La recurrente conflictividad planteada por el Gobierno de la Generalitat de Cataluña a propósito del reparto del 0,7 % de la casilla de fines de interés social del IRPF, ha alcanzado su clímax con la sentencia del Tribunal Constitucional de enero de 2017 (STC 9/2017, de 19 de enero). En ella, declara inconstitucional tanto la convocatoria de las subvenciones en materia de asistencia social, como la ejecución, tramitación y resolución de éstas. Asimismo, exige al Estado que “…aborde sin demora la modificación del marco regulador de estas subvenciones, a fin de acomodarlo para futuras convocatorias…”.
Desde ese mismo momento las entidades agrupadas en la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social comenzaron a presionar al Gobierno del PP intuyendo que la descentralización de dichas subvenciones dejaría desasistido lo que ellas denominan los “programas estatales” de las ONG de escala nacional, del tipo de Cáritas o Manos Unidas. Ni que decir tiene que en esta presión han jugado un papel fundamental las entidades ligadas a la Iglesia católica (Ic), pues succionan entre el 30% y el 40 % de dichas subvenciones.
Al acorralado y antisocial Gobierno del Partido Popular, en una muestra de “generosidad”, no se le ha ocurrido otra cosa que sacarse de la manga una casilla, con otro 0,7 % de la cuota íntegra, pero esta vez en el Impuesto sobre Sociedades (IS, en adelante), y articularlo como Disposición adicional nonagésima tercera. Asignación de cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social, en los Presupuestos Generales del Estado para 2018. Ello supone que no sólo se asignarán las cantidades que correspondan por el 0,7 % del IRPF de interés social a las Comunidades Autónomas por una vía, sino que también por la nueva vía se asignará de manera centralizada otro 0,7 %, que “en todo caso se destinarán a financiar proyectos de entidades de ámbito estatal”.
Esto no significa que dichas entidades no puedan recibir también fondos “descentralizados” correspondientes a la casilla del IRPF, que ciertamente recibirán, sino que deberán gestionarse y concederse por las Comunidades Autónomas. De hecho estos fondos procedentes de la casilla del IRPF de interés social, específicamente el 80 %, quedarán en manos de las CCAA, dado que el otro 20 % se seguirá distribuyendo por la Administración Central.
Como es lógico, a la CEOE la nueva casilla no le ha preocupado en absoluto, puesto que las empresas no ponen ni un solo euro de su bolsillo. Como reconoce la patronal, no lo han pedido, pero no les parece mal esta propuesta del Tercer Sector de Acción Social y del Gobierno: en un momento en que las grandes empresas están tan necesitadas de un “suplemento” ético y social, por decirlo suavemente, la apariencia de respetabilidad y compromiso social que les puede otorgar esta nueva casilla puede ser incluso una buena herramienta de mercadotecnia e influir positivamente en sus cuentas de resultados.
Anticipar un cálculo está sometido a incertidumbre debido tanto a la estimación de la recaudación del IS, como a la estimación de cuántas empresas marcarían la casilla, pero con una cuota íntegra del impuesto, en 2015, de 30.609 M€, se hubiera alcanzado un máximo, si todas las empresas la hubieran marcado, de 214 M€. Una estimación más realista, situaría la asignación entre 100 M€ y 200 M€, dada la recuperación que las cuentas empresariales están teniendo en este contexto de bonanza macroeconómica (al parecer sólo macro), aunque no es descartable una recaudación bastante mayor si se incrementara considerablemente la base imponible.
En todo caso, esta nueva modalidad de desviación de los recursos públicos no es de recibo por muchos motivos, permanentemente denunciados por Europa Laica: a) porque l@s empresari@s no aportarán ni un solo euro de su bolsillo; b) porque, asimismo, ést@s dispondrán del privilegio de decidir la finalidad del 0,7 % del IS, privilegio del que no disponemos el resto de ciudadan@s; c) porque se hurta al Parlamento la posibilidad de discutir, con luz y taquígrafos, el destino de una cantidad importante de dinero público, con comisiones presupuestarias, discusiones y prioridades en función del interés general, lo cual permitirá seguir alimentando el clientelismo entre las grandes ONG, entre las cuales las de la Ic ocupan un papel destacado; d) porque la filosofía política que subyace es asistencialista, en la que la caridad y el esfuerzo individual substituye a los derechos sociales reconocidos en la Constitución y reconocidos por el Estado, con la consiguiente deslegitimación del Estado y de la misma democracia. ¿Si las ONG y la Iglesia resuelven los problemas sociales y asistenciales, para qué necesitamos al Estado de Derecho y la democracia?
Es cierto que con la crisis económica y financiera la recaudación de Sociedades se ha reducido a la mitad entre 2007 y 2016, ingresando este último año sólo 25.582 M€. Pero a pesar de que los beneficios han recuperado los niveles de 2006, el cúmulo de bonificaciones fiscales ha reducido tanto la base imponible (las ganancias por las que tributan) que ésta es aún un 33 % menor que el citado año. Así pues, como reconoció Hacienda, el tipo efectivo del impuesto es del ¡7,3 %! para las grandes empresas, para el resto de compañías fue del 12,2 % en 2015 y todo ello muy lejos del tipo nominal de entonces, el 28 %, que fue reducido por el gobierno del PP al 25 %.
