En este país se puede discriminar por razón de sexo, por motivos económicos, ideológicos o religiosos y, no sólo eso, además debemos pagarlo del común. Esto se deriva de la sentencia que obliga al Gobierno de Aragón a desembolsar 3 millones de euros para financiar la enseñanza en dos centros del Opus.
Es la misma justicia que, en varias sentencias por reclamación de las madres y padres del colegio Pio XII de Huesca, obliga a una distribución equilibrada del alumnado cuando por otro lado, lo impide en la práctica con resoluciones como ésta.
A Europa Laica y MHUEL (Movimiento Hacia un Estado Laico) no nos sorprenden este tipo de resoluciones judiciales.
Recordemos que un tribunal paralizó cautelarmente el cambio del currículo aragonés en materia religiosa promovido por la Diputación General de Aragón y un año después sentenció dando la razón al ejecutivo aragonés, pero volvió a paralizar la ejecución de su propia sentencia. Recordemos también que siguen vigentes las medidas cautelares que obligaron a la apertura y concierto de un centro educativo promovido por implicados en la corrupción de la trama Púnica.
Otra curiosa sentencia del Tribunal Supremo establece que los centros educativos que segregan a los alumnos por sexo tienen derecho a ser subvencionados con fondos públicos porque no incurren en ningún tipo de discriminación. Según el alto tribunal la reforma de la LOMCE impulsada por el ministro Wert reafirma este criterio de compatibilidad de los sistemas de educación diferenciada por sexo con el principio de igualdad.
El tribunal sentencia sin tener en cuenta el recurso de inconstitucionalidad que interpuso el Gobierno de Andalucía contra algunos preceptos de la susodicha ley de educación.
La implicación de la política en los altos niveles del sistema judicial español reduce drásticamente nuestra capacidad de asombro ya que en adelante incluso podrá provenir del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vía jueza recientemente designada.
Es cierto que la LOMCE ha facilitado, todavía más, las bases para que dichas resoluciones judiciales tengan lugar. Pero también lo es que existía un acuerdo casi unánime (con la única excepción del PP) para su derogación.
Entre tanto no exista consenso sobre una nueva ley educativa, solicitamos a los partidos políticos que se oponían a la LOMCE que promuevan simplemente la modificación de dos artículos, el 84.3 y el 109.2 para que vuelvan a su redacción anterior. Creemos que existe la mayoría suficiente para ello.
Por otra parte, las sentencias hablan de que los centros satisfacen necesidades de escolarización de la zona. Pues bien, solicitamos a la Consejería de Educación que estudie y vigile la zonificación para que los centros atiendan de forma prioritaria las necesidades de escolarización del barrio en el que se encuentran.
Mientras no haya una ley que asegure una educación pública, laica e inclusiva la sociedad debe evitar toda práctica discriminatoria que, bajo el lema de “libertad educativa”, esconde privilegios para las élites.
Europa Laica y Movimiento Hacia un Estado Laico
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Acceso a la noticia: La DGA deberá pagar 3 millones a las familias de dos colegios a los que denegó el concierto en Aragón
