La ratificación de una Convención Interamericana sancionaría a los ciudadanos por pensar u opinar diferente a otro.
Vamos a perder la libertad de expresión de una manera rotunda», explicó Adolfo Apodaca, coordinador de la plataforma Primero Bolivia. Debido a que la Asamblea Legislativa Plurinacional de Bolivia, aprobó el proyecto de Ley 381 que ratifica la firma de las Convenciones aprobadas por la Organización de Estados Americanos (OEA) «Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia» y «Convención Interamericana contra el racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia”. El proyecto se aprobó en la Cámara de Diputados y pasó al Senado en febrero de 2017. Actualmente, se encuentra en trámite en la Cámara de Senadores de Bolivia.
Detalle. La convención interamericana crea un supra derecho llamado “intolerancia”, que está por encima de los cuatro fundamentales derechos del ser humano que son: derecho a la libre expresión, derecho a la libertad de conciencia, derecho a la libertad de culto y derecho a la libertad de educación.
El supra derecho.
El Art. 1 parágrafo 5, de la Convención Interamericana, señala que la intolerancia es el acto o conjunto de actos o manifestaciones que expresan el irrespeto, rechazo o desprecio de la dignidad, características, convicciones u opiniones de los seres humanos por ser diferentes o contrarias. Además, el Art. 4 de esta normativa señala que, los Estados se comprometen a prevenir, eliminar, prohibir y sancionar, de acuerdo con sus normas constitucionales y con las disposiciones de esta convención, todos los actos y manifestaciones de discriminación e intolerancia. “Basándose en el lenguaje claro y sencillo de la convención, en caso de ser adoptada, el Estado tendría el poder de imponer una pena o sancionar a alguien solo por expresar sus diferencias o desacuerdos con las opiniones de otras personas”, dijo Apodaca.
Además, esta convención contraviene con nuestra propia Constitución Política del Estado (CPE), que en el Art. 21 parágrafo 5, indica que los bolivianos tenemos derecho a expresar y difundir libremente pensamientos u opiniones por cualquier medio de comunicación, de forma oral, escrita o visual, individual o colectiva. Pero esta convención dice que cualquier acto, expresión, convicción, u opinión política deberá ser controlada o vigilada para que se evite la intolerancia o la discriminación.
“Entonces, los redactores de esta convención proponen que no solo deberían todos ser libres para actuar como quisieran, sino que sin importar lo que hicieran, deberían estar libres de cualquier crítica o desacuerdo, que otra persona pueda tener a causa de sus acciones u opiniones”
Por tal motivo, esta disposición es una amenaza, no solo para la libertad de expresión, sino también para los cimientos de una sociedad democrática. Porque debemos escuchar y respetar las opiniones contrarias, aprender de otros y llegar a un consenso que respete varios puntos de vista.
Primer país en ratificar.
Adolfo Apodaca manifestó que ninguno de los 35 Estados que conforman La Organización de Estados Americanos, ha ratificado esta convención, Bolivia pretende ser el primer país.
Esto ha generado la preocupación de algunos sectores de la sociedad, que observan este documento por las posiciones atentatorias de estas convenciones, al ser posible que otros derechos fundamentales se vean mermados, en su armónico ejercicio.
Proceso.
El proyecto de ley 381, que ratifica la convención Interamericana, ya ha sido aprobada por la Cámara de Diputados. Actualmente, se encuentra en trámite en la Cámara de Senadores de Bolivia.
Medidas preventivas. Los representantes de las diferentes plataformas han pedido un informe por escrito a la Asamblea Legislativa Plurinacional y además una audiencia pública para que se explique la repercusión y el impacto social que tendría la aplicación de esta normativa en nuestro país.
«Este gobierno es astuto para distraer a la población y aprobar leyes que le convienen». Hasta el momento ninguna autoridad competente ha brindado una respuesta sobre este tema.
«Realizaremos todas las acciones legales que sean necesarias y si no somos escuchados, saldremos a manifestarnos a las calles, porque consideramos que esto no puede ser aprobado», puntualizó Apodaca.
