Tras enumerar los artículos que se tratan en este número de la Revista Iniciativa Laicista de Chile, reproducimos el editorial de Gonzalo Herrera, No retroceder en democracia y laicidad. En próximos días iremos incorporando otros temas.
SUMARIO
Editorial. No retroceder en democracia y laicidad. Por Gonzalo Herrera
Una mirada laicista sobre el nuevo gobierno. Eduardo Quiroz Salinas
La espiritualidad y el consumismo. Wilson Tapia Villalobos
La educación chilena: Una mirada laica. Julio Zuleta
¿Sería buena idea construir un templo de la laicidad? Sylvie Moulin
Roberto Vargas Muñoz conversa con Gonzalo Herrera
Invasión de charlatanes. Rogelio Rodríguez Muñoz
Ciencia y religión: Entrevista al científico Jorge Mulet. Eduardo Quiroz Salinas
Libro Afectos especiales y amores incompletos.
¿Somos Mujeres Laicas? Hilda Castro Castañeda
Acerca de Robinson Crusoe y madame Bovary. Errol Dennis M.
Revista iniciativa laicista en el 7° congreso de la asociación internacional de librepensamiento – París 2017
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No retroceder en democracia y laicidad
Gonzalo Herrera
Por estos días el presidente electo Sebastián Piñera enfrenta la ardua tarea de conformar su primer gabinete ministerial, además de subsecretarios, intendentes regionales, jefes de servicios y demás cargos de confianza. El mosaico que de allí resulte, los nombres seleccionados y la correlación de fuerzas entre los distintos partidos, corrientes y sensibilidades que se alinearon tras el triunfo del candidato de centroderecha, dará indicios al país de la orientación que se imprimirá en una primera etapa de la nueva administración.
Antes de las elecciones decíamos que Chile enfrentaba dos proyectos muy diversos para su futuro desarrollo: la concepción neoliberal y su economía de mercado, que propugna ceñir al Estado —Estado subsidiario— a una condición subalterna en el propósito de avanzar hacia una mayor igualdad social; y la visión comúnmente identificada con el “progresismo” —Estado social de derecho— más proclive a articular las demandas sociales con las políticas públicas que se generen. En esto hay que reconocer la mayor eficiencia que, desde la recuperación de la democracia y con sólo cuatro años de gobierno, ha demostrado la derecha para procurar un ordenamiento jurídico acorde a sus principios, contrariamente a lo alcanzado por la centroizquierda, cuyo relato de cambio social ha quedado en parte importante reducido a lo discursivo.
En un impecable ejercicio democrático, la mayoría del país se inclinó por la propuesta del candidato de la centroderecha, que al final, en el balotaje, sumó importantes votos del centro político y, en número indeterminado, provenientes de entre quienes en noviembre habían respaldado a Beatriz Sánchez y a otros candidatos de izquierda. El sufragio imprevisto de este numeroso grupo de chilenos, que inclinó la balanza hacia Sebastián Piñera sin ser necesariamente partidarios de este, ha sido motivo de infinidad de análisis, siendo tal vez las causas más verosímiles el agotamiento del conglomerado Nueva Mayoría —sustento del gobierno de Michelle Bachelet—, la incertidumbre respecto a la capacidad de gobernar de los partidos, en estado de crisis, que respaldaron la candidatura del candidato oficialista Alejandro Guillier y, no en menor medida, la imagen de caos a la que subliminalmente se asociaron las promesas de profundizar las reformas inconclusas de la Presidenta.
Ha sido contundente la mirada que se impuso mediáticamente a partir del mismo día que se conociera el triunfo de Piñera, haciéndonos ver como un país embebido con la idea de que lo normal y natural en la vida moderna es el libre mercado, y que no existe otra vía para el desarrollo pleno de la sociedad. El discurso de los primeros días del candidato electo fue pródigo en el uso del significante libertad, pero insuficiente en los conceptos de solidaridad y soberanía. La libertad como derecho fundamental, es un concepto profunda y fuertemente acendrado en el espíritu de los chilenos después de la traumática experiencia autoritaria. Pero no todos lo comprenden de la misma manera, reduciéndolo a su expresión económica, que equivale a la “libertad” para desarrollar actividades extractivas, productivas o mercantiles, idealmente sin regulaciones de carácter tributario, laboral o medioambiental.
