Con la excusa de que el histórico templo tiene problemas edilicios, el Gobierno bonaerense le entrega fortunas a la Iglesia católica a cambio de su colaboración en la contención social y “el orden” en medio de la crisis.
Según informó este jueves el diario El Día (de íntima relación con el Arzobispado de La Plata), el gobierno de María Eugenia Vidal “destinará más de $ 55 millones para distintas obras de mejora para la Catedral de la Ciudad, que se encuentra por estos días jaqueada por distintas falencias estructurales”.
Sin embargo, las mismas fuentes del Ministerio de Infraestructura bonaerense confirmaron que los $ 55 millones ya comprometidos no serán para resolver “falencias estructurales”.
Por el contrario, las obras ya preadjudicadas corresponden a la finalización de la construcción de una de las torres del histórico templo, la Torre María ($ 35.729.216), así como a “un nuevo sistema detector de fuego” y a la renovación del “servicio de mantenimiento” ($ 19.636.795).
Los funcionarios agregaron, siempre según el diario El Día, que pronto comenzarán a realizarse estudios para el “mantenimiento general más profundo de la Catedral” y que se prevé “una licitación para la renovación del mantenimiento básico y la limpieza de la iglesia”. Es decir, más y más millones aportados por el Estado provincial.
Todo legal
El discurso con el que los funcionarios de Vidal justifican semejante desembolso de fondos para el templo católico es “la puesta en valor de las instalaciones existentes reemplazando y mejorando aquellas que se encuentran obsoletas, faltantes y fuera de servicio”.
Lo dicen como si se tratara de la refacción de una importante escuela u hospital público del interior bonaerense o de la instalación de una red cloacal en alguna de las cada vez más populosas villas del conurbano. Pero no.
En realidad se trata del “sostenimiento” del culto católico, apostólico y romano amparado desde 1853 por el artículo 2 de la Constitución Nacional Argentina. De allí que en la información oficial difundida sobre las futuras obras en la Catedral no figure ni un peso aportado por la propia Iglesia, dejando en claro que todo el dinero será aportado por el Estado.
No hace falta redundar en la infinidad de ejemplos que se ven día a día respecto al ajuste brutal que ejecuta la misma gestión de Vidal en áreas tan sensibles para millones de personas como la salud y la educación públicas, la infraestructura, la atención de las problemáticas de género, de niñes y adolescencia, etc.
Pero parece que Cambiemos no quiere que la crisis capitalista, cuyo costo está descargando sobre las espaldas del pueblo trabajador, se filtre por las paredes y los cimientos de la Catedral en la que, semana tras semanas, da sus misas el arzobispo platense Víctor “Tucho” Fernández.
Toma y daca
Vale recordar que, así como Tucho Fernández es parte del círculo íntimo eclesiástico del papa Francisco, María Eugenia Vidal es una verdadera “socia política” de la Iglesia católica argentina.
A comienzos de abril el propio arzobispo reunió en su despacho de la Curia platense a un nutrido grupo de personalidades políticas y sindicales de la región. Allí estuvieron desde el intendente macrista Julio Garro hasta la concejal kirchnerista Florencia Saintout, pasando por otros legisladores del oficialismo y de la oposición y por dirigentes de peso de la burocracia de los gremios.
Días antes de ese cónclave, Fernández también había reunido en el Arzobispado a dirigentes de cámaras empresarias que gravitan en la capital bonaerense.
En esos encuentros, casi como un “bonaparte” con sotana, el delegado de Bergoglio buscó acercar posiciones para actuar de forma coordinada en torno a la compleja realidad económica y social que se vive en la región. “Veo hambre y necesidad y me pregunto qué estamos construyendo entre todos para toda esta gente”, se escuchó decir en un ambiente con demasiado aroma a incienso.
La lectura no es caprichosa ni mucho menos infundada. Quien no vea una relación estrecha entre la política del Arzobispado tendiente garantizar el “orden” y la “contención” de las miles de almas en pena que hoy no llegan a fin de mes (y a veces ni comen) y los $ 55 millones que Vidal le da a la Iglesia para que la Catedral se vea más linda y más “segura”, estará cometiendo uno de los “pecados” políticos más graves: la ignorancia.
Gracias a la “Ley” 21.950, firmada por Videla y Martínez de Hoz en 1979 y aún vigente, el Estado está a cargo de pagar los sueldos de todos los arzobispos y obispos de la Argentina. El monto se calcula en un 80% de lo que percibe un juez nacional de primera instancia.
El año pasado, según lo reconoció el jefe de Gabinete Marcos Peña en el Congreso, funcionarios eclesiásticos como Fernández cobraban del Estado unos $ 46.800 por mes.
Como el dato revelado por Peña generó un ruidoso repudio popular, la Conferencia Episcopal Argentina prometió (luego de su reunión anual de 2018) ir abandonando “paulatinamente” esa costumbre de cobrar suculentos salarios estatales. Por el momento, eso sigue siendo una promesa. Mientras tanto, ya reciben con los brazos abiertos los $ 55 millones de Vidal. Amén.
