La Iglesia Católica tiene una singular presencia en la formación docente, a través de una multiplicidad de institutos terciarios que funcionan bajo su órbita. El proyecto de creación de la Universidad de Formación Docente (Unicaba) remitido a la Legislatura por el gobierno porteño, generó una reacción desproporcionada y una ácida crítica por parte del cardenal primado Monseñor Poli, que reclama el retiro del mismo.
“Antes de casarme tenía seis teorías sobre el modo de educar a los niños. Ahora tengo seis hijos y ninguna teoría”.
Jhon Wilmot, Poeta inglés.
Veía por televisión la actuación del dúo uruguayo Larbanois Carrero, y me cautivó una frase de la letra de una de sus canciones. La anoté para no olvidarme: “La cultura es la levadura de la libertad”. La expresión es poéticamente hermosa y certera en los hechos. Cuantas más paredes se construyan a nuestro alrededor, mayor es nuestra ignorancia. La cultura es la topadora moral que destruye los muros que levantan el fanatismo, la intemperancia y el analfabetismo.
Cierto que educación no es sinónimo de cultura, pero indudablemente es tributaria de la misma. Un ser humano educado es un espíritu cultivado que crece exponencialmente en sus potencialidades para ejercer con mayor amplitud e inteligencia la propia libertad.
Cultivarse, aprender, educarse, es simplemente ampliar los espacios interiores de nuestra propia individualidad. Quien es libre hacia adentro, seguramente no será presa fácil de las cadenas de afuera.
Hace muchos años que la educación está en el centro del debate en nuestro país. Desde las clásicas medidas de fuerza antes del comienzo de clases, siguiendo por la evidente caída del prestigio de la escuela pública y terminando en los malos resultados en las evaluaciones nacionales e internacionales de nuestros alumnos, nos prefiguran un contexto complejo y de necesaria resolución.
Es cierto que hay sectores y personas que trabajan intensamente para una mejora de la calidad educativa, pero también es verdad que hay quienes dicen defender la escuela pública desde el discurso, pero en la práctica no hacen más que desprestigiarla y quitarle enjundia; entre ellos, algunos gremialistas que hacen del contexto educativo una plataforma para su despegue político y sindical.
Como si el panorama no fuere complejo, en el último mes del año pasado se comenzó a avivar una polémica que, a mi humilde juicio, traerá mucho más cola todavía. Se trata de la creación, por parte del gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de la Universidad de Formación Docente (Unicaba).
El proyecto motivó una dura carta abierta a Horacio Rodríguez Larreta, por parte del arzobispo de Buenos Aires y Primado de la Argentina, Monseñor Mario Aurelio Poli.
La Iglesia califica el proyecto de ley como “inconsulto”, le pide a el Jefe de Gobierno que lo retire y abra un espacio de diálogo multisectorial para definir acciones. Acusa al gobierno porteño del intento de una “racionalización centralista”, “empobrecimiento de la libertad y la diversidad” y de la “desintegración y desmantelamiento de los institutos superiores de formación docente”.
Yo tenía entendido que en materia educativa, cuando mayor y más variada sea la oferta, existirá mayor diversidad y libertad. Crear una universidad estatal que confiera carácter de carrera de grado a la formación docente, y que se sume a la oferta existente, ¿empobrece la diversidad y la libertad? Me parece que al contrario.
Cierto es que la nueva universidad tal vez pueda significar un fuerte impacto en el corazón de los numerosos institutos religiosos de formación docente, pero de eso se trata, de aumentar la oferta, de promover la sana competencia, de elevar el nivel académico, de mejorar cualitativamente el desempeño de nuestros maestros y profesores.
Así como no puedo quejarme porque aparezcan escuelas privadas que compitan con la escuela pública, va de suyo que tampoco puedo hacerlo por la creación de una universidad pública que pugne con los institutos privados por una mejor formación docente.
Esta cuestión reactualiza el debate de un asunto que parecía olvidado, cuál es la relación de la Iglesia con el Estado.
Aun cuando nuestro país reconoce la libertad de culto (art. 14 de la Constitución Nacional), “el gobierno argentino sostiene el culto católico, apostólico, romano” (art. 2°), no así el de otras confesiones.
La Constitución Argentina lleva impregnada desde su origen el sostenimiento de la Iglesia católica. Así lo establecieron, la Constitución “liberal” de 1853, y lo mantuvieron la “constitución peronista” de 1949, la “antiperonista” de 1957, y la “bipartidista” de 1994, todas en el artículo segundo.
El Estado no sólo financia los sueldos del clero, sino además una red de 437 institutos de vida consagrada, que actúan a través de 4.500 casas y obras apostólicas, y también colabora con los sueldos docentes y las reparaciones en los institutos educativos de la iglesia.
Sin embargo, ello no le confiere derecho a la iglesia católica de ser la consultora obligada de la política educativa, menos aún pretender el retiro de un proyecto de ley que se debatirá en el seno de la Legislatura. Debería escucharse su voz, sin dudas, como la de todas las personas e instituciones que pretendan opinar, pero obviamente en las comisiones legislativas específicas.
Esta posición viene a cuento con la decisión adoptada días pasados por la Corte Suprema de Justicia de la Nación en relación a la enseñanza religiosa en las escuelas de la Provincia de Salta.
En tal sentido, declaró inconstitucional normas de la propia constitución salteña y de su ley de educación, en cuanto la enseñanza religiosa integre los planes de estudio y se imparta dentro de los horarios de clase.
Se probó en la causa que en numerosas escuelas públicas de la provincia de Salta se enseña y practica la catequesis de un sólo culto (el católico apostólico romano) y ello es discriminatorio, afectando la privacidad de los alumnos y el principio de neutralidad religiosa.
No parece ser normal ni republicano, que una institución le reclame a uno de los poderes del Estado elegido por la voluntad ciudadana, que retire uno de los actos propios de sus facultades legales (remitir proyectos de ley al órgano legislativo), menos aún pretender sujetar su contenido a un previo consenso con la propia iglesia.
Monseñor Poli es el representante religioso de una parcialidad, religioso no civil. También hay ciudadanos de otros cultos y agnósticos. Sus fundamentos no se muestran sólidos para neutralizar una acción del gobierno civil, antes bien pareciera querer acordar por fuera del debate público un asunto de máxima importancia que se encuentra en el ámbito que debe estar, la Legislatura porteña.
Los institutos católicos han ganado merecidamente un prestigio singular en la formación de docentes. Allí está su mejor defensa, su argumento más válido, pero nunca en pretender neutralizar la acción del Estado y darle a Dios lo que es del César.
Jorge Eduardo Simonetti
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