Han pasado quince meses desde que en diciembre de 2016 el Congreso aprobara la creación de la Subcomisión para un Pacto de Estado Social y Político por la Educación, pero tras el abandono de PSOE y Unidos Podemos habría que preguntarse ¿para qué sirve el trabajo realizado? o ¿qué va a pasar ahora?
El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, ha instado al PSOE a que vuelva a los trabajos de la Subcomisión y ha recalcado lo que lleva diciendo desde hace tiempo: «la sociedad me pide en la calle un acuerdo en materia educativa».
El PSOE abandonó la Subcomisión el pasado día 6 y Unidos Podemos lo hizo un día después «a petición de la comunidad educativa».
Lo anunció la portavoz adjunta del grupo parlamentario de la formación morada, Ione Belarra, tras reunirse con representantes del Sindicato de Estudiantes, Europa Laica, el Movimiento de Renovación Pedagógica y el Sindicato de Trabajadores de la Enseñanza.
Belarra dijo que no iban a participar en un «paripé» y aseguró que su partido iba a trabajar en iniciativas legislativas que superen la Lomce, además de convocar movilizaciones.
El escepticismo hacia el pacto en educación ha existido desde el principio. De hecho, uno de los expertos llamados a acudir al Congreso para dar propuestas para un nuevo modelo educativo se negó a comparecer porque veía que el sistema de trabajo de la Subcomisión era «ineficiente».
Se trata del filósofo y pedagogo José Antonio Marina, que afirma a Efe que «conociendo la historia estaba seguro de que el Pacto se bloquearía», aunque desconocía «qué partido lo haría y con qué motivo».
Y considera que el PSOE tiene razón al exigir antes de abandonar al Subcomisión el 5 % del PIB como condición necesaria para tener un sistema educativo mejor.
No obstante, Marina es tajante al argumentar que «los partidos no van a mejorar el sistema educativo hasta que la sociedad civil no consiga que durante tres meses al menos la educación aparezca como preocupación prioritaria de los españoles en las encuestas del CIS».
Sostiene que ahora se ha producido «una situación parecida» a la que hubo durante el debate constitucional del articulo 27 sobre el derecho a la educación.
«El PSOE se marchó, pero luego volvió», aunque «no se consiguió un verdadero pacto educativo constitucional», sostiene.
Además, cree que los partidos deben reconocer que tienen que defender el derecho a la educación de niños y jóvenes como un derecho suyo, no de los padres, los políticos, las naciones o las religiones.
«No se puede instrumentalizar la educación para defender una ideología nacionalista, religiosa, económica o política», añade.
Para este martes está prevista una reunión de la Mesa y portavoces de la Comisión de Educación para ver qué se hace a partir de ahora con la Subcomisión, en la que el PP y Ciudadanos quieren seguir participando.
La cronología de los quince meses de trabajos para el Pacto Educativo se puede resumir con las siguientes fechas:
– 21 diciembre 2016: El pleno del Congreso ratifica la creación de la Subcomisión que buscará un Pacto de Estado Social y Político para una Ley Básica de Educación, propuesta respaldada por PP, PSOE y Ciudadanos y sobre la que se abstuvieron Unidos Podemos, ERC, PNV, PDeCat y Bildu.
El documento acordado también dice que se suspenderá el calendario de implantación de la Lomce en aspectos que no hubiesen entrado en vigor mientras se lograba el pacto.
De hecho, el 9 de diciembre de ese año el Consejo de Ministros aprueba un real decreto ley de medidas urgentes por el que las evaluaciones finales de ESO y Bachillerato no serían obligatorias ni necesarias para obtener un título como se decía en principio en la Lomce.
– 14 de febrero 2017: Los grupos parlamentarios deciden que las comparecencias de los expertos para trabajar por el pacto sean públicas y que acudan los exministros Ángel Gabilondo y José Ignacio Wert.
– 21 de febrero 2017: El presidente del sindicato de docentes ANPE, Nicolás Fernández Guisado, inicia la ronda de expertos pidiendo una ley de profesorado, previa a un estatuto de la función docente.
– 27 de marzo 2017: La Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado aprueba crear una ponencia de estudio o grupo de trabajo para el Pacto Social y Político por la Educación.
– 25 de octubre 2017: El ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, pone punto final a la ronda de comparecencias de expertos y aboga porque el pacto recoja un acuerdo presupuestario para el sistema educativo.
– 7 noviembre 2017: Comienzan las reuniones a puerta cerrada de la Subcomisión. ERC comunica que va a asistir pero solo como «observador crítico».
– 14 de diciembre 2017: La Subcomisión acuerda el guión de temas sobre el que se trabajará. Consta de 15 puntos, entre ellos financiación, equidad, profesión docente, redes de centros y religión.
– 23 enero 2018: El PNV condiciona su participación en el pacto a que se reconozca en el mismo que el País Vasco es competente en materia educativa.
– 12 febrero 2018: Profesores, estudiantes y familias de la Plataforma Estatal por la Escuela Pública llevan al Congreso «La educación que queremos», documento con diez «líneas rojas» para el pacto como garantizar la equidad, educación laica o inversión educativa del 5 % del PIB con el compromiso de llegar al 7 %.
– 6 marzo 2018: El PSOE decide abandonar los trabajos de la Subcomisión mientras que el Gobierno no se comprometa a incrementar la financiación de la educación hasta al menos el 5 % del PIB.
– 7 marzo 2018: Unidos Podemos anuncia que abandona la Subcomisión a petición de la comunidad educativa, asegurando que no van a participar en un «paripé».
