La reciente reunión de urgencia establecida en el Vaticano entre el secretario del Estado Vaticano, Prieto Parolin, y la vicepresidenta del gobierno de Sánchez, Carmen Calvo, ha puesto al descubierto el momento de las relaciones Iglesia-Estado. La Iglesia española y la vaticana tratan por todos los medios de no colaborar con las autoridades civiles acerca de la exhumación de los restos del dictador y, por el contrario, de la utilización política de la exaltación de los mismos.
Sin haber habido comunicación conjunta sobre lo acordado, cada uno de los interlocutores ha dado versiones diferenciadas y contradictorias a la hora de explicarse ante la prensa, tanto de lo hablado como de lo acordado por ambas partes. Al final, el Vaticano no hace sino un regate diplomático tratando de escudarse detrás de las pretensiones de la familia del dictador.
Ha sido el “socialista” Francisco Vázquez, que fue alcalde de La Coruña y embajador en el Vaticano con el gobierno de Felipe González, quien ha calificado de “dislate absoluto” la visita de Calvo al Estado Vaticano en Roma. El tal Vázquez señala en declaraciones a la COPE (emisora propiedad de los obispos españoles) que dichas cuestiones son ajenas a la Iglesia y “que la Iglesia no tiene nada que decir”. Agregando que “el gobierno socialista de Pedro Sánchez tiene por objeto apoyar a los partidos que tienen como meta final un proceso constituyente que acabe con la Corona y la Iglesia”. Y sigue afirmando que las actuaciones, que está llevando a cabo Sánchez desde que llegó a la Moncloa, son “una pirueta que jamás le perdonará la Historia, ya que confronta las decisiones de anteriores dirigentes socialistas como Felipe González y Alfonso Guerra”.
La reunión en la cumbre parece ser que trató de la exhumación de la momia del dictador del Valle de los Caídos y la pretensión de la familia, apoyada por la Iglesia española, de llevar los restos a la Catedral de la Almudena. Así mismo, hablaron de las medidas relativas “a dar justicia a las víctimas de abusos, y prevenir estos hechos en el futuro”; forma en la que el gobierno pretende llevar a las Cortes propuestas de protección integral de la infancia, mediante un proyecto de ley, de acuerdo con la Convención de los Derechos del Niño y tratando de evitar la calificación de los crímenes de la Iglesia como crímenes de lesa humanidad.
La cooperación entre la Monarquía y la Iglesia española, entre el trono y el altar, después de la muerte de Franco, ha sido fundamental para mantener los privilegios de ambas instituciones en el congelador del tiempo, lo que ha sido poyado desde las cúpulas de los partidos mayoritarios de la izquierda. A este modelo lo llaman de “libertad religiosa”, y lo han convertido en piedra angular de la Constitución, obteniendo una y otra pingües beneficios de dicho régimen político y religioso.
Fue en el último periodo de la dictadura cuando se forjó el entramado de privilegios de que la Iglesia dispone en el régimen de la Monarquía. Nos referimos a los Acuerdos de 1976 y 1979 y a la misma Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980. Después de la Constitución, vinieron las subvenciones millonarias encadenadas a la Iglesia.
El régimen de Franco procedió desde el principio a la derogación de las principales leyes y normas promulgadas durante la Segunda República, que se fundaban en el sistema de separación mutua. En cambio, el franquismo se hacía partidario de la doctrina unionista, un régimen de estrecha unión entre la Iglesia y el Estado, cuya formulación jurídica y de principios la establecería el Concordato español con el Vaticano del 27 de agosto de 1953.
La Segunda República fue la gran ocasión perdida del laicismo y de la separación Iglesia-Estado. Las altas jerarquías de la Iglesia, obispos y cardenales, expresaron masivamente, a partir del 14 de abril, su desazón por la caída de la monarquía y su beligerancia con la instauración de la República. Haciendo recordar a sus fieles la superioridad moral de la Iglesia, dado su fin “sobrenatural”, sobre cualquier instancia política para defender la causa de Dios: “Hay que obedecer a Dios antes que a los hombres”.
Desde el Vaticano se prepararon las condiciones de la resistencia a todas las medidas laicas y democráticas de las nuevas autoridades, advirtiendo que “los derechos de la Religión están amenazados”. Insistió en la “acción conjunta” para logar que en las próximas Cortes Constituyentes se eligieran candidatos “que ofrezcan plena garantía de que defenderán los derechos de la Iglesia y el orden social”. Esta campaña directamente política, encabezada por el Cardenal Segura, le llevó a ser removido de la silla metropolitana de Toledo. Huyó de España, ante las primeras movilizaciones contra las maniobras de las altas jerarquías en defensa de los privilegios e intereses eclesiásticos, y lo hizo en dirección a Lourdes, para luego ir a parar a Roma. Le siguieron medidas de expulsión de obispos de diferentes diócesis eclesiásticas, por manifestaciones y acciones de tinte monárquico y reaccionario.
La oposición a la Constitución fraguó un bloque católico en defensa de la Iglesia, llamando a los representantes en Cortes a constituirse sobre los sacrosantos derechos de la Iglesia contra la Constitución republicana. Mientras tanto, desde el Vaticano se demandó la negociación directa con las autoridades republicanas para establecer un Convenio entre la República y la Santa Sede, con toda una serie de exigencias para mantener todo tipo de privilegios de que gozaban, oponiéndose a la votación de la ley del divorcio, además de comprometerse sobre un “Presupuesto de culto y clero.”
La separación completa entre la Iglesia y el Estado concentró todos los enfrentamientos entre la República y el Vaticano, negándose éste a aceptar que se la equiparara a las demás confesiones religiosas. Las medidas contra los manejos de las órdenes religiosas, que llevaron a su disolución por las autoridades -entre ellas, la Compañía de Jesús- y a la nacionalización de sus bienes, fueron un momento de ese proceso. Las disposiciones republicanas sobre la laicidad en la enseñanza, la ley del divorcio, y la supresión de la dotación del culto y el clero, fueron motivo de la definitiva ruptura. El obispo de Barcelona, Dr. Irurita, expresa esta ruptura de la Iglesia con la República de manera clara: “¡Oh políticos impíos! No os levantéis contra Dios, porque Dios entonces os aplastará y quebrará como vaso de barro. No guerreéis contra Cristo y su Iglesia, no persigáis su reino en la familia por el divorcio y el amor libre, en la escuela por la enseñanza laica, en la sociedad por las leyes impías…, pues ha de llegar un día en que habréis de comparecer ante ese Rey victorioso, Juez de vivos y muertos, el cual tomará venganza de vosotros, arrojándoos por los despeñaderos del infierno”.
Fue el episcopado, respaldado por el Vaticano, con su actitud beligerante el que contribuyó a crear entre los católicos la necesidad de un alzamiento nacional en forma de “Cruzada” para mantener sus privilegios, y con ellos los de los sectores sociales explotadores y opresores de la sociedad. Primero, fomentando el vuelco electoral hacia la derecha de 1933, y más tarde, instigando el golpismo militar y fomentando desde los púlpitos la preparación de las mismas condiciones de la guerra civil en 1936 y su financiación.
Valgan estas notas parciales para refrescar la memoria histórica acerca de cómo el Estado Vaticano está dispuesto a todo para defender sus privilegios y fortunas frente a las aspiraciones democráticas de los trabajadores y los pueblos.