Nadie en este país olvida las incalificables muestras de codicia de algunos grandes conglomerados en los años recientes, la colusión de las cadenas de farmacias, de la industria del papel tissue, de las empresas avícolas y de las navieras, por nombrar algunas; el pago ilícito a numerosos parlamentarios para sacar una ley de pesca que hoy es impugnada por todo el país, aun cuando no haya existido la voluntad política de reemplazarla. Ningún usuario del sistema de isapres podría manifestarse satisfecho con las continuas alzas en los precios, teniendo a la vista las enormes utilidades declaradas todos los años por un sistema privado altamente concentrado — clínicas, centros de salud, laboratorios— y que, lejos del libre mercado que dice defender, muestra un creciente control de ese mercado.
El nuevo gobierno se iniciará con un claro repunte de los principales índices económicos, como el Imacec, el alza internacional del precio del cobre y la confianza de los inversionistas, que llevaron el mercado bursátil a ganancias récord después del 17 de diciembre. Es la confirmación del factor subjetivo de la economía, el mismo que condujo al país a cifras de crecimiento tendientes a cero con el boicot empresarial contra las reformas anunciadas por Bachelet, hace justamente cuatro años atrás. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que la euforia manifestada en los primeros días no garantiza un repunte definitivo de la economía, considerando su imbricación con las condiciones económicas internacionales.
El país espera que, en nombre de una sobreideologizada libertad económica, no se intenten desconocer derechos, ni se afiancen las condiciones para que siga habiendo ciudadanos de primera y segunda categoría. Algo que las nuevas autoridades económicas no deberían perder de vista es que Chile ocupa el primer lugar del ranking de países más desiguales entre los 36 miembros integrantes de la OCDE.
Las favorables perspectivas económicas crean entonces un escenario propicio para que los frutos del crecimiento del PIB concurran en los próximos años a una más equitativa distribución de la riqueza, que aumente las oportunidades de progreso a cientos de miles de familias que sobreviven bordeando los índices de pobreza, con precariedades en vivienda, educación, salud y estabilidad laboral. Las promesas de cambio del candidato Piñera, lejos de orientarse a revertir los avances obtenidos en los últimos cuatro años en materia social, deberían patrocinar una nueva cultura de cooperación de quienes han gozado de cuantiosos ingresos en los últimos veinticinco años. La concesión de Sebastián Piñera a dar gratuidad al 90% de los estudiantes de educación técnica, es sin duda una señal positiva, ya que se aparta de su lógica anterior de clasificar la educación como bien de consumo.
La experiencia comparada de los países que nos anteceden en el tránsito hacia sociedades desarrolladas, demuestra que la lucha contra la desigualdad y la exclusión es condición sine qua non para fortalecer la democracia, para asegurar el crecimiento y para avanzar hacia una mayor integridad nacional. Una normativa jurídica consensuada, que comprometa a todos los partidos y sectores políticos, que establezca vasos comunicantes entre crecimiento económico y reducción de desigualdades por medio de la redistribución social y territorial, significaría un gran impulso para aminorar la gran brecha que se ha venido gestando en el seno de nuestra sociedad.
Una decidida voluntad para erradicar la traición a la fe pública que significa la comisión de delitos y fraudes para sacar provecho de los recursos del Estado por parte de autoridades civiles y militares, de políticos y parlamentarios, como los que ha conocido la opinión pública en años recientes, debería estar entre las primeras medidas impulsadas por el Ejecutivo. El daño que se ha hecho a la confianza del país es causa directa del bajo interés que demuestra la ciudadanía en los asuntos públicos, en la política. De allí que resulte esencial también promover una mayor participación ciudadana —el balotaje fue dirimido por menos del 50% del total de votantes—, lo que permitiría recomponer los lazos entre derechos humanos y el principio de soberanía popular, binomio del cual políticos de todos los sectores han puesto distancia desde la recuperación de la democracia.
