Qué casualidad (o no), la cifra mágica del 0,7 que la ONU, en el año 1972, sugirió que del PIB se destinara a los países pobres, por parte de los países ricos (cuestión que está siendo una gran falacia universal), coincide con la cifra que del impuesto del IRPF se va a destinar, a partir del año 2007 en el estado español, para financiar a la iglesia católica, enterrando así el Plan de autofinanciación a que se había comprometido la Conferencia Episcopal, al inicio de los años noventa y que exige todo Estado no confesional.
Es decir que de la cuota íntegra que le toque abonar a cada ciudadano/a, los que señalen con una cruz la casilla correspondiente, se asignará un 0,7 % para financiar la organización, el culto y el clero católico. Lo que significa que el Estado dejará de recibir ese dinero común, para invertir en infraestructuras y servicios públicos. Distinto es que en algunos países, el Estado hace de mero recaudador y así los católicos o los de otras confesiones ingresan una cantidad adicional para sus respectivas iglesias, hecho que tampoco es muy legítimo para un estado no confesional. Además, la fórmula de señalar una casilla en el impreso del IRPF, actúa en contra del precepto constitucional de no tener que declarar, públicamente, la condición religiosa, de cada individuo, como defiende, también, la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y ahora, claro, las ONGS denominadas de interés social, de las cuales un altísimo porcentaje son un brazo más de la iglesia católica, también exigen (y se les concederá) el 0,7% del IRPF.
El Gobierno ha presentado la cuestión como un avance, indicando que ahora no habrá financiación directa: Falso, esto es financiación directa, pura y dura, ya que se detrae de la caja general. Y se sigue argumentando: Ahora tendrán que pagar IVA, cuando es de sobra conocido que una parte importante de las actividades comerciales de la Iglesia están exentas de este impuesto o que, ahora, tendrán que presentar una memoria económica anual: Faltaría más, lo contrario constituye un delito fiscal, aunque hasta ahora se haya consentido.
Pero, ¿Qué pasa con el impuesto de bienes inmuebles del que está exento el enorme patrimonio de la iglesia católica?, ¿Qué pasa con el dinero que entregan o se gastan miles de ayuntamientos, CCAA y otros entes públicos, para apoyar actividades religiosas de todo tipo, cesión de suelo, arreglo y mantenimiento de instalaciones para el culto? ¿Qué pasa con el pago de toda la educación concertada de ideario católico, que supone más de 3.500 millones de euros/año?, ¿Y con los 600 millones de euros/año en salarios que se abonan a los más de 11.000 profesores de religión, que en la escuela de titularidad pública se dedican a hacer proselitismo y a difundir la fe católica?, ¿Y con el mantenimiento de congregaciones católicas que (supuestamente) hacen obra social…? ¿Qué control público ejerce Hacienda de las donaciones, de los cepillos y de lo recaudado por servicios religiosos, etc.? ¿Y las exenciones patrimoniales?…etc.
La sinrazón de este pacto, que la Conferencia Episcopal aplaude (evidentemente) y que denominan (con cierto sarcasmo) un “acuerdo de laicidad inteligente”, coloca a los poderes públicos que lo respaldan, en un espacio de clara confesionalidad católica. Pues a ello hay que añadir, como ejemplos, la participación activa en rituales católicos, de innumerables cargos públicos, más una Ley de Educación (LOE) de claro marchamo confesional.
Esto lo justifican clérigos y algunos políticos afirmando que hay un 80% de católicos en España: “Mienten como bellacos”. A saber: Bautizos, comuniones, bodas y funerales, responden, en un alto grado, más, a prácticas paganas, costumbristas, sociales y consumistas, que basadas en la verdadera fe católica. Tan sólo uno 22% de declarantes de IRPF ponen la cruz para la financiación del clero y el culto católicos (según datos de Hacienda). Menos de un 25% de la ciudadanía (según datos de la propia Iglesia) cumplen, habitualmente, con el ritual, sacramentos y culto católico. Más del 85 % de los ciudadanos/as españoles hacen caso omiso a la doctrina católica en lo referente a la sexualidad, al modelo católico de familia, a la homofobia y sexismo de su doctrina, a las restricciones en cuestiones relacionadas con la salud y con la ciencia y en una reciente encuesta de la fundación Santa María (abril 2006) tan sólo un 10 % de los jóvenes entre los 15 y los 24 años se declaran católicos practicantes. Entonces: ¿A qué responde los privilegios que se pretenden mantener e incluso extender?
Argumenta el Gobierno que así podrán negociar mejor y con tranquilidad “otras cosas”, como la cuestión de la religión en las escuelas: ¿Ingenuidad, torpeza, ideología..?: Pero cuando pase este momento de “besamanos…” habrá clérigos que, como siempre, continuarán profiriendo consignas contra todo lo que “no comulgue” con su ideario católico y seguirán presionando, con dureza, para conseguir renovados privilegios. Cuando se actúa contra el sentido común y la razón, se instala la sinrazón. Es hora de que se cuestionen jurídica y socialmente estas actuaciones políticas.
