El monumento a los Caídos de Pamplona propicia debates sobre la historia reciente, y también sobre los límites de la libertad de expresión. La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica y la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz celebra se verán las caras en los tribunales. La asociación memorialista registró un escrito el pasado 19 de octubre en la Fiscalía Superior de Navarra contra la agrupación filofranquista ante la posible ilegalidad de las misas que la cada 19 de mes, en conmemoración del triunfo del golpe de Estado de julio de 1936.
La denuncia se produce días antes de que los próximos 14 y 15 de noviembre sean juzgados Clemente Bernard y Carolina Martínez por realizar un documental sobre el edificio. Los dos cineastas procesados son los autores de A sus muertos, que se proyectó en unas jornadas celebradas en enero de 2017 por el colectivo memorialista ZER bajo el título “¿Qué hacemos con el Monumento a los Caídos?”. Una pregunta que precisamente se hace Pamplona con el concurso de ideas convocado por el Ayuntamiento para decidir qué hacer con el edificio, que podría incluso ser derribado.
Esa denuncia la interpuso la propia Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz, que es una organización que hace apología del franquismo, creada en 1939 por excombatientes requetés para “mantener íntegramente y con agresividad si fuera preciso, el espíritu que llevó a Navarra a la Cruzada por Dios y por España”, según sus estatutos.
Denuncias cruzadas sobre cuestiones similares, pero desde puntos de vista muy diferentes. En su texto, la asociación memorialista utiliza como base legal el artículo 510 del Código Penal por un presunto delito de odio. Asimismo, recurren al artículo 515.4, que dispone que son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración las que fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o violencia contra personas, grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza, o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o discapacidad”.
Emilio Silva, presidente de la Asociación por la Recuperación de la Memoria Histórica, denuncia que las declaraciones del prior de la Hermandad “son profranquistas puras”, y asegura que el caso “tiene similitudes con el valle de los Caídos: es una propiedad pública, convertida en parte en una basílica”. En su opinión, “aunque las actividades que se desarrollen dentro puedan ser constitutivas de delito, se realizan casi en suelo diplomático, por los acuerdos Iglesia-Estado en España”.
Silva, de 52 años y natural de Elizondo, destaca que la ley de Memoria censura en su artículo 16 la exaltación del franquismo en el valle de los Caídos. “Aunque se permite continuamente, lo hemos visto este verano, incluso delante de agentes de la Policía”, en su opinión es algo similar a lo que ocurre en las misas de Pamplona: “La misa mensual enaltece a responsables del golpe y la represión, como (el general Emilio) Mola”.
El presidente de la asociación memorialista recuerda que en Navarra se produjeron “más de 3.000 asesinatos sin que hubiera ningún frente de guerra; por odio y discriminación”. “Si fuera un acto de enaltecimiento del terrorismo, la Fiscalía actuaría de oficio. Pero las víctimas del franquismo no tienen esa protección”, denuncia.
Y tampoco parece protegerse la libertad de expresión y de investigación de los cineastas Clemente Bernard y Carolina Martínez, pues la Fiscalía pide para ellos dos años de prisión y una multa de 12.000 euros por un supuesto delito de “revelación de secretos” tipificado en el artículo 197.1 del Código Penal. La acusación particular eleva la petición a 2 años y 6 meses de prisión.
Tal y como denuncia la asociación memorialista, la Hermandad celebra misas los días 19 de cada mes para conmemorar el golpe de Estado en Navarra de 1936 y en honor de los militares golpistas Mola y Sanjurjo, cuyos cuerpos estuvieron enterrados en la Cripta del Monumento a los Caídos hasta su exhumación en noviembre de 2016 en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica.
La asociación memorialista recalca en su escrito de denuncia a la Fiscalía que el día 19 de julio de 1936 fue inicio también “de una terrible matanza de civiles, la detención ilegal de opositores, la imposición violenta de una doctrina, y fecha en la que el general Emilio Mola, director del golpe, hizo públicas sus instrucciones que amparaban el asesinato de civiles, la detención ilegal de miles de personas y la incautación de bienes”.
Silva denuncia también que la asociación “cambió sus estatutos al tiempo que el Congreso de los Diputados elaboraba la Ley de la Memoria Histórica para protegerse ante posibles denuncias”, y que dedica sus actos “al enaltecimiento de un grupo de golpistas que encabezaron la mayor acción terrorista que se ha llevado a cabo en la historia del Estado español”. Tal agresión a las víctimas de la dictadura “sobrepasa el marco de la libertad de expresión, y tiene el agravante de celebrarse en un edificio de propiedad pública, amparado por la jerarquía de la iglesia católica navarra”.
A pesar de la “falta de transparencia” de la Hermandad, Silva asegura que en el año 2006 el Prior de la Hermandad definió el significado de la pertenencia a la Hermandad de Caballeros Voluntarios de la Cruz como un ejercicio de “continuidad y fidelidad al espíritu y a los ideales de quienes dieron su vida por defender la fe y el Reino de Dios en el alzamiento de 1936” además de definir su labor como una lucha “con diligencia, tenacidad y valentía contra la irreligión, el laicismo y secularismo, la corrupción moral, de acuerdo con las enseñanzas de la Iglesia, dispuestos a sufrir persecuciones, recordando siempre el espíritu de nuestros santos y mártires”.
Por esas razones la asociación memorialista, tiene “serias dudas acerca de la legalidad de tales actos que podrían estar vulnerando la legislación destinada a la protección de las víctimas de graves delitos como la desaparición forzada, así como los límites de incitación al odio de un grupo determinado”.
El Parlamento de Navarra se pronunció al respecto el 5 de febrero de 2015, cuando instó al Arzobispado a que “impida cualquier tipo de celebración, religiosa o de cualquier otra índole, que guarden relación con actos propios del levantamiento golpista de 1936 en la cripta de su propiedad”. Efectivamente, el monumento a los Caídos es un espacio público, que fue donado por el Arzobispado al ayuntamiento de Pamplona en 1997, pero en el preacuerdo, la Iglesia se reservó el derecho de la cripta central. Los tribunales tendrán la última palabra.
