La alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha afirmado hoy que elevará al Gobierno central y a la Junta de Andalucía el informe de una comisión de expertos que defiende que el templo «nunca» fue propiedad de la Iglesia y que plantea recurrir al Tribunal Constitucional (TC) la inmatriculación del 2006.
En rueda de prensa, durante la presentación del informe junto a los expertos que han elaborado el mismo, la alcaldesa ha manifestado que es necesario «tiempo» para analizar el contenido del escrito y tomar decisiones al respecto, si bien se remitirá al resto de administraciones para que lo tengan en consideración.
Ambrosio ha agradecido el «esfuerzo» de los expertos que han participado en la elaboración del informe y ha asegurado que su encargo por parte del Ayuntamiento se debió a la necesidad de «buscar nuevas vías» para defender la titularidad pública del monumento.
Ha añadido que el Ayuntamiento «no se podría quedar de perfil» ante la situación y que sería una «irresponsabilidad» no hacer todo lo posible por revertir la situación actual con la que la ciudadanía cordobesa «no se siente cómoda».
Por su parte, el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza ha apuntado que con el informe queda «demostrado» que la Iglesia Católica «nunca» ha sido propietaria de la Mezquita-Catedral y que la inmatriculación realizada en 2006 fue «indebida».
Mayor Zaragoza ha defendido que admitir la titularidad privada del inmueble sería ir contra el «dictamen de la UNESCO de 1984» de declarar a la Mezquita-Catedral «como Patrimonio de la Humanidad», declaración que partía «de su consideración de bien público».
Además, ha asegurado que el Cabildo de Córdoba «no tiene ningún documento» en su Archivo Histórico «que demuestre que el bien es de su propiedad» y que el Ayuntamiento está en su «perfecto derecho» y razones «históricas» para reclamar que sea de titularidad pública.
Por su lado, Alberto García Sanjuan, historiador y profesor de la Universidad de Huelva, ha defendido el «rigor» del informe basado en numerosos «indicios» y «evidencias» históricas que demuestran que la titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba «nunca» fue de la Iglesia.
Entre ellas, ha aludido a que «nunca hubo donación expresa» del rey Fernando III tras la conquista de Córdoba en 1236, el edificio cuenta con espacios de «propiedad real» y que el Cabildo en diferentes épocas no actuó sobre el inmueble argumentado que «era de propiedad estatal».
Mayor Zaragoza ha expuesto «evidentemente» los aspectos jurídicos del informe han sido elaborados por Carmen Calvo, actual vicepresidenta del Gobierno y que dejó de formar parte de la comisión de expertos tras ser designada como miembro del Ejecutivo del Gobierno de España.
La principal recomendación jurídica que hace el informe es «recabar los apoyos parlamentarios» para presentar un «Recurso de Inconstitucionalidad» ante el Tribunal Constitucional (TC) que «anule» la inmatriculación del 2006.
Los expertos recomiendan anular las inmatriculaciones con un recurso al Constitucional
La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, ideó la propuesta jurídica para recuperar los bienes registrados por la Iglesia
La comisión de expertos encargada de evaluar la situación de la Mezquita de Córdoba —declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1984— propone al Gobierno que interponga un recurso de inconstitucionalidad contra la reforma que el Ejecutivo de José María Aznar decretó para facilitar miles de inmatriculaciones de templos ejecutadas por la Iglesia entre 1998 y 2015, y así lograr anularlas.
«El mecanismo jurídico más apropiado sería el de recabar apoyos parlamentarios necesarios para el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional», señala el dictamen de los expertos, con el ex director general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza a la cabeza, dado a conocer este sábado. La vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, formuló esta propuesta como catedrática de Derecho Constitucional durante los nueve meses que formó parte de la comisión de expertos, antes de integrarse en el Gobierno de Pedro Sánchez el pasado junio.
Los tres expertos —tras la retirada de Calvo— hacen un recorrido histórico por el valor artístico del monumento y su propiedad, antes de aclarar que la Mezquita es de todos los ciudadanos: “La Iglesia católica no es propietaria, ni tiene título válido de propiedad, por lo que la inmatriculación a su nombre no debió producirse y no tiene validez jurídica”, zanjan sobre el hecho de que el clero se apropiara del monumento en 2006, 12 siglos después de su creación.
La iniciativa de un recurso ante el Tribunal Constitucional ya fue planteada por las plataformas ciudadanas en 2015 ante el Congreso y el Parlamento andaluz, Cámaras en las que animaron a los diputados a romper la disciplina de voto de sus partidos, ya que tanto el PP como el PSOE evitaron apoyar esta iniciativa para no perjudicar al clero. «¿Cómo es posible que nuestros demócratas representantes permanezcan impasibles?», preguntaron entonces las plataformas a los diputados. Los socialistas han tardado tres años y medio en cambiar de parecer y al respecto la alcaldesa de Córdoba, Isabel Ambrosio (PSOE), ha alegado este sábado: “La realidad es distinta ahora y sería una irresponsabilidad no llegar hasta el final”.
Durante la presentación del informe, Mayor Zaragoza ha asegurado que el Papa Francisco está de acuerdo con “volver a la situación anterior” a 2006, año en el que la Conferencia Episcopal inmatriculó la Mezquita. Por tanto, Roma vería con buenos ojos revertir la adquisición a cambio de 30 euros que llevó a cabo la Iglesia, según Mayor Zaragoza. El informe concluye con severidad sobre el monumento surgido en el siglo VIII: “La comisión considera injusta y lesiva para los ciudadanos la situación actual”. Y añaden los expertos: “La inmatriculación rompe el principio básico de igualdad ante la ley vigente en la Constitución de 1978: la inscripción se realizó sin demostrar la propiedad y equiparaba a la autoridad eclesiástica con fedatarios públicos”.
