La reforma económica de Francisco sufre la baja de dos de sus máximos responsables, resucita viejas luchas de poder y algunos recelos ante el escrutinio de gestores laicos
Las finanzas del cielo se comportan cíclicamente en la Tierra como un volcán en eurupción. Tras años de turbios manejos, banqueros muertos, acusaciones de blanqueo de capitales y cuervos sobrevolando el Vaticano, Benedicto XVI se propuso ordenar el laberinto que conforman las cuentas de sus más de 100 entes independientes. No salió bien, y la derrota de aquella y otras empresas quedó resumida en el diario oficial del Vaticano cuando Joseph Ratzinger, con 86 años y un estado de salud razonable, dio un inesperado paso al lado sin aparente motivo: “Un pastor rodeado por lobos”, señaló L’Osservatore romano. Han pasado cinco años y Francisco ha dedicado un enorme esfuerzo por completar el trabajo de su predecesor. Hay buenas noticias: reducción del déficit, nuevos órganos de control, cierre de cuentas sospechosas y mayor transparencia. Pero dos de los tres vértices más importantes de la reforma están descabezados y se han desatado nuevas guerras. Cada cierto tiempo vuelven a oírse los mismos aullidos.
El último aviso lo dio Libero Milone, un auditor con intachable historial al frente de los números de empresas como Deloitte, Fiat o Telecom, elegido por el Papa para ocupar el cargo de revisor general de las cuentas vaticanas en mayo de 2015. Su dimisión el pasado junio, denunció en una entrevista, se produjo bajo amenaza de detención, secuestro de documentos confidenciales y coacciones de la gendarmería vaticana. Milone dejó entrever que había descubierto asuntos incómodos y que, ante esa evidencia, decidieron sacárselo de encima. La Santa Sede fue tajante y respondió que el revisor no tenía un pelo de santo y se había dedicado a espiar la vida privada de sus empleados —incluyendo al sustituto de la Secretaría de Estado, Giovanni Angelo Becciu— a través de una empresa externa.
Las versiones coincidían en una cosa: o presentaba la dimisión ese día, o sería procesado. Vistos los precedentes, el auditor eligió lo primero, guardó silencio durante más de tres meses y, a la vuelta del verano, el volcán entró en erupción con las ya sabidas acusaciones. Además, insinuó que la investigación de la que había sido víctima coincidía con el reverdecimiento de las acusaciones de abusos a menores al Prefecto de la Secretaría de Economía, el cardenal George Pell —actualmente en excedencia para ser procesado en Australia—, y con la reforma del sistema de la concesión de contratos que ambos planeaban. Una operación, denunció, para obstaculizar las reformas del Papa. La misma canción de siempre. Pero, ¿por qué iba un hombre de 69 años con un sueldo de 240.000 euros inventