Natalia López y Andrés Valentín (tercera y cuarto por la izquierda) en una de las puertas de la Catedral de Jaca. Foto: L. Z.
Alto Aragón en Común ha celebrado una mesa redonda en Jaca sobre patrimonio, inmatriculaciones y bienes de dominio público
La inmatriculación de la Catedral de Jaca por parte del obispado de esta ciudad fue una de las más sonadas en 2015, pero no la única. Localidades como Aísa, Aragüés del Puerto, Bailo, Canfranc la Canal de Berdún, Biescas, Caldearenas o Yebra de Basa son otros ejemplos de inmatriculaciones de bienes. Aragón es una de las primeras comunidades que ha conseguido el listado de los 2.023 bienes inmatriculados entre 1998 y 2015, y de todas estas, más de la mitad pertenecen a las diócesis de Jaca y Barbastro. Concretamente, en la de Jaca hay un total de 319 bienes, según los datos ofrecidos por los registros de la propiedad. Pero se trata de una relación numérica de inmuebles, no nominal.
Destacan las 11 inmatriculaciones en la Canal de Berdún, 18 en Biescas, 10 en Caldearenas o las 11 de Yebra de Basa. No todos los inmuebles son lugares de culto como iglesias o ermitas, también hay tierras de culto o pequeñas edificaciones que responden a tradiciones locales, tal y como ha explicado Natalia López Ramón, de Alto Aragón en Común. Esta formación ha celebrado una mesa redonda en Jaca sobre esta cuestión. También se ha contado con la presencia de Andrés Valentín, coordinador de la Coordinadora Estatal por la Recuperación del Patrimonio Inmatriculado ‘Recuperando’.
La inmatriculación de la Catedral de Jaca por parte del obispado “fue una punta de lanza de reactivar las reivindicaciones que venían desde diferentes colectivos e instituciones para iniciar los procesos necesarios para recuperar estos bienes como patrimonio público, que entendiendo el estado como laico debería ser lo más adecuado”, ha explicado Natalia López.
Inmatriculaciones “ilícitas”
En las Comarcas de la Jacetania y Alto Gállego “hay innumerables inmatriculaciones en muchos pueblos”, que se desarrollaron “de manera ilícita durante muchos años”. Según López, esto lleva aparejado un aspecto económico “porque detrae la posibilidad de ingresos directos en muchos ayuntamientos a través de impuestos como el IBI, que son una fuente de financiación muy importante”.
Estos procesos son fruto “de una artimaña legal y de una interpretación a nuestro entender, torticera de una legislación que mantenía privilegios para la iglesia desde hace muchos años y que en la actualidad debería estar superado en un estado de derecho”, ha añadido.
Andrés Valentín ha subrayado que en los asentamientos más pequeños, es donde el número de inmatriculaciones es más altas, como ocurre en el Pirineo. “En las grandes ciudades o pueblos medianos normalmente tienen 2 ó 3, pero en pueblos de montaña es más fácil encontrar 20 ó 30 inmatriculaciones por municipio”, ha asegurado. Las razones se deben en algunos casos “para hacer negocio, pero creo que hay otra razón más permanente que es el acaparamiento, porque por ejemplo en Navarra hay muchos inmuebles en ruinas”.
Valentín ha apuntado que se han abierto negociaciones entre la jerarquía católica y el Gobierno, “que están siendo opacas”. Eso “está retrasando la publicación del listado que el Gobierno había comprometido”. En este sentido cabe recordar que el mes de agosto del año pasado el Ministerio de Justicia anunció que haría públicos los bienes registrados por la iglesia. La Coordinadora ‘Recuperando’ ha solicitado entrevistas con la vicepresidenta del Gobierno y con la ministra de Cultura “y si hay negociaciones tienen que ser con datos encima de la mesa”.
