En el mes de noviembre de 2018, Ildefonso Portillo, marido de Carmen Guerrero, recibió del obispado de Cádiz un burofax, en el que se les indicaba que tenían que dejar las dependencias del convento, lugar que constituye la residencia familiar del matrimonio desde el año 1973 (aproximadamente).
Este matrimonio ha trabajado desde el año 1973 en el convento, realizando funciones de conserjería, limpieza, asistencia a las monjas, reparaciones y conservación, en el caso del esposo, etc. Han dedicado toda su vida e incluso su familia (de hecho, sus hijos han nacido allí) al servicio de la iglesia.
Por las monjas han sido cuidados y bien tratados, pero, tras la marcha obligada de las religiosas, han visto como el Obispado se ha querido desentenderse de ellos y los quiere echar de su vivienda habitual (no tienen otra) sin más trámite que un burofax.
Tras acudir a mi despacho, se han iniciado actuaciones por la vía civil, mediante una demanda contra el desahucio de la que de momento la jueza no se ha decantado en ninguna sentencia, ya que se celebró el juicio en el mes de marzo y aún no tenemos sentencia sobre el caso (entendemos que esta archivada).
Por otro lado, el día 19 de junio de 2019 tenemos un juicio por vía laboral para determinar la extinción de contrato de Carmen, ya que ella ha seguido trabajando para el convento de las capuchinas, puesto que nadie se ha presentado a hablar con ella e indicarle que no eran necesarios sus servicios, ni su trabajo. Lleva más de dos años viviendo en el convento con su esposo y solo le han notificado por burofax que debe abandonar la que hoy es su vivienda habitual.
Ha habido un intento de acuerdo antes del juicio civil, en el cual le ofrecían la cantidad de 12.000€, que es lo que el obispado entiende que vale poner una persona de 70 años en la calle después de llevar prestando sus servicios desde aproximadamente el año 1973.
En el juicio laboral, que tenemos para el día 19 de este mes, se reclama una indemnización por despido y, por supuesto, la permanencia en la vivienda o bien que le abonen un alquiler, ya que existe un acuerdo firmado entre la abadesa y los dos trabajadores, donde se reconoce que existe relación laboral con ambos y la fecha de efectos de dicha relación laboral, que se presentará como prueba en el juicio.
Nadie se ha puesto en contacto (ni lo harán) de momento con esta parte para un intento de acuerdo, como en todos los casos que hasta ahora he llevado. El silencio y desprecio absoluto hacia los trabajadores es la postura que se ha mantenido desde el Obispado, mostrando superioridad sobre la parte débil.
