Usted decide si el Estado debe seguir subvencionando centros privados, mientras las familias que los usan reducen su factura fiscal: más del Estado con una mano y menos al Estado con la otra. O bien si esos conciertos deben reducirse y esas desgravaciones anularse: para así dotar mejor una red pública educativa.
Supimos últimamente del gorroneo de impuestos por parte de miles de familias con hijos en la enseñanza concertada (declarando como donaciones lo que en realidad son pagos por servicios educativos). Un gorroneo que ascendería a más de doscientos millones de euros anuales. Al hilo de este escándalo me parece conveniente reflexionar sobre algunas particularidades de tal oferta educativa. Una oferta educativa que supone una aportación millonaria de recursos públicos.
En un reciente informe publicado por una fundación muy poco sospechosa de ser antisistema sus autores comprobaban que: “las aportaciones de las Administraciones Públicas a la enseñanza privada representan casi el 50% de sus recursos, y en educación secundaria y profesional más del 60%, operando sobre todo a través de los conciertos educativos. Sorprendentemente, estas aportaciones se han comportado de manera más regular que las realizadas a los centros públicos, evitándose en gran medida en esas partidas los ajustes y manteniéndose, gracias a ello, incrementos de recursos por alumno mayores en el conjunto del periodo que en los centros públicos” (Cuentas de la educación en España 2000-2013, Fundación BBVA-IVIE, 2016).
De manera que durante buena parte de la crisis mientras se ajustaban los recursos presupuestarios para la oferta educativa en centros públicos se habrían mantenido los destinados a los centros concertados. Justo a esos centros y alumnos cuyos pagos sabemos ahora se declaraban como donaciones para pagar menos impuestos. Gorroneo para los ingresos públicos que debo pagar y alegría en los gastos públicos que me benefician. La mano invisible en acción de todos los centristas y (neo) liberales de bien.
Un país superconcertado
Podría pensarse que tal cosa sucede en un país con una escasa e insuficiente cobertura de la oferta privada para los niveles educativos obligatorios que, por tanto, convendría estimular por parte del Estado. Pero como observamos en un primer gráfico no es ese el caso de España.
Fuente: elaboración propia con datos de Cifras de la educación en España 2018
Pues salvo el excepcional caso de Bélgica, España –con casi un 28%- es el país europeo con una mayor presencia de la oferta privada concertada. Y debe tenerse en cuenta que no figuran en el gráfico los países con menos del 10% de dicha oferta (Alemania, Finlandia o Italia entre otros).
Así las cosas es poco tranquilizador que en el reciente acuerdo PSOE-Unidos Podemos para disponer en 2019 de unos Presupuestos para un Estado social no haya ninguna referencia (en su apartado 2.2.) a los conciertos educativos a pesar de defender un sistema “que no segregue ni excluya por capacidad, por género o por origen familiar”. Un silencio que contrasta con el desparpajo de los acuerdos del nuevo gobierno de derechas para Andalucía, que explícitamente recogen la ampliación de los conciertos con dinero público para centros privados en estudios de bachillerato (ver aquí punto 15).
Dos Españas: la pública y la concertada
Sucede además que, a mayores de la sobredimensión de los conciertos educativos españoles a escala internacional, un segundo rasgo que conviene enfatizar es que esta cuantiosa oferta privada -alimentada con dinero público- no se distribuye uniformemente entre la población y a lo ancho de la geografía española.
En un segundo gráfico visualizamos como para los municipios de menos de cien mil habitantes la oferta pública es dominante. De manera que la población residente en los municipios más pequeños de España –la España vaciada– muy poco puede esperar de la oferta educativa privada concertada.
La oferta concertada se concentra en aquellos estratos de la población más urbana –con más de cien mil habitantes- donde ese mayor tamaño permite reclutar alumnos de clase media-alta en una cuantía suficiente para el funcionamiento de estos centros.
