La Asociación de Abogados Cristianos imputa al actor un delito contra los sentimientos religiosos y le suma otro de obstrucción a la Justicia por la detención
La primera petición de pena contra Willy Toledo estará en breve sobre la mesa. La Asociación Española de Abogados Cristianos, que impulsa la causa, tiene previsto pedir que se le imponga al actor una pena de 22 meses de multa por un delito contra los sentimientos religiosos y otro de obstrucción a la justicia, según ha informado la presidenta del colectivo, Polonia Castellanos, que termina este miércoles el escrito de acusación que trasladarán al Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid. Un documento que se presentará después de que el magistrado instructor decidiese procesar la pasada semana al intérprete por cagarse en Dios y en la Virgen María.
La causa abierta contra Toledo se basa en dos mensajes publicados en Facebook el 5 de julio de 2017, en los que criticaba la apertura de juicio oral contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina en Sevilla. En ellos, afirmaba: “Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de la santísima y virginidad de la Virgen María” [sic] y “Me cago en la Virgen del Pilar y me cago en todo lo que se menea”. Ambas frases, según mantenía el juez en el escrito de procesamiento, son “potencialmente ofensivas para le religión católica y sus practicantes”, además de estar “desprovistas de todo sentido crítico”.
Más allá de la valoración del magistrado, el enfrentamiento entre el actor y la asociación de letrados ha llevado a la primera línea del escenario público un delito previsto en el artículo 525 del Código Penal, que contempla multas de ocho a doce meses. En esa idea, precisamente, incidió el intérprete tras quedar en libertad después de su detención el 13 de septiembre, cuando el juez ordenó su arresto por no presentarse ante el instructor en las dos ocasiones en las que fue llamado a declarar por la denuncia. “Estoy haciendo lo que tengo que hacer: llamar la atención”, dijo Toledo, antes de añadir: “Acataré la sentencia, pero es fundamental que se genere un debate en este país para decidir si es democrático que haya estos artículos en el Código Penal”.
Unidos Podemos, muy crítico con este precepto legislativo, ha pedido al Gobierno que impulse la derogación del artículo 525 del Código Penal. Ione Belarra, portavoz adjunta en el Congreso, la calificó como otra “ley mordaza”. Y el líder de la coalición de izquierdas, Pablo Iglesias, consideró que en España “seguimos teniendo leyes del siglo XVI”.
