Cargados con carteles contra los abusos sexuales en la Iglesia, una veintena de exalumnos del seminario menor de La Bañeza (León) y del colegio Juan XXIII de Puebla de Sanabria (Zamora) han acudido este sábado a las puertas del obispado de Astorga para protestar contra la pena canónica que el actual obispoy presidente de la comisión contra la pederastia de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Juan Antonio Menéndez, ha impuesto al sacerdote José Manuel Ramos Gordón por abusar sexualmente de al menos un niño en el colegio Juan XIII a principios de los ochenta y de otros tres en La Bañeza entre 1988 y 1989. El castigo: un año de ejercicios espirituales por los delitos de La Bañeza —tras una denuncia silenciada en 2017— y la expulsión a un monasterio fuera de la diócesis durante 10 años por el del colegio zamorano, esta última sentencia anunciada en septiembre por la diócesis.
“Las víctimas siguen viviendo una tortura y una condena. Por eso pedimos, casi dos años después de que todo siga igual, la excomunión de José Manuel Ramos. También reclamamos que sean condenados los encubridores”, han pedido en un manifiesto los exseminaristas. Hasta el momento, según fuentes del obispado, Ramos, que ha recurrido el fallo de la segunda condena, continúa viviendo en la casa sacerdotal de Astorga.
Tras leer el comunicado de espaldas al edificio episcopal, donde esa misma mañana se encontraba reunido el Nuncio Papal Renzo Fratini, los manifestantes se han dado la vuelta y han comenzado a pegar en las puertas del obispado medio centenera de carteles donde podía leerse: “Condena para los encubridores” y “Excomunión para Ramos Gordón”. Los asistentes también se han quejado de que hace dos años el obispo se comprometió a escuchar sus testimonios para tenerlos en cuenta “en las causas abiertas” contra Ramos y que, desde entonces, no han vuelto a reunirse con él. “No hemos sido informados, no sabemos nada o peor, no se ha hecho nada”, ha anunciado el portavoz, Óscar Antón, que ha subrayado que, tras las condenas a dicho cura, “ni se ha escuchado ni se ha reparado a las víctimas”.
Los concentrados han criticado la determinación de la cúpula de la iglesia española de poner al frente de la comisión antipederastia a Menéndez, persona que, según aseguran, “ha encubierto” todos los casos que le han llegado. “Nuestro temor es que [la decisión de la CEE] haya sido precisamente para que se sigan ocultando estos casos”, ha dicho Antón.
Algunos exseminaristas y víctimas, que prefieren estar en el anonimato, aseguran que el número de encubridores de los casos que acontecieron en ambos colegios es muy grande. En el caso de La Bañeza, según consta en el fallo canónico, las víctimas pusieron en conocimiento de la situación al director de entonces, Gregorio Rodríguez (hoy fallecido), y a un tutor del centro, Francisco Javier Redondo, actual vicario de Ponferrada, y estos no apartaron al sacerdote. “Todos los sabían. También el director del seminario mayor de Astorga, Julián Barrio, actual arzobispo de Santiago de Compostela. Todas las semanas se reunía con el de La Bañeza [Rodríguez] para contar todas las cosas que pasaban y no hicieron nada”, ha relatado el exalumno José Vázquez.
A la espera de otra sentencia
“Hemos venido para quedarnos. No nos vamos a marchar y a dejar que esto quede impune. Esto le ha costado sudor y lágrimas a muchas familias, que han quedado estigmatizadas para toda la vida”, ha contado visiblemente emocionado Tomás García, que recuerda, entre otras cosas, la impotencia de las familias tras conocer lo sucedido. “El día que se enteró mi padre, se marchó a trabajar al campo llorando”, ha relatado.
Entre los asistentes se encontraba Emiliano Álvarez que, según cuenta, todavía sigue esperando la resolución del juicio canónico al que se sometió tras denunciar a otro sacerdote, Ángel Sánchez, por abusos sexuales en los años setenta en La Bañeza. Álvarez denunció su caso en 2017 y la diócesis abrió un proceso canónico. El obispado no apartó al cura, que continúa al frente de la parroquia Veigamuíños (Orense). “Parece un chiste. Cada día salen más casos y no están haciendo nada. Es inaudito”, exclama Álvarez.
