Los «privilegios» de algunas creencias atentan contra la aconfesionalidad que establece la Constitución Española
Las asociaciones Granada Laica y Europa Laica entregarán hoy en la Presidencia del Gobierno en Madrid una petición por la separación entre las iglesias y el Estado que ha sido apoyada por más de 25.000 personas de toda España. El texto, que también será presentado a los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados, denuncia distintas situaciones que, a juicio de la asociación laicista granadina, atentan contra la aconfesionalidad del Estado que establece la Constitución. Los firmantes piden la eliminación de la financiación estatal a las confesiones religiosas, la exclusión de la enseñanza de la religión y la derogación de los acuerdos con la Santa Sede.
El texto de la petición expone que en la actualidad se producen en España diversas situaciones que vulneran el principio de que «ninguna confesión tendrá carácter estatal», recogido en el artículo 16 de la Carta Magna, y la declaración de que «los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social», que señala el artículo 14 de la misma norma.
Los firmantes denuncian que en nuestro país «se dan situaciones que privilegian determinadas creencias, tanto frente a otras, como de todas ellas frente a la libertad de pensamiento o conciencia de carácter no confesional». «Con ello -continúa el texto- el Estado potencia, discriminatoriamente, determinadas opciones frente a otras, por lo que el ciudadano percibe que su Estado no mantiene la neutralidad propia de un Estado laico».
El escrito incluye varios «ejemplos» y «evidencias» de esa discriminación, como «la financiación de la Iglesia católica y de las confesiones religiosas con las que el Estado tiene firmados convenios; la presencia de capellanes en prisiones, hospitales o en el Ejército; la ordenación de las enseñanzas de religión en los centros escolares y la financiación de catequistas para tal fin; la presencia de símbolos religiosos en centros escolares y otras dependencias y oficinas de las administraciones públicas; la presencia de autoridades en actos confesionales como representantes del Estado o sus administraciones; y un Código Penal que sanciona discriminatoriamente los delitos contra los sentimientos religiosos, frente a los de pensamiento o convicciones (artículos 522 a 525)».
Por todo ello, los firmantes del escrito solicitan «la eliminación de la financiación de las iglesias y confesiones religiosas con dinero público, la exclusión de la enseñanza de la religión confesional de la escuela, la derogación del Concordato y los Acuerdos de 1976 y 1979 entre el Estado Español y la Santa Sede, así como de la Ley de Libertad Religiosa de 1980, y la elaboración de una ley orgánica que desarrolle el derecho a la libertad de conciencia».
Trámite de la petición
El escrito será presentado por Manuel Navarro, coordinador de Laicismo.org y secretario de la asociación granadina de la que partió la iniciativa, y Francisco Delgado, presidente de Europa Laica, organización que se sumó a la petición, junto a otras muchas entidades. En total se han recogido 25.119 firmas, de las que 5.812 proceden de Madrid y 5.098 de Granada, mientras el resto han sido recogidas por toda España, muchas de ellas por Internet.
Esta iniciativa se enmarca en el Derecho de Petición recogido por la Ley Orgánica 4/2001, por lo que la asociación confía en que sea tramitada conforme a lo previsto en dicha norma. El Gobierno debe tramitar la petición y, en caso de comprobar que las denuncias son ciertas, corregir las situaciones que vulneran la legislación vigente.
