A medida que se acerca cada año el mes de junio arrecia por tierra, mar y aire la campaña de publicidad y propaganda de la Conferencia Episcopal Española (CEE, en adelante) para intentar justificar la cuantiosa subvención pública recibida por la casilla del IRPF, principalmente para mantener a 116 obispos y cardenales, 18.164 sacerdotes, seminarios, congresos, 23.000 parroquias y demás gastos de los denominados “de culto y clero”, más alguna otra “cosilla”: 277,83 M€ correspondientes a la renta de 2017, declarada en 2018.
Desde el mes de febrero hasta junio, que se publica la Memoria Anual de actividades, la Iglesia católica (Ic, en adelante) se asegura de estar permanentemente en los medios de comunicación con la vehemencia agitativa que le permiten los casi 5 M€ que recibe de fondos públicos para tales menesteres.
A lo que está obligada la Ic desde el ignominioso acuerdo de 2006 con un gobierno socialista (aunque ya venía obligada por el Acuerdo concordatario sobre asuntos económicos de 1979) es a elaborar una Memoria que justifique las cantidades recibidas del Estado a través de la Asignación Tributaria. Y los gobiernos de turno deberían exigírselo. Todo ello sin contar con la rendición de cuentas que debería reclamársele por las cuantiosas subvenciones directas (subvenciones) e indirectas (exenciones fiscales) y las transmisiones patrimoniales recibidas de la Administración Pública: no menos de 11.000 M€ anuales.
Por el contrario, se dedican a expeler nubes de negra tinta, cual calamar gigante, publicitando cuánto “invierte” en la sociedad, calculando el supuesto impacto económico de toda su actividad (patrimonio inmobiliario, actividades pastorales, fiestas religiosas, o actividad asistencial…), con la jerga economicista al uso (retorno social de la inversión, impacto en términos de PIB, cash flow).
Ahora, en mayo, la CEE no debía tener nada que contar y se ha sacado de la manga una presentación con comunicado, para copar titulares en los medios, influir en la sociedad y “fidelizar” a sus fieles. El pasado 23 de mayo ha realizado una rueda de prensa y ha presentado a bombo y platillo: 1) un informe de evaluación del impacto económico de la Ic en España 2016, que siempre va incluido en la Memoria Anual que publicitan en junio (¿este año, no?), y que además no son más que unos titulares; y 2) lo acompañan con información de los recursos y empleos de las diócesis…¡que ya conocemos desde hace un año, por la Memoria de 2016!
Poco se puede comentar acerca de unos escuetos titulares sobre el cálculo de una consultora acerca del impacto de la actividad de las diócesis, las parroquias y Cáritas (1.386 M€), pero el impacto económico de la actividad asistencial de la Ic era, según otra consultora 589,6 M€ (Memoria 2016), el impacto de los bienes inmuebles de la Ic era de 22.620 M€ (Memoria 2015) o el impacto de las celebraciones y fiestas religiosas era de 9.900 M€. En fin, tres consultoras diferentes calculando impactos diferentes cada año a costa del dinero público, para mayor gloria de la Conferencia Episcopal.
Por otro lado, que publiciten como novedad las cifras globales de las diócesis, que ya publicaron en junio de 2018 (¡hace 12 meses!), indica lo necesitada de propaganda que está la Ic.
