La máxima instancia administrativa considera que el gesto de la mujer argelina, casada con un francés, «demuestra su falta de integración»
La campaña de algunos gobiernos centroeuropeos contra la presunta complacencia occidental hacia ciertas prácticas de la inmigración musulmana no es del todo justa. El Consejo de Estado francés, la máxima instancia judicial administrativa, acaba de denegar la nacionalidad a una argelina por negarse a estrechar la mano de los representantes de la nación durante una ceremonia de naturalización. La Justicia considera que ese gesto de descortesía, en un momento tan solemne y en un lugar tan simbólico como la Alcaldía, es una razón «que impide que esa persona pueda ser considerada como asimilada a la comunidad francesa».
Los hechos tuvieron lugar en Isère, en el este de Francia, en junio de 2016. La mujer, una argelina musulmana casada en 2010 con un ciudadano francés, se negó expresamente a dar la mano al representante del Estado y a otro alto funcionario, alegando «razones religiosas». En la Sharía, la estricta ley islámica, la mujer solo puede tener contacto físico, por ligero que sea, con su marido o con sus parientes.
Un decreto del primer ministro francés de abril del año pasado confirmó la denegación de la ciudadanía francesa a la mujer, amparándose en un artículo del Código civil. La argelina recurrió ante la Justicia, y ahora el Consejo de Estado ha dado la razón al primer ministro. «No hubo abuso de poder», dice el tribunal, que considera que el primer ministro hizo una buena interpretación de la ley, y que la aspirante a la ciudadanía ha demostrado tener «problemas de integración» con el país que quiere hacer suyo.
«Tras estimar que tal comportamiento, en un lugar y en un momento tan simbólicos, reveló una falta de asimilación, el primer ministro no hizo una aplicación inexacta de las disposiciones del artículo 21-4 del Código civil», dice la decisión final del Consejo de Estado. El artículo citado prevé que «el gobierno puede oponerse, por indignidad o por un defecto de asimilación no solo linguístico, a conceder la nacionalidad al cónyuge por un plazo de dos años».
Más allá de la polémica del velo, integral o mero hiyab, en escuelas y edificios oficiales, algunos países de la Europa occidental empiezan a plantear acciones en otros ámbitos de la práctica radical del islam en la vida pública. La ultratolerante Bélgica, que tiene junto a Francia una de las mayores comunidades musulmanas del continente, tomó hace semanas la polémica decisión de quitar a Arabia Saudí el control de la mezquita principal de Bruselas, para dárselo a la más moderada comunidad marroquí. El gobierno tomó la decisión cinco meses después de que una comisión de investigación parlamentaria denunciara el «discurso islamista radical» difundido desde la Gran Mezquita de Bruselas.
