El triunfo del PSOE en las elecciones del 28 de abril, no ha despejado incógnitas ni ha aliviado a algunos sectores de la comunidad educativa, fundamentalmente a los centros concertados y religiosos, y padres de familia que deciden por estos colegios.
Todo apunta a que el próximo Gobierno de Sánchez siga adelante con su proyecto de Ley de Educación (Ley Celaá) que deroga la Lomce del PP, da menos peso a la asignatura de Religión y el punto más conflictivo y que muchos consideran un ataque a la libertad de los padres, elimina del artículo 109.2 de la Lomce la alusión a la «demanda social», es decir, que las plazas en los centros públicos y concertados variarán en función de lo que pidan los padres.
«Ahora el PSOE no tiene tanta prisa»
El presidente de Escuelas Católicas, José María Álvira, sin querer pronunciarse en clave política, espera que el PSOE eche freno a esta ley «ahora que ya no tiene tanta prisa» e inicie una ronda de conversaciones con los distintos agentes de las comunidades educativas.
«Una ley orgánica marca la guía a seguir de las comunidades autónomas, aunque las competencias en educación estén transferidas. Esperemos que el PSOE vuelva a su posición de moderación y escuche a todos los agentes implicados en la educación, también a las escuelas concertadas y a los padres», declara Alvira a Religión Confidencial.
Para el presidente de Escuelas Católicas, el punto más conflictivo de este proyecto de ley es la eliminación de la demanda social: «Es eliminar un factor que en otras leyes se tiene en cuenta. Con ello, el gobierno socialista demuestra una vertiente más estatalista y menos a favor de la libertad de enseñanza», señala.
«No es el PSOE de otras épocas»
De la misma opinión es Alfonso Aguiló presidente de la Confederación de Centros de Enseñanza (CECE) quien no entiende por qué el PSOE «se está obcecando contra la demanda social», y en su opinión, es para preparar el terreno «para sus alianzas con la izquierda radical», al menos, lo que ha demostrado en sus meses de gobierno.
«Pienso que es un gran error que espero sepa rectificar a tiempo, pues habitualmente ha sido más moderado y creo que en esto se ha entregado en brazos de quienes quieren mejorar la enseñanza pública poniendo trabas a la concertada. Eso es malo para la concertada ,pero peor aún para la pública, a la que se quiere favorecer de modo equivocado», declara en una entrevista concedida a Actualidad Docente.
En su opinión, la ley Celaá no corresponde a «ése PSOE que hemos conocido en otras épocas, y deseo que pronto vuelvan a la moderación. La obsesión contra la demanda social está fundamentada en datos manipulados, y se lo hemos explicado varias veces a la ministra y al secretario de Estado. Y lo han entendido, pero tienen hipotecas importantes con sus aliados políticos».
Hostigar a la concertada
Para Aguiló la mejora de la enseñanza pública es algo que debe desearlo todos aquellos que se consideren ciudadanos responsables.
«Pero hostigar a la concertada no es una buena estrategia para lograrlo. Retirar el concepto de demanda social es poner a la concertada a merced de la arbitrariedad de las administraciones autonómicas. Y la normativa básica debería estar precisamente para que haya un criterio de demanda y no uno de arbitrariedad bajo el nombre de planificación: lo que digo se ha podido comprobar en intentos recientes de algunas administraciones autonómicas que se han tenido que frenar en los tribunales», subraya.
Respecto al Pacto Educativo, que fue el PSOE quien se levantó de la mesa, tanto José María Alvira como Alfonso Aguiló siguen apostando como algo irrenunciable, ya que lo han conseguido en casi toda Europa.
«No sé qué nos pasa, ni por qué aquí nos enredamos tanto en empeños que son claramente irrelevantes para mejorar el conjunto y lesivos para buena parte de él», señala Aguiló.
