El Ayuntamiento de Godella aprobó en pleno una moción por la que busca obligar a la Iglesia Católica y demás confesiones religiosas a pagar el Impuesto de Bienes Inmuebles. Ya en este ejercicio, con una retroactividad de cuatro años, se facturará el IBI en aquellos locales en los que se realicen actividades económicas lucrativas, identificados mediante la elaboración de un censo de bienes registrados a nombre de la Iglesia y otras confesiones. Más a largo plazo, el Ayuntamiento busca instar al gobierno del Estado a revisar el acuerdo vigente con la Santa Sede y las demás leyes que regularizan estas exenciones.
El grupo Canviem Entre Tots lanzó esta medida en referencia a la proposición no de ley que Unidos Podemos presentó en el Congreso de los Diputados en 2017 para suprimir los privilegios fiscales de la Iglesia. CET valoraba como «inadmisible» que «confesiones religiosas sigan disfrutando de beneficios» frente al esfuerzo exigido a todos los ciudadanos. Fue aprobada en el pleno del pasado jueves con los votos a favor de Compromís, PSPV y EU y la negativa de Ciudadanos y el PP.