Yo entiendo que sus Ilustrísimas tengan que contrarrestar la negativa imagen de que un Estado democrático, y presuntamente no confesional, esté regando sus actividades con más de 11.000 M€ de dinero público cada año que, lógicamente, no están disponibles para ser gastados por las distintas administraciones públicas. Pero deberían empezar cumpliendo lo que firman, por una vez, y elaborar una auténtica Memoria que justifique en qué se gastan la subvención del Estado que les llega de las X del IRPF. Esto es lo que le exige la sociedad, y esto es lo que debería exigirle el Estado
L@s españoles no necesitamos que la jerarquía católica siga mareando la perdiz contándonos la estructura de la Ic, las actividades que desarrolla en el marco de sus fines globales, de evangelización, pastoral, caritativa asistencial, etc. Ahora “lo que toca” es justificar en qué y cómo se gasta el dinero público que reciben de la denominada Asignación tributaria. Y eso, hasta la fecha, no lo cumplen. Buena prueba de ello es que hay decenas de preguntas sin respuesta en la citada Memoria anual que, a buen seguro, quedarán sin respuesta en la que van a publicar este año, correspondiente a 2017. Un pequeño botón de muestra:
- ¿Por qué se oculta el montante de la retribución de los sacerdotes con cargo a las X del IRPF, a cuántos afecta y por qué conceptos?
- ¿Por qué se omite la información sobre prestaciones sociales que recibe el clero con cargo a las citadas X?
- ¿Por qué no se informa de la cantidad con que se retribuye a seglares con cargo a la misma fuente, toda vez que las diócesis se gastaron por este concepto 113 M€ en 2016?
- ¿Por qué ha desaparecido la retribución establecida para los obispos, así como se omite a cuántos se retribuye o su contribución a la Seguridad Social o al IRPF?
- ¿Por qué se oculta que, presumiblemente, el 89 % de la cantidad enviada a las diócesis, procedente de las citadas X se emplea en retribuir a los curas de las diócesis?
- ¿Por qué se oculta que, al parecer, los recursos para sustentar al clero se han incrementado un 64 % en el período 2008/2016 (de 108,7 M€ a 178,5 M€) habiendo descendido el número de sacerdotes en el mismo período?
- ¿Por qué no se ofrece el importe del Fondo de Reserva acumulado, que se nutre también de las citadas X?
- ¿Por qué no coinciden los importes asignados de ejercicios ya liquidados publicitados en la web, con los que figuran en la Memoria 2016, ni las cifras de la Memoria 2015 con las de la Memoria 2016? ¿Cuántas cifras “oficiales” hay?
- ¿Cuándo va a ofrecer la Memoria anual un cuadro estadístico que incluya anticipos/asignación/liquidaciones definitivas, desde 2007?
- ¿Por qué se incluyen donativos e ingresos financieros como si fueran recursos de la liquidación de la Asignación tributaria?
- ¿Por qué ha desaparecido de las Memorias la referencia central al Fondo Común Interdiocesano (FCI, en adelante), que se constituye con lo obtenido por las X del IRPF, y cuyo Presupuesto aprueba anualmente la Asamblea Plenaria de los obispos?
- ¿Por qué se oculta en la Memoria la aportación de las diócesis al FCI?
- ¿Por qué se oculta la cantidad que procedente del FCI se dedicó en 2016 a actividades pastorales, que ya no está disponible ni siquiera en el Presupuesto del FCI?
- ¿Por qué se omite la información acerca de los medios, soportes y cuantías a través de los que se canalizan los casi 5 M€ de las campañas publicitarias?
En fin, son algunas de las muchas preguntas sin respuesta que seguramente tampoco tendrán respuesta en la Memoria 2017 que pronto verá la luz.
Y si la CEE no cumple con su obligación y justifica, el Estado no se lo exige, ni audita la denominada Asignación tributaria. Como tampoco audita las cuantiosas subvenciones directas e indirectas (exenciones) recibidas de las Administraciones Públicas. Todo ello a pesar de que en 2018 el Tribunal de Cuentas incluyera la auditoría a la Iglesia católica en su Programa anual de dicho año, referida al año 2017. Aún seguimos sin noticias del citado tribunal en una cuestión tan importante. Y no me consta que el nuevo gobierno socialista haya manifestado interés sobre este vital asunto para tod@s los ciudadan@s. ¿Quizás sea que 11.600 M€ de dinero público no es una cuestión como para preocuparse demasiado…?
Enrique Ruiz del Rosal . Miembro de la J D de Europa Laica
