Resulta lamentable y vergonzoso que instituciones públicas como la Generalitat, sin que haya ningún Acuerdo ni Concordato que le «obligue», mantenga un capellán prior y una capilla en el Palau de la Generalitat y que se oficien actos religiosos en un espacio institucional y se pague con dinero público capilla y capellán. Igual o más que los capellanes que acogidos a los acuerdos concordatarios se mantienen en hospitales, prisiones y Fuerzas Armadas, y en estos casos sin que el PSOE haya tomado medida alguna en los muchos años que ha gobernado, muchos de ellos con mayoría absoluta.
La política es muchas veces cuestión de fe. Pese a ello, el nombramiento de un nuevo prior de la capilla de Sant Jordi, ubicada en el Palau de la Generalitat, no ha gustado al PSC. Los socialistas afirman que este hecho «casa muy mal con el carácter aconfesional del Estado» y que «tampoco resulta congruente, desde este punto de vista, el mantenimiento de un espacio de culto dentro de la edificio más representativo de las instituciones de la Generalitat». Por ello han instado a Quim Torra a dar nuevo uso, aconfesional, a este espacio.
Josep Maria Turull, primo del ‘exconseller’, es desde el viernes el nuevo prior de la capilla de Sant Jordi. El pasado 2 de agosto Torra procedió a nombrarle en sustitución de Joan Evangelista Jarque, que había desempeñado esta tarea los últimos 42 años. Evangelista fue, de hecho, el último cargo que nombró el ‘president’ Josep Tarradellas. Tras el acto del nombramiento de Turull, al que también asistió la ‘consellera’ de Presidència, Meritxell Budó, se ofició una misa en la capilla.
El PSC ha anunciado este miércoles que llevará el asunto al pleno del Parlament a través de una propuesta de resolución en la que conmina al Govern a informar sobre el «marco legal se ha producido un nombramiento de un cargo propio de una confesión religiosa por parte de una autoridad civil [el ‘president’ Torra]». En el texto, proponen dedicar la capilla a preservar la memoria histórica del edifici del Palau.
Los socialistas recuerdan que la Constitución establece en su artículo 16.3 que ninguna religión puede tener carácter estatal y que el Estatut, en su artículo 161.2, concede a la Generalitat la competencia ejecutiva en materia de libertad religiosa. Y también aprovechan para señalar que la sociedad catalana ha cambiado mucho desde que Tarradellas nombró al antiguo prior, tras el restablecimiento de la Generalitat en 1977.
