Granada Laica junto a la Federación de Asociaciones de Madres y Padres de la Escuela Pública, los sindicatos USTEA, CGT, SAT, organizaciones estudiantiles (Unión Sindical Estudiantil, Frente de Estudiantes) y pedagógicas (MCEP), Por Primaria convocan una manifestación por la escuela pública y laica en Granada para el viernes 8 de noviembre a las 18 horas desde la Delegación de Educación hasta la Fuente de las Batallas.
Manifiesto
La educación es un derecho, no un negocio. Invertir en educación es invertir en el futuro de una sociedad mejor, en la que la igualdad de oportunidades sea algo mucho más real y, por tanto, lo sea también el ejercicio de la libertad. Nuestros dirigentes políticos, en la Consejería de Educación y en la Delegación de Granada, parecen ignorarlo. Cuando decimos que la Educación es un derecho, entendemos que es un derecho para todas las personas, sin distinción de cuál sea su clase social, sus condiciones físicas o psíquicas, o el lugar donde vivan, entre otros factores.
Sin embargo, lo que está haciendo nuestra administración educativa es negar este derecho cuando juega con el alumnado de los centros públicos como si fueran simples números. La planificación de unidades escolares con ratios por encima de los límites establecidos en la legislación educativa es un viejo truco que fue puesto en marcha de manera extensa y abusiva por el anterior gobierno del partido socialista. Ahora es la Consejería de Educación, en manos del partido C’s, quien vuelve a utilizar este engaño para masificar las aulas, eliminar unidades y continuar disminuyendo progresivamente la oferta de plazas en centros públicos. Lo que ocurre es que este modo de planificar en periodo ordinario las unidades escolares añadiendo el 10% de la ratio alumnado en determinadas aulas ha dejado de ser legal.
Con esta manera de proceder se están recortando muchas unidades escolares y reduciendo la plantilla docente en Granada y en toda Andalucía. Esto está afectando principalmente al alumnado y al profesorado, especialmente a los y las interinas que están en situación de precariedad laboral. Esta forma de recortar la Educación Pública en zonas como Granada capital o en localidades como Motril o Guadix supone en primer lugar una reducción de las aulas públicas y propicia un trasvase progresivo, económico y de alumnado, hacia los centros privados-concertados, apuesta decidida del gobierno actual y fuente de un lucrativo negocio a costa de los impuestos que todos y todas pagamos.
Si en los núcleos urbanos esta política ilegal de ratios supone la inmediata masificación de aulas, en las zonas rurales los efectos son catastróficos, debido a los agrupamientos multiciclos y multietapa. Es lo que ha ocurrido en zonas como La Alpujarra, donde en los Colegios Públicos Rurales de Bérchules, Torvizcón y Pitres las familias llevan movilizándose desde inicio de curso porque la Delegación de Educación ha eliminado varias aulas, agrupando un número ilegal de alumnos y alumnas de varios cursos y etapas educativas, suprimiendo profesorado y haciendo inviable la correcta educación del alumnado. En lugar de sentarse a escuchar las reivindicaciones de las familias y buscar una solución para ofrecer una educación digna, la respuesta de la Delegación de Educación de Granada ha sido en primer lugar, ignorarlo, en segundo lugar negarse a atender las demandas, y por último, amenazar a las familias. Las provocadoras declaraciones del consejero Imbroda acusando a las familias en huelga de usar a sus hijos e hijas como rehenes demuestran claramente que se ha adoptado una jerga policial y una visión criminalizadora del fenómeno, haciendo un uso represivo de mecanismos socializadores, como es el caso del protocolo de absentismo.
Es preciso remarcar que, en realidad, se han suprimido unidades y profesorado, maestros y maestras de apoyo y de compensatoria, especialistas en pedagogía terapéutica y en audición y lenguaje, monitores de educación especial, tanto en zonas rurales como urbanas. El fenómeno abarca a toda la provincia de Granada y se amplía también a los servicios complementarios (por ejemplo la falta de conserjes y de personal administrativo y de limpieza). Así se demostró en la última concentración a la que acudieron 10 AMPAS de diferentes localidades. A medida que el problema se visibilizada, los centros afectados se identifican con el problema y se suman a las protestas.
Así es. La comunidad educativa ha salido a la calle a decir BASTA a la progresiva destrucción de la escuela pública de todos y todas. Estamos aquí para decir alto y claro que:
- No aceptamos la planificación de unidades con ratios por encima de las establecidas por la legislación educativa. El Delegado de Educación de Granada y el Consejero mienten cuando dice que las ratios son legales. Queremos una negociación real sobre este tema y una solución urgente a las actuales demandas de los centros.
- Rechazamos los criterios antipedagógicos por los cuales la Delegación suprime y agrupa unidades en centros rurales, con el único fin de recortar inversión educativa y desmantelar progresivamene los Colegios Públicos Rurales. La educación no es un negocio, sino un derecho.
- Exigimos que se atienda a todo el alumnado con dictamen de necesidades específicas de apoyo educativo, y se envíen a los centros los recursos humanos estipulados en sus informes. No a los recortes en especialistas de Pedagogía Terapéutica, Audición y Lenguaje y monitores/as.
- No al abandono educativo y económico de las zonas rurales, sí a su desarrollo integral y sostenible
- Exigimos la retirada de las instrucciones de Educación Primaria para el curso 2019/20, que han supuesto la drástica reducción de maestros y maestras de educación primaria en favor del incremento del horario de religión. Reivindicamos la educación laica.
- Basta ya de privatizaciones y externalizaciones. No queremos pagar con dinero público a centros (religiosos) privados concertados, ni a las empresas de catering, ni de limpieza…Queremos que todos los servicios educativos sean públicos. Lo privado sólo es mejor para algunos/as, lo público es mejor para todos y todas.
