La vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, ha instado por escrito al prior del Valle de los Caídos a que comunique en el «plazo máximo» de cinco días si acata la sentencia del Tribunal Supremo sobre la exhumación de los restos de Franco o si por el contrario mantiene su negativa a autorizar el acceso a la basílica para que se pueda levantar la losa de granito que cubre el féretro del dictador desde hace casi 44 años.
En una misiva enviada por correo electrónico a la dirección genérica de la abadía de Cuelgamuros, y de la que se han entregado copias en mano a otros representantes de la Iglesia, Calvo interpreta que la orden benedictina ha de aquietarse ya después de que en su día hubiera condicionado la concesión de la autorización eclesiástica a lo que acordasen las autoridades judiciales y que el Alto Tribunal haya allanado ya el camino al Ejecutivo para llevar a cabo la exhumación.
El documento, al que ha tenido acceso El Independiente, está fechado este miércoles y habría empezado a llegar a sus destinatarios al día siguiente. El texto no especifica si son días naturales o hábiles, pero, en todo caso, el plazo concedido por el Ejecutivo al prior expirará no más allá del jueves de la próxima semana.
La número dos del Gobierno basa esta interpretación en el fundamento jurídico sexto de la sentencia del Supremo, en la que los seis magistrados de la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso-Administrativo concluyen que la negativa del prior «debe entenderse que decae» tras determinar que los familiares de Franco «ni tienen capacidad de disposición absoluta o ilimitada sobre un bien de titularidad pública ni sus derechos a la intimidad personal y familiar y a la libertad religiosa les confieren la facultad de impedir la exhumación legalmente acordada».
Si bien la ministra en funciones de Presidencia, Relaciones con las Cortes e Igualdad presenta la misiva como una comunicación con la que anuncia el cumplimiento de una sentencia, Calvo en la práctica está solicitando autorización eclesiástica al responsable de la abadía de Cuelgamuros para poder acceder al templo, trámite reconocido tanto por la Abogacía del Estado como por el Supremo.
En virtud del tenor de la sentencia y -según la vicepresidenta en funciones- del «consentimiento expresado formalmente» tanto por el prior en la carta con la que el pasado 26 de diciembre denegó el permiso como por el cardenal Pietro Parolintras visitarlo en Roma a finales de octubre de 2018, el Gobierno tiene ahora la «obligación» de llevar a efecto el traslado de los restos del dictador «en cumplimiento de los acuerdos del Consejo de Ministros [de 15 de febrero y 15 de marzo]» una vez que han sido ratificados «por unanimidad» por el Alto Tribunal.
«Se entiende que se ratifican en su consentimiento expresado formalmente al respecto de acatar la sentencia dictada por el Tribunal Supremo, máximo órgano judicial de nuestro país. Asimismo, solicitamos que, en el supuesto de que su posición haya cambiado respecto a la ya manifestada, la comunique expresamente dentro del plazo máximo de cinco días», concluye la carta de la vicepresidenta.
El pasado 26 de diciembre, el prior denegó la autorización solicitada por el Ministerio de Justicia durante la instrucción del expediente administrativo que desembocó en el acuerdo de exhumación con el principal argumento de que no podía conceder el permiso para sacar los restos de un católico que yacía en lugar sagrado «sin el indispensable consentimiento de los familiares del finado».
Carta enviada por Carmen Calvo al prior de la abadía del Valle de los Caídos este miércoles.
Los Franco mantienen su oposición
Esta circunstancia se mantiene, por cuanto los siete nietos del dictador ya han anunciado su disposición a seguir plantando batalla hasta el final al considerar que el fallo del Alto Tribunal supone «la expropiación del cadáver» de su abuelo. El primer paso será interponer recurso ante el Tribunal Constitucional y, de no prosperar tampoco su pretensión, tienen intención de acudir al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).
Como ha informado este diario, los descendientes de Franco han pedido una aclaración de sentencia al Supremo. En concreto, quieren que el Alto Tribunal especifique si la autorización eclesiástica puede ser sustituida por una judicial -en caso de que el prior vuelva a denegarla, como ha hizo a finales del pasado año- y, en ese caso, qué órgano sería el competente.
En el recurso interpuesto ante el Supremo, el prior defendía que exhumar los restos del dictador sin autorización eclesiástica supondría vulnerar el principio de inviolabilidad y menoscabar la competencia exclusiva de la Iglesia sobre un «lugar sagrado», consagrados en el Acuerdo entre el Estado español y la Santa Sede sobre asuntos jurídicos (artículo 1.5) y en el Canon 1213 del Código de Derecho Canónico.
El Alto Tribunal ha interpretado que la inviolabilidad «no excluye la vigencia y aplicabilidad» de las leyes españolas en el interior de la basílica del Valle de los Caídos, lo que supondría de facto la modificación unilateral de un tratado internacional: el acuerdo que el Estado firmó con el Vaticano el 3 de enero de 1979 y que entró en vigor el 4 de diciembre de ese año.
La Iglesia española puede hacer recomendaciones pero carece de autoridad para doblegar al prior del Valle de los Caídos a fin de que éste conceda la autorización que hasta ahora ha rechazado. El religioso tan sólo responde ante el Papa, que es quien podría instar a fray Santiago Cantera a renunciar a la inviolabilidad.
El Gobierno no fija aún la fecha
En su reunión de este viernes, el Consejo de Ministros no ha fijado la fecha en la que llevará a cabo el traslado de los restos de Franco desde la basílica del Valle de los Caídos -donde permanecen enterrados desde el 23 de noviembre de 1975- hasta una cripta del cementerio madrileño de El Pardo-Mingorrubio. Según la ministra portavoz en funciones, Isabel Celaá, hay que concluir el expediente administrativo y preparar «aspectos logísticos» de la operación.
De momento, la exhumación no puede llevarse a efecto por cuanto el Supremo no ha revocado aún los autos por los que acordó la suspensión cautelar tras los recursos interpuestos por la abadía del Valle de los Caídos, la Fundación Nacional Francisco Franco y la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. El Alto Tribunal, que sólo ha resuelto hasta ahora el de la familia del dictador, decidirá la próxima semana si levanta dicha medida provisional.
También falta que el titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 3 de Madrid, José Yusty Bastarreche, acuerde el archivo del procedimiento que tramita en relación con el informe urbanístico que el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial (Madrid) concedió al Ministerio de Justicia para levantar la losa y restituir el enlosado. El magistrado mantiene suspendida cautelarmente la licencia desde el pasado 25 de febrero, si bien es cuestión de días que ese pleito se archive después de que el Supremo haya resuelto que no hay infracción de la legalidad urbanística.