Tal vez lo más preocupante en este periodo de conformación de equipos de gobierno sea la cuota de influencia que alcanzarán las distintas corrientes que, junto al tradicional tronco UDI-RN, concurrieron al triunfo de Sebastián Piñera. ¿Se impondrá la “derecha social” de Ossandón, la derecha liberal promercado de Felipe Kast o la derecha de clase químicamente pura de José Kast? Este último, parapetado tras cuestionables posturas como la defensa de los “derechos humanos positivos de Pinochet” o el argumento de que los militares condenados por causas de derechos humanos están presos por “venganza”, aportó muchos votos a Piñera con su campaña político-religiosa, su intención de derogar la ley de despenalización del aborto y el apoyo a la formación de partidos políticos por parte de algunas denominaciones evangélicas. Planteamientos que se oponen al proceso de laicización de toda política moderna, que apoya la separación de la esfera pública del espacio privado de la conciencia, que defiende la autonomía de la razón respecto a cualquier tutela religiosa y que se proyecta hacia la completa separación de las iglesias y el Estado.
Es por todos sabido que en Chile particularmente la doctrina de la Iglesia católica es el principal sustento ético de la élite socioeconómica y política erigida como poder oligárquico, cuya cosmovisión es recibida principalmente de la educación impartida por exclusivos colegios católicos y neocatólicos, celosamente selectivos en el ingreso. De manera que las opiniones del diputado Kast no deberían tomarse a la ligera, como “una voz en el desierto”, sino en cuanto concordantes con un numeroso e influyente sector de derecha dura que hoy, por primera vez desde la recuperación de la democracia, podría disponer de una orgánica a través del partido anunciado por el excandidato presidencial.
La permanente y a veces inexplicable apertura de nuestras autoridades administrativas, y de las dirigencias políticas, a las opiniones o exigencias de la jerarquía católica, es la razón de que numerosas iniciativas en políticas públicas se vean trabadas por prejuicios y consideraciones morales de origen religioso, muchas veces desconociendo derechos fundamentales y avasallando el sentir mayoritario de la población.
Los preparativos para la inminente visita del papa Francisco vienen a ratificar lo anterior: la desproporcionada influencia de la institución eclesiástica sobre sectores del gobierno y del parlamento, y la situación de privilegio a la que se la exalta. No puede considerarse sino un agravio a la soberanía de un poder del Estado, la decisión del presidente de la Cámara de Diputados de no poner en tabla la votación del proyecto de Identidad de Género, mientras el papa Francisco se encuentre en el país. La actitud del diputado Espinoza corrobora que muchos políticos no saben distinguir entre sus responsabilidades institucionales y sus definiciones religiosas.
Además del alto costo que deberá solventar el Estado para dar seguridad al pontífice —siete mil millones de pesos, que se suman a los cuatro mil millones de aportes privados para financiar la visita a regiones—, han debido tomarse otras medidas extraordinarias, como la prohibición por casi dos semanas de cualquier evento en el país que congregue a más de tres mil personas, el acelerado despacho de una ley “ad-hoc” para entrega de beneficios tributarios a las empresas que donen dinero para la visita, los feriados especiales exclusivos para las regiones de La Araucanía y Tarapacá, culminando con la ley que declaró feriado el 16 de enero en la Región Metropolitana, a instancias de un proyecto enviado por el gobierno calificado de “suma urgencia”.
Todo esto contrasta con importantes proyectos que duermen en el Congreso, largamente esperados por la ciudadanía, como el proyecto de Educación Superior, el mismo de la Ley de Identidad de Género, la modificación del CAE, la reforma al sistema de pensiones o al Código de Aguas, ninguno de los cuales probablemente alcanzará a convertirse en ley durante la actual administración.
Por el bien del país, esperamos que nuestra tradición republicana termine imponiéndose en el proceder de todas las autoridades, de modo que la confección de leyes en el futuro se ejecute con una visión de Estado, privilegiando el interés común y el propósito de hacer crecer la economía, no para la apropiación de una minoría sino para una justa distribución de sus beneficios. De esa manera, Chile podría liderar una nueva forma de construcción de la democracia, en que las líneas estratégicas de su desarrollo no estén constreñidas exclusivamente a la ideología de los partidos en el poder, ni mucho menos a la doctrina de instituciones eclesiásticas que permanentemente buscan interferir en las políticas públicas.
Una democracia siempre será más genuina cuando se muestre abierta a acoger las propuestas que surjan desde la sociedad civil, en una gobernanza que apele al consenso democrático de la población a través de la participación política y la distribución de la riqueza producida con el esfuerzo de todos.