En paralelo, los expertos cuestionan dos aspectos clave de la Mezquita: su gestión y la supuesta mala praxis por parte del Registro de Córdoba que permitió la inmatriculación del bien sin demasiado trabajo. “El comité considera que cuando la Iglesia inmatriculó la Mezquita, el registro incurrió en una omisión del deber de comprobación, lo que anula la validez de la inscripción”, detalla. En paralelo, los historiadores proponen instaurar un modelo de gestión moderno —como el desarrollado en la Alhambra, con un patronato que vela por el monumento nazarí— y dejar atrás el actual modelo de gestión que busca minimizar el pasado como centro de culto islámico, “conforme a modelos del siglo XIX”, censura el documento, de 20 páginas.
El Cabildo Catedral de Córdoba niega la mayor y rebate a los historiadores: “Numerosas instancias judiciales y de la Administración han reconocido que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral es propiedad de la Iglesia desde 1236”, según un comunicado de respuesta a los expertos. La Iglesia destaca que el Ministerio de Hacienda señaló en un informe de 2014 que la Mezquita no constaba en el inventario de Bienes y Derechos del Estado.
El clero entiende que la Abogacía del Estado dio por hecho que cuando Fernando III conquistó Córdoba en 1236, decidió que la Mezquita fuera convertida en catedral de la ciudad andaluza y desde entonces “gestiona la misma”. Sin embargo, el matiz que destacan los historiadores es que dicha gestión no implicaba el título necesario para acreditar la propiedad del edificio.
En su comunicado, el Cabildo tilda las inmatriculaciones de “falsa polémica” y ataca a Mayor Zaragoza y a los dos historiadores de las Universidades de Huelva y Córdoba, Alejandro García Sanjuan y Juan Bautista Carpio, al acusarles de ofrecer conclusiones con “argumentos puramente ideológicos” y no jurídicos.
El Cabildo se pronuncia: «Numerosas instancias han reconocido que la Mezquita-Catedral es de la Iglesia»
Critica el informe del Ayuntamiento: «No ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública»
La respuesta del Cabildo Catedralício ante el informe elaborado por el Ayuntamiento de Córdoba respecto a la propiedad del Conjunto Monumental Mezquita-Catedral de Córdoba no se ha hecho esperar. En un comunicado, dicha institución ha señalado que numerosas instancias judiciales y de la administración «han reconocido» que la Mezquita-Catedral «es propiedad de la iglesia desde 1236».
En este sentido, recuerda que en 2014 la Dirección General de Patrimonio del Ministerio de Hacienda señaló en un informe que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba «no consta en el inventario de Bienes y Derechos del Estado».
En ese sentido, la Dirección General de Patrimonio recoge que «la Abogacía del Estado ya señala que nadie cuestiona que Fernando III el Santo, tras la conquista de Córdoba en el año 1236, decide que la Mezquita sea consagrada y convertida en Catedral de la ciudad, y desde entonces la Iglesia es quien gestiona la misma, si bien colaborando con la misma en su conservación y mantenimiento, ya en la época moderna tanto el Estado como otras administraciones públicas, y ello dada su condición de bien de patrimonio histórico (…) así resulta de otros documentos incorporados al expediente del Convenio de Colaboración suscrito entre la Junta de Andalucía y el Cabildo Catedralicio el 19 de diciembre de 1991, en el cual se reconoce al Cabildo como titular del monumento, que se cita como «Catedral de Córdoba, antigua Mezquita»».
Al Cabildo le llama la atención «que este documento presentado hoy incida en que el Ayuntamiento puede reclamar la propiedad del templo cuando un informe de la asesoría legal del propio Consistorio reconoce que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral nunca ha formado parte del inventario de bienes del Ayuntamiento de Córdoba».
Además, añade que «el juzgado de Instrucción número 6 de Córdoba reconoció en junio de 2015 que el Conjunto Monumental Mezquita Catedral de Córdoba es propiedad de la Iglesia desde 1236, y desde entonces, ha sido poseída por la Iglesia Católica de manera pública, pacífica e ininterrumpida».
Sin fuentes documentales ni argumentos
El Cabildo recuerda también que a nivel internacional, «la Comisión Europea se pronunció en 2016 afirmando que no existe base legal para intervenir y se remitió a la legislación nacional en aquellas cuestiones relacionadas con la propiedad del templo, que reconoce que el propietario del Conjunto Monumental Mezquita Catedral es la Iglesia Católica».
«El informe no ofrece argumentos jurídicos que avalen la tesis que sostiene que el templo era de propiedad pública y basa sus conclusiones en argumentos puramente ideológicos. Del mismo modo, tampoco aporta fuentes documentales sobre “el conjunto de realidades” en los que basan sus hipótesis», apunta el ente eclesiástico en su respuesta.
Por último, el Cabildo Catedral hace un «llamamiento a la responsabilidad a los políticos e instituciones para que no alimenten esta falsa polémica que solo genera división entre la población y que supone un ataque a la comunidad católica de Córdoba, que tiene derecho, como toda comunidad católica en cualquier parte del mundo a tener su propia Catedral como lugar referente de culto de toda la comunidad diocesana».
Informe completo: Informe expertos titularidad mezquita Córdoba 2018
