Granada Laica ya denunció esta situación hace más de dos años y realizó gestiones ante el arzobispado y la Junta de Andalucía reclamando la inmediata disposición del edificio.
La opacidad de la Junta en la gestión del dinero público alcanza a la rehabilitación de edificios propiedad de la Iglesia. Es el caso del edificio situado en la Cuesta del Perro Alto número 6, propiedad del Arzobispado y subvencionada con casi 120.000 euros y que tras 6 años de la finalización de la obra, sigue cerrado y deshabitado.
Ante la opacidad reiterada de la Junta de Andalucía estamos haciendo un estudio de campo para poder conocer y situar las viviendas que deberían estar a disposición del Registro Municipal de Vivienda Protegida, y entre otras viviendas nos encontramos con ésta, tarea que debiera estar llevando nuestro Ayuntamiento. Nos hemos dirigido al Área de Urbanismo para comprobar que dispusieran de la licencia de ocupación y nos confirman que efectivamente la tiene desde el año 2013, pese a que está cerrada, una licencia para 6 viviendas y un local comercial.
Tras solicitar copia simple en el Registro de la Propiedad descubrimos que la finca tiene como Titular el Arzobispado de Granada pero sin embargo en el Registro tan solo hay constancia del local no así de las viviendas. Entendemos que esto debe subsanarse a la mayor brevedad posible y que el Arzobispado debe poner a disposición de las políticas sociales el uso de esas viviendas de manera absolutamente transparente de cara al acceso a su uso residencia por las familias en espera desde hace años para ser adjudicatarias de una vivienda protegida.
La rehabilitación de este inmueble tal y como hasta hace poco rezaba en el cartel de la Gerencia de Urbanismo, y que hemos conocido a través de la colaboración de Granada Laica, aparecía como promotor la Diócesis de Granada, pero se acogía al Programa de la Junta que la incluía en el Área de Rehabilitación del Albayzín y fue subvencionada con casi la cuarta parte del coste total de la obra, con un total de 118.984 euros.
Tras las conversaciones con algunos vecinos estos nos exponen, que se han dirigido al Arzobispado y les comunica la intención de poner a disposición de Cáritas Diocesana el uso del inmueble. Nuestra posición es clara en este sentido. Las viviendas deben pasar como el resto de viviendas rehabilitadas a cumplir el convenio por el que adquirieron la subvención y esto implica la puesta a disposición inmediata y la mayor de la transparencia y gestión pública del uso de esos inmuebles por el tiempo que dictaba el convenio que es un mínimo de 10 años, bajo la figura de Área de Rehabilitación Concertada.
Esta figura que en un principio, año 2001 que se proclamaba como un instrumento de intervención global en ámbitos urbanos deficitarios para mejorar las condiciones de alojamiento, abarcaba el bajo Albaicín, Calle Elvira, Cuesta de Alharaca, Plaza San Miguel Bajo, Cruz de Quirós, Aljibe, Barrio de San Pedro, Cuesta del Chapiz, Plaza Nueva, Barrio de la Churra y Cuesta Gomérez, y afecto a 311 viviendas y tuvo un coste de casi 12 millones de euros. Esta figura en el año 2007, fue ampliada a todo el Barrio del Albayzín, aunque desconocemos el coste total subvencionado, sí conocemos que fueron viviendas que recibieron bajo convenio subvenciones de ambas administraciones Junta y Ayuntamiento. Sin embargo a día de hoy la práctica totalidad de esas viviendas son hoy pisos turísticos y no residenciales y desde luego ya no están bajo la figura de protección que permitía el uso residencial por familias con una situación económica precaria, ya fueron convenios firmados bajo la irrisoria cifra de 10 años de duración pasando después los propietarios a disponer de forma libre de su uso.
Aun cuando se hayan cumplido los acuerdos del convenio, ya esto nos nos parece una pésima gestión de los fondos públicos, que además deja al barrio vendido antes la especulación y desprotegido su patrimonio, pero el caso concreto que nos ocupa además nos parece una tomadura de pelo y exigimos la corrección inmediata de esta posible malversación de fondos. Éste como tantos otros son casos que vienen siendo denunciados y exigido explicaciones tanto por Granada Laica como por la Asociación de Vecinos Bajo Albayzín desde el inicio de la puesta en marcha de estos programas de rehabilitación, aun cuando no se pudiera demostrar el enriquecimiento o afán de lucro. Nos parece de una enorme gravedad, tanto la falta de transparencia pese a la insistencia y solicitud de información por parte de los vecinos del uso de los fondos públicos que nunca fue atendida, como que este inmueble permanezca cerrado, 6 años después de la finalización de la obra.
