Hoy, 3 de enero de 2019, se cumplen 40 años de la firma de los Acuerdos entre el Estado español y la Santa Sede de 1979. Cuatro acuerdos (Asuntos Jurídicos; Enseñanza y Asuntos Culturales; asistencia religiosa a las Fuerzas Armadas y el servicio militar de clérigos y religiosos; y Asuntos Económicos) que, junto con el anteriormente firmado en 1976, suponían la revisión del Concordato de 1953firmado por el Gobierno franquista bajo los principios del nacionalcatolicismo.
La vigencia de estos acuerdos y del propio concordato suponen, a día de hoy, una auténtica humillación para España, el sometimiento de la soberanía de su Estado al mantenimiento de unos anacrónicos privilegios eclesiásticos consagrados durante una de las etapas más oscuras de este país.
Incluso dando por válidas ciertas concesiones que se tuvieron que hacer en un país que pretendía superar la etapa de la dictadura tras la muerte de Franco y el alumbramiento de una nueva democracia, llama poderosamente la atención el secretismo con el que se negociaron estos acuerdos, así como la contemporaneidad de dichas negociaciones con la redacción y entrada en vigor de la Constitución española de 1978; constitución que, aún garantizando la libertad religiosa y de culto, tuvo que adaptar dos de sus artículos al encaje de todo lo contemplado en los acuerdos con el Vaticano.
Así, el artículo 16.3 de la C. E. estableció que:
Ninguna confesión religiosa tendrá carácter estatal. Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones.
Y, por otro lado, el artículo 27.3 de la C. E. que:
Los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones.
Mucho se ha tratado sobre la ambigüedad que caracteriza a estos artículos, convirtiéndolos en claros subterfugios para mantener los privilegios de la Iglesia católica, entre los que cabe destacar su sostenimiento (financiación y exenciones fiscales) y su ventajosa influencia en Educación (adoctrinamiento religioso y práctica totalidad de los conciertos educativos). Esta ambigüedad no solo ha sido aprovechada por la Iglesia en su favor, sino que, de la misma manera, los diferentes gobiernos que se han sucedido en todo este periodo han recurrido a ella para justificar su total inacción o, llegado el momento, incluso posteriores concesiones.
A la falta de voluntad política de estos últimos 40 años para la corrección de esta anomalía democrática, podemos sumar otros factores como pueden ser la falta de cultura democrática de la sociedad española, la tibieza (en el mejor de los casos) mostrada por las diferentes administraciones públicas (estatales, autonómicas y municipales) en sus relaciones con la Iglesia católica, el endurecimiento del discurso de una Iglesia, cada vez más vacía de fieles, tratando de frenar los más importantes logros sociales (matrimonio homosexual, leyes de violencia de genero, derecho a la interrupción voluntaria del embarazo, a una muerte digna…) y la aparición de un creciente discurso político retrógrado e identitario que, en lugar de apoyarse en la razón para defender su postura, sea cual sea, apela constantemente a los sentimientos y a la culpabilización de cualquier opción que suponga evolución o diversidad.
Desgraciadamente, y a pesar de que los datos confirman la existencia de una sociedad cada vez más secularizada, la actualidad política no sopla precisamente en favor de dar respuesta a esta realidad. Aún así, desde el laicismo y en aras de una sociedad plenamente democrática, se sigue reclamando la derogación de estos acuerdos y la consecución de un verdadero Estado laico en el que la neutralidad en materia religiosa no se vea empañada por la concesión de prebendas y privilegios a las diferentes confesiones religiosas. A ninguna.
Luis M. Portillo
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