Dentro de sus 110 medidas electorales, el PSOE ha propuesto una ley de libertad de conciencia.
Los laicistas creen que sin sacar la religión de las aulas y sin denunciar los acuerdos con la Santa Sede España no será un Estado laico.
Toda iniciativa es positiva, pero sin sacar la religión de las aulas y sin denunciar los acuerdos con la Santa Sede España no será un Estado laico. Es la valoración que hacen desde Europa Laica de las propuestas electorales del PSOE, entre las que se incluye la ley de libertad de conciencia. El presidente de este organismo hace una reflexión sobre por qué los socialistas no terminan de llevar lo que prometen a la práctica en materia de laicidad: “ Aún hay temor a quitar privilegios a la Iglesia”.
La libertad de conciencia va mucho más allá de la religión. La neutralidad del Estado con respecto a las confesiones es solo una parte de la protección de este derecho, que también ampara la libertad de pensamiento y expresión individuales de agnósticos y los ateos. Por ello, la primera sorpresa que se ha llevado desde Europa Laica es que en el resumen de sus 110 medidas, lo que destaca el PSOE de esta ley es que servirá para “el estudio de la incidencia de la intolerancia religiosa”. Sí valoran, sin embargo, propuestas como el Ingreso Mínimo Vital o la recuperación de los derechos perdidos por los recortes en los servicios públicos. Sin embargo, cuando se trata de modificar algún aspecto la relación con la Iglesia, siguen sin darse pasos firmes.
El PSOE de Pedro Sánchez comenzó su gobierno con un gesto muy potente. Prometió su cargo sin Biblia y sin crucifijo por primera vez en la historia española, un detalle que tanto la prensa nacional como la internacional destacaron en sus crónicas. Sin embargo, Antonio Gómez, presidente de Europa Laica, cree que en los siete meses que ha estado en Moncloa no se ha hecho prácticamente nada en materia de laicidad. Ni siquiera la publicación de la lista de bienes inmatriculados por la Iglesia, propiedades públicas que los obispos inscribieron a su nombre, con la Mezquita de Córdoba como ejemplo más escandaloso. A pesar de que los socialistas en la oposición presentaron una proposición no de ley que se aprobó el Parlamento y que el Gobierno de Rajoy ya se comprometió a publicar estas referencias las asociaciones aún esperan el listado.
Las iglesias se vacían y la sociedad camina hacia la laicidad, pero la legislación no lo hace a la misma velocidad y mantiene los mecanismos de la retención de privilegios: “El CIS indica que una gran parte de los jóvenes ya no tienen creencias religiosas. España se ha secularizado, pero el Estado no lo ha hecho”, asegura Antonio Gómez.
A pesar de que los socialistas suelen prometer avanzar en la laicidad del Estado, lo cierto es que no han sabido resolver las contradicciones que presenta la propia redacción de la Carta Magna, que en su artículo 16 anuncia que “ninguna confesión tendrá carácter estatal”, mientras asegura que “mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones”. Sin embargo, los privilegios de la religión, especialmente la católica, respecto a otras organizaciones civiles sigue siendo explícito y se materializa, por ejemplo, en exenciones fiscales.
A pesar de que en sus propuestas de 2016, los socialistas ya se comprometían a “denunciar los Acuerdos de España con la Santa Sede”, no se ha materializado. Lo que sí hemos visto en estos meses es un viaje de la vicepresidencia del Gobierno de España, Carmen Calvo, a la Santa Sede para reunirse con el secretario de Estado, Pietro Parolin, para tratar la exhumación de Franco.
“Hay que recordar que el Valle de los Caídos es un monumento nacional católico. Tiene una cruz inmensa y una basílica, que constituyen un insulto a los ciudadanos y a los propios cristianos”, apunta Gómez. De hecho, ya hay voces que piden que, además de sacar al dictador Francisco Franco, se derribe también la cruz que vigila Cuelgamuros.
Los acuerdos con el Vaticano
El acuerdo del Estado español con la Santa Sede firmado en 1979, que actualizó el Concordato de 1953, recoge, por ejemplo, prescripciones tributarias. Por ello, Antonio Gómez advierte a Sánchez sobre una de sus frases más repetidas en precampaña: “Mientras se derogue el concordato con el Vaticano no habrá una España moderna. Podrá ser desarrollada, pero no moderna”. El febrero de 2018 se produjo un momento histórico que, sin embargo, no se ha materializado en acción de gobierno. En la comisión de Educación, los partidos aprobaron una proposición no de ley, presentada por Unidos Podemos y Compromís y transaccionada con el PSOE, que instaba al Ejecutivo a derogar los acuerdos y sacar la religión de las clases.
Precisamente la educación es el otro pilar que, según el presidente de Europa Laica, impide que España se promueva de manera definitiva la libertad de conciencia. Esta asignatura está presente en colegios e institutos públicos, mientras el sistema de concierto permite transfiere dinero público a colegios religiosos.
Para terminar, el activista deja una última reflexión sobre por qué el PSOE no termina de apostar decididamente por la laicidad en su programa electoral y su acción de gobierno: “Me preocupa que la política siga estando condicionada por la religión”.
