Los obispos pidieron explicaciones a Reig Pla en su reunión plenaria y eran partidarios de guardar silencio y no defenderlo, pero finalmente han avalado las pseudoterapias y al obispo homófobo
Les hizo cambiar de opinión el relato pormenorizado del prelado de Alcalá de cómo un grupo de jóvenes entró en la catedral a protestar interrumpiendo una misa
Pese a que estas terapias son ilegales y se han puesto varias demandas, además de la investigación que ha anunciado la Comunidad de Madrid, la Conferencia Episcopal cierra otra gran crisis social con el respaldo a sus prelados
La Iglesia española suma un nueva crisis. Además de la inacción en los casos de pederastia como Gaztelueta, los maristas o Montserrat -una falta de iniciativa que han criticado las víctimas y que ha propiciado la creación de una asociación de afectados- la jerarquía encara ahora un nuevo frente tras el escándalo de las terapias homófobas en varias diócesis españolas. Unas terapias reversivas que son clandestinas e ilegales y que fueron probadas con una grabación por un periodista de eldiario.es que se hizo pasar por un joven confuso sexualmente. Políticos, partidos, el gobierno regional de Madrid y asociaciones han anunciado demandas y piden cuentas a los obispos, cuyo órgano de representación (la Conferencia Episcopal Española) optaba este viernes por avalar al obispo de Alcalá y sus sesiones para ‘curar’ la homosexualidad.
La demanda para que la Iglesia tomara medidas y cesara estas prácticas ilegales, como las define la ley contra la LGTBifobia de la Comunidad de Madrid, empezó el pasado martes, día de la publicación del escándalo en eldiario.es, con la denuncia presentada por MásMadrid contra el obispado de Alcalá de Henares y Belén Vendrell, la bióloga encargada de las terapias que no está colegiada ni puede actuar de psicóloga. Se sucedieron denuncias similares impulsadas por el Observatorio Madrileño contra la homofobia, la asociación de consumidores Facua y Cogam, el colectivo LGTBI+ de Madrid.
Pero también el gobierno de la Comunidad de Madrid, presidido por el Partido Popular, anunció medidas. Aunque el PP madrileño no ha reaccionado con la contundencia de otros partidos, el vicepresidente del gobierno regional, Pedro Rollán, aseguró que se iba a abrir una investigación, y que, de ser así el caso, «se aplicaría la sanción correspondiente, como no podía ser de otra manera». Los grupos más ultras de la Iglesia, como HazteOir, han denunciado que el obispo de Alcalá está sufriendo una persecución, afean al PP su falta de apoyo y haber aprobado la ley que declara ilegales las prácticas. Además, hablan de campaña de noticias falsas, pese a que la grabación emitida por eldiario.es no deja lugar a dudas sobre que se está intentando revertir la homosexualidad en el obispado de Alcalá. Según más testimonios de víctimas, también en el obispado de Cartagena y en la diócesis de Cantabria se dan estos cursos. Algunos acompañados con recetas de psiquiatras afines.
También Ciudadanos y el PSOE han lanzado esta semana críticas contra las prácticas del obispo Reig Pla. «Me parece que es un absoluto despropósito y confío en que la diócesis rectifique y que elimine ese tipo de cursos que nos hacen involucionar en lugar de evolucionar», señalaba Ignacio Aguado, candidato de Ciudadanos a presidir la Comunidad de Madrid. La diputada del PSOE autonómica Carla Antonelli expresaba su rechazo y describió la noticia como una nueva muestra de la homofobia de Reig Pla.
Sin embargo, la Conferencia Episcopal Española, lejos de investigar o de cuestionar estas terapias, ha hecho caso omiso a estas denuncias, aunque su posición ha variado. De un silencio («no hacemos declaraciones»), a una defensa tímida del obispo de Alcalá y más tarde a un respaldo total a Reig Pla y a sus cursos, que no definen como terapias reparativas, sino como de «sanación espiritual».
Sorpresa en la postura
La dura respuesta del Episcopado en defensa de Reig Pla ha sorprendido, y mucho, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Más aún cuando, el pasado miércoles, varios obispos aseguraban en privado que el obispo de Alcalá era un prelado «polémico» y que debía «defenderse a sí mismo» sin «comprometer a toda la institución».
¿Qué pasó entonces para que, este viernes, la Conferencia Episcopal mostrara «su apoyo y afecto a monseñor Juan Antonio Reig Pla y a los colaboradores del Centro de Orientación Familiar (COF)» frente a «un ejercicio de manipulación de la verdad y desinformación intencionada que termina provocando el ‘odio’ que se dice querer evitar o denunciar»?
La clave está en la sesión reservada del jueves por la tarde, cuando los obispos pidieron explicaciones al obispo de Alcalá y este, antes de defenderse, les relató, con todo lujo de detalles, la concentración de personas ante la catedral de la diócesis que llegaron a entrar en misa.
Las palabras de Reig cambiaron por completo la, inicialmente, estrategia de silencio, planteada por una mayoría episcopal, que ya conoce bien al prelado y sus palabras gruesas y homófobas contra los gays o lo que llaman «ideología de género». Profanar una catedral eran palabras mayores, según los presentes. De ahí el apunte en el comunicado en el que, además de defender a Reig, los obispos manifestaban su «más firme rechazo a la irrupción de un grupo de personas vociferantes en un templo donde se estaba celebrando la liturgia de la Iglesia».
Esa fue la tesis del portavoz de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello, al denunciar la «liturgofobia» que, en su opinión, se escondía detrás de la concentración contra las terapias restaurativas en la catedral de Alcalá, pese a que admitió que «la homosexualidad no se puede ‘curar'», y apuntando que solo se hablaba desde «un punto de vista espiritual». Lo cierto es que espiritualmente o no, lo que pretenden esos cursos es variar la sexualidad de los que acuden.
La nota de la CEE no entró a valorar que, según la ley de Madrid, las terapias de este tipo son ilegales, ni en el hecho de que la propia terapeuta reconociera que sus actos podrían suponer un delito. Los obispos han centrado su gestión de esta nueva crisis en dos asuntos que consideran capitulares del caso de las terapias de reversión, como revela el comunicado oficial: que la información se hubiera obtenido con grabaciones y, especialmente, que se hubiera profanado un templo católico como protesta.