Fuente: elaboración propia con datos de Cifras de la educación en España 2018
Pues del total de los ingresos de estos centros privados concertados (tan numerosos en España, y tan concentrados en las áreas más urbanas) según la misma fuente de datos (en su página 77) casi cincuenta y cuatro de cada cien euros proceden de las subvenciones públicas y treinta de cuotas pagadas por sus usuarios (esas mismas que, con frecuencia, se declaran como donaciones para desgravar al fisco).
Es así como tenemos una red privada concertada sobredimensionada, que se desentiende de la cobertura de las áreas menos urbanas, que succiona unos recursos públicos que apenas han acusado el austericídio del resto del sistema educativo, y que se nutre de las familias de mayor nivel de ingresos.
Pues en un centro privado concertado un alumno supone un gasto familiar del doble del necesario en un centro público, un desembolso que no podrán soportar los hogares con menos de 1500 euros de ingresos mensuales, pero sí los de más 2500 euros. Es así como, en palabras de una profesora de un centro público: «ellos eligen a su alumnado».
Segregación con dinero público = ¿»Éxito educativo»?
Con este combinado explosivo –de reclutamiento y financiación– no faltará quien pregone las excelencias de los logros educativos de los centros concertados privados (en relación a la oferta estrictamente pública).
Es obvio que no hay nada como transformar y envolver la desigualdad social como éxitos educativos, intelectuales o de eficiencia. Para que todos los que puedan ser pagadores de cuotas-donaciones (desgravables según ellos) elijan un centro privado concertado con dinero público. Y dejen así atrás, en la maltrecha escalera social, a los menos afortunados.
Y es así como con el señuelo de la libre elección del consumidor (mantra de los muy numerosos ultraliberales, neoliberales y socioliberales abducidos) se vampirizan con alegría los presupuestos públicos.
Para alimentar un castizo capitalismo de amiguetes (en la enseñanza concertada, pero también en la sanidad o en la atención geriátrica), que discrimina geográfica y socialmente. Convirtiendo de paso en asistencial (para los fracasados que no se esfuerzan lo suficiente) la cobertura pública. Una rampante privatización encubierta de la enseñanza pública.
Coda final: Propuestas electorales
El Partido Popular en su programa electoral plantea la extensión de los conciertos educativos a todo el Bachillerato y a la Formación Profesional (medida 126), al mismo tiempo que blindar los pagos de las familias como donaciones desgravables (medida 128). Sin olvidarse del señuelo de la libre elección del consumidor (medida 123) redactada como “libertad de elección de las familias”.
Por su parte el líder de Ciudadanos se plantea un aumento de las plazas concertadas en España y un tratamiento fiscal favorable sobre las donaciones a dichos centros (medida 66 de su programa electoral) combinados con el “derecho de las familias a elegir” (¿les suena?).
Sin complejos, viniéndose arriba. Privatizando (eso sí, con el denostado dinero público) una parte creciente de nuestra oferta educativa. Tiene mérito la cosa.
Frente a esta avalancha concertadora y liberticida, en las 110 Medidas del PSOE para las Elecciones Generales de abril 2019 no se nombran los conciertos educativos. Por su parte en las 264 Propuestas de Unidas Podemos se nombra el acabar con las cuotas familiares pagadas en centros concertados, y eliminar los conciertos en aquellos centros que segreguen por razones de sexo. Algo es algo.
No me cabe duda de que con estos mimbres difícilmente dejaremos de estar muy por encima de la media europea en lo relativo a financiar con dinero público centros privados. Tampoco corregiremos una clara discriminación territorial de la España vaciada ni, sobre todo, un reclutamiento nada inclusivo de alumnos de hogares con ingresos más elevados respecto al de los centros públicos. Agravándose el uso corrosivo y regresivo de los fondos públicos sobre la llamada escalera social.
Toda una consolidación y clonación de conciertos educativos que, con dinero público, seguirán alimentando entre nosotros una sociedad de castas hereditarias.
