ciudadanas nos vemos abocados, nuevamente, a expresar nuestra voluntad y nuestras opiniones delante de una urna. Por ello, creo que también es el momento para que los partidos políticos hagan una reflexión sobre un tema controvertido pero muy importante como es la laicidad en el sistema educativo. Y, una vez asumido en sus programas electorales, que el ciudadano/a exprese libremente su voto, teniendo en cuenta estas opiniones que lo único que pretenden es aclarar y potenciar la laicidad que la propia Constitución apunta en su articulado y sobre todo los tiempos en que vivimos del siglo XXI. Se trata pues de una reflexión y, a la vez, debe ser un compromiso en torno a la laicidad que, creo, debe presidir en el marco escolar de nuestro tiempo, atendiendo a la libertad de conciencia y más cuando se trata de jóvenes en su periodo de formación.
La propuesta debe estar enmarcada en dos ejes:
1.- Garantizar la plena laicidad de la enseñanza.
2.- La derogación de los acuerdos con la Santa Sede.
La primera acción para el cumplimiento del primer eje, el de la plena laicidad, es fundamental y el primer objetivo debe ser sacar la religiones confesionales de la enseñanza y a la vez no financiar, y menos con dinero público, el adoctrinamiento religioso en ningún centro escolar. Para ello, es fundamental potenciar la enseñanza pública y evitar desviar fondos públicos hacia intereses privados de todo tipo.
Con respecto al segundo eje, el de la derogación de los acuerdos con el Vaticano, está claro que se deben anular estos acuerdos por constituir, en gran medida, unos privilegios que la Iglesia no debe tener y que a nivel político atentan a los contenidos democráticos de nuestra sociedad.
Esta claro que la actual política educativa en nuestra sociedad española está provocando graves consecuencias ya que favorece, en cierta medida, a la privatización precarizando la enseñanza pública, puesto que sobre todo en algunas autonomías de talante conservador, se están propiciando medidas de apoyo a la enseñanza privada o concertada, con control ideológico de la Iglesia católica, de un modo descarado. Y más cuando es la propia Iglesia a través de sus arzobispados la que designa los docentes y los selecciona, sin ningún pudor, con el único fin de utilizar la excusa de impartir clases de religión para hacer proselitismo religioso y adoctrinamiento. Todo ello conlleva que el alumnado sea segregado por motivos ideológicos, desde edades tempranas, con lo que se vulneran sus propios derechos y por otro lado, también es segregado por motivos económicos y sociales, que les imponen esos colegios concertados adoctrinadores. Se da lugar con ello a un sistema educativo selectivo e injusto y cada vez más elitista. Esperemos que, en estas próximas elecciones, los partidos políticos lo resuelvan.
