La ya larga lucha del movimiento laicista en nuestro país por sacar la asignatura de Religión confesional del ámbito escolar y pese a circunstanciales logros formales -como fue la aprobación en la Comisión de Educación del Congreso el pasado 21 de febrero de una PNL en ese sentido-, no solo no se han traducido en hechos prácticos, sino que tiene por delante un nuevo desafío: el propósito del gobierno del PP (que sigue manteniendo y desarrollando su LOMCE) de añadir al adoctrinamiento religioso el adoctrinamiento político y militar en las aulas. Uno y otro, contrarios a los fines propios de la Escuela y al derecho que concierne a los menores a ser respetada su libertad de conciencia, justamente en periodo de formación.
El convenio suscrito entre los Ministerios de Educación y Defensa pretende incluir en el currículo de la materia alternativa a la Religión, “Valores sociales y cívicos” (Primaria) o “Valores éticos” (Secundaria) una serie de unidades para ensalzar los “símbolos nacionales” (himno, bandera y escudo), la figura del Rey, como «símbolo de la unidad y permanencia del Estado» y, sobre todo, reforzar la imagen de las Fuerzas Armadas para que los españoles se «sientan orgullosos de nuestros militares» y reconozcan «la importante labor que realizan para garantizar la paz y el estado de bienestar«, defendiéndonos de peligros, entre los que se incluye la “inmigración ilegal”.
Aunque el acuerdo interministerial viene de 2015, hasta hace poco había permanecido semioculto. Al salir a la luz los más que cuestionables contenidos de las diez unidades didácticas propuestas para Primaria, ha obligado a las distintas fuerzas políticas a tomar posición. Sin embargo, sorpresivamente y en contra de la posible mayoría contraria al proyecto gubernamental, el pasado 21 de marzo, con los votos de PP y C’s y la abstención del PSOE, fue rechazada una iniciativa de Esquerra Republicana que pretendía instar al Gobierno a retirar el Proyecto “Conocimiento de la Seguridad y la Defensa” en los centros educativos. El representante de ERC calificaba dicho proyecto de inadmisible “adoctrinamiento militarista”. Contradictoriamente, y para tomar cierta distancia con el PP y C’s, se aprobaba después por mayoría una propuesta de Compromís “para el respeto a la diversidad de la sociedad y contra los delitos de odio”, rechazando la parte del currículo propuesto que presenta el asentamiento irregular de inmigrantes como una amenaza nacional.
El mencionado proyecto que ahora se quiere llevar adelante con una subvención de 600.000 € para su puesta en práctica, ya ha establecido compromisos inmediatos con la patronal privada ACADE, aunque su intención es extenderlo a todos los centros públicos y privados, a Educación Primaria y Secundaria.
Algunas críticas, todavía apresuradas y parciales, han aparecido ya en pequeños medios de difusión. El artículo “Educar contra la paz” del profesor Agustín Moreno, publicado en cuartopoder.es, habla de que “el intento de Moncloa parece encaminado a una nueva ‘Formación del Espíritu Nacional‘ sobre una patria que no es la de todos”. En otro artículo, firmado por Jesús Travieso en eldiario.es, “Religión, franquismo y adoctrinamiento en las aulas: el viaje al pasado del Ministerio de Defensa”, se denuncia también esa vuelta al patrioterismo más retrógrado que incluye el estudio de los himnos nacional, de la Armada y del Ejército del Aire (letra de José María Pemán), el pasodoble La Banderita (utilizado como himno del ejército en la guerra colonial de Marruecos) y otras actividades de ensalzamiento del espíritu militar. También se incluye en sus diez unidades didácticas, además de las bondades de la monarquía, las de la participación en la OTAN, etc. La APDH, por su parte, acaba de sacar un comunicado denunciando los “enfoques estigmatizadores que presentan a un sector de la población (inmigrantes) como peligroso para la sociedad en lugar de solucionar lo que no son sino graves problemas sociales. Un país que destina más del doble de sus presupuestos a gastos militares que a gastos educativos no puede permitirse añadir a ello adoctrinamiento militar/policial en las aulas escolares”.
El tema no es anecdótico. Tiene mayor enjundia de la aparente, desde una perspectiva política y ética, y no es ajeno a la especial coyuntura que se vive en nuestro país. ¿A qué viene recuperar un proyecto ideológico, de rancio tufo neofranquista, en estos momentos?
A raíz de la crisis política desatada en el conjunto del Estado, con motivo del proceso soberanista iniciado en Cataluña, los demonios franquistas, travestidos de falsa democracia pero nunca erradicados, han decidido, al parecer, salir a campo abierto y “sin complejos”, como diría Aznar. El fervor nacional-españolista, impulsado desde los poderes institucionales y fuerzas políticas que han protegido y siguen protegiendo el régimen monárquico del 78, creen llegado el momento de imponer, como antaño, sus “valores patrios”, utilizando los resortes del aparato de Estado, sin contención ni medida. Bajo la ilusión de dar por reprimida y resuelta (¿?) la aspiración republicana de buena parte del pueblo catalán (que compartimos muchos otros), les lleva a emprender una ofensiva ideológica y política, de carácter profundamente reaccionario en todos los terrenos.
En el caso de la Enseñanza, ningún gobierno y sus “reformas educativas” (y no solo las del PP) se atrevieron a garantizar la entera laicidad de la Escuela, dejando fuera de ella todo adoctrinamiento religioso, confesional y dogmático. Una herencia del nacional-catolicismo que ha permanecido intocada, pese a ser contraria a derechos democráticos elementales como es el de la libertad de conciencia. Si ya era aberrante la disyuntiva que oponía Religión y valores religiosos (particulares) a valores éticos y cívicos (se supone, de carácter común), ahora a los alumnos se le pone ante el dilema de elegir entre enseñanza dogmática religiosa y enseñanza doctrinaria política.
Pero también es contraria a esos derechos, identificar los “valores sociales, cívicos y éticos” -que deben abordarse en la Escuela desde su universalidad y mayor consenso sobre sus contenidos democráticos-, con determinaciones de un régimen y marco constitucional concreto (cuyo estudio tiene su lugar en las materias de Historia), que, sin embargo, pueden dejar mucho que desear en cuanto a su acomodo y respeto efectivo de esos derechos y valores. Para algunos, no es el caso de una monarquía heredada de una dictadura y contraria a la igualdad de derechos y deberes de todos los ciudadanos, como tampoco la bandera que la representa. Consideramos que nada tiene que ver con la democracia mantener los privilegios de la Iglesia negando todos los días la presunta aconfesionalidad del Estado. O el mantenimiento de la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el régimen franquista. O la participación del ejército español en las “intervenciones humanitarias” de una OTAN que bombardea y destruye países enteros, actuando al servicio de los intereses imperialistas en todos los continentes. O la reforma exprés del art. 135 de la Constitución, que prima el pago de la Deuda ilegítima y las imposiciones de la troika sobre el gasto social y los servicios públicos. Y tampoco políticas de criminalización de las personas que huyen de las guerras y del hambre, negando los derechos elementales de libre circulación de las personas, de asilo y refugio, … Y tantos etcéteras legales y “constitucionales” que desconocen las exigencias mínimas para una vida personal y social que puedan considerarse “humanas”.
De ningún modo puede permitirse que un gobierno en minoría, protagonista de inadmisibles cotas de represión y corrupción, pueda llevar a cabo tal despropósito y dar curso a un Proyecto tan reaccionario como el presentado con el confuso nombre de “Conocimiento de la Seguridad y de la Defensa”.
Fermín Rodríguez Castro
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