Como señalaba el ex ministro Montoro, con evidente cinismo: “A ustedes, las grandes empresas, les conviene tributar más porque si no, esto de la cohesión social no se sostiene”. Con ello, sin quererlo, ponía el dedo en la llaga de una relación causal evidente: sin una tributación adecuada no puede haber servicios sociales ni cohesión social. Y de esto sabemos mucho en España, un país cuyo gasto público en 2017 supuso el 41 % del PIB, 1,2 puntos menos que el año anterior, que fue el 42,2 % y muy lejos del 48 % de 2012. De hecho, este porcentaje del PIB en 2017 ha supuesto el descenso hasta el puesto 45, entre 189 países, en el ranking de Gasto Público.
Con todo, el ya extinto Gobierno del PP, previó reducir el Gasto Público para el presente ejercicio hasta el 40,5 % del PIB, así como seguir reduciéndolo hasta 2021 a un exiguo 38,5 % del PIB, con lo que pretendía completar la demolición del ya jibarizado Estado de Bienestar en nuestro país.
Esta digresión relacionando las empresas, la economía y las necesidades sociales tiene mucho sentido, pues muestra que la fiscalidad a la que están sometidas las empresas en general, y las grandes en particular, está muy por debajo del esfuerzo medio que se exige a l@s ciudadan@s a través del IRPF, dejando aparte la gran bolsa de economía sumergida, y por tanto hay un gran margen recaudatorio. Además, los gobiernos democráticos que se preocupan por el interés general (la res publica) deben asumir el Gasto Público como cumplimiento de los derechos sociales reconocidos por los Estados constitucionales, si quieren legitimar la democracia y promover sociedades con una cierta cohesión social. Si no, ¿qué significado tiene la definición constitucional de que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho?
Por eso creo que, en el actual contexto político español, sería necesario que el actual Gobierno del PSOE dejara sin efecto la citada Disposición adicional en los Presupuestos de 2018, por la que se asigna cantidades a actividades de interés social y se crea una casilla en este sentido en el Impuesto sobre Sociedades. El precedente que con ello se crea no sólo es tremendamente negativo, sino que tendría efectos de permanencia que posteriormente resultaría difícil erradicar. En demasiadas ocasiones hemos conocido declaraciones de dirigentes políticos socialistas lamentando no haber previsto los efectos perniciosos de determinadas iniciativas, y no haber actuado en consecuencia (colegios concertados, fundaciones sanitarias, por poner dos ejemplos). Este es el momento de enderezar el entuerto de la casilla en el IS.
Propongo, no obstante, para que esta propuesta no suponga merma en la atención de las necesidades sociales, sanitarias o de igualdad, que las cantidades que correspondieran por este concepto (entre 150 y 200 M€) se consignen en los Presupuestos Generales del Estado para 2018, a disposición de dichos conceptos presupuestarios, y se asignen de acuerdo a criterios de interés general, en función de la evaluación de las necesidades, mediante la dinámica de la discusión y tramitación parlamentaria.
Cabe finalmente realizar algunas consideraciones en torno al denominado Tercer Sector de Acción Social (TSAS), beneficiario en todo caso de esta iniciativa política. La propaganda puesta en marcha por la autodenominada “X Solidaria” utiliza tres falacias que causan sonrojo: 1) Si no marcas, muchos necesitados se quedarían sin ayudas. Esta afirmación oculta que las entidades agrupadas en el TSAS manejó en 2013 unos ingresos de 14.470 M€ (últimos datos oficialmente en la Memoria de 2015), cifra 70 veces mayor de lo que se obtendría de la casilla del IS; 2) no marcar la X es adoptar una actitud pasiva, y dejar que sea el Estado quien decida el destino de esa parte de los impuestos. En esta época de ataque neoliberal a todo lo público y de privatizaciones y desregulaciones a ultranza, las ONG apuestan claramente por la privatización de las actividades de interés social y piensan que dejar que el Estado provea a la ciudadanía de los derechos sociales es peligroso, demostrando que su política no se alinea con el mandato constitucional de que España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho; 3) por último afirman que marcando las dos casillas en el IRPF (la de la Iglesia y la de interés social) podrás ayudar el doble. Como venimos demostrando reiteradamente desde Europa Laica, los fondos que se corresponden con la casilla de la Iglesia católica no tienen nada que ver con el “interés social”, sino con la ayuda descarada a una confesión religiosa particular, para pagar su culto, su clero, sus estructuras jerárquicas y sus cuantiosos medios de agitación y propaganda.
No pretendo que las ONG comprendan las razones de mi crítica, máxime cuando el 55 % de sus ingresos depende en gran medida de los recursos públicos (Gobiernos autonómicos, Ayuntamientos, Admón. Gral. del Estado, convenios, subvenciones, contratos públicos o Unión Europea), pero sí sería exigible, al menos, una publicidad fiel a la verdad y ajena a ciertos planteamientos de mercadotecnia. En todo caso, lo urgente ahora, desde una perspectiva política, es enmendar el desaguisado realizado por el Gobierno del PP y dejar sin efecto, por las razones arriba apuntadas, la Disposición adicional nonagésima tercera, por la que se asignan cantidades a actividades de interés general consideradas de interés social. Aún se está a tiempo de tomar esa iniciativa política.
Enrique Ruiz del Rosal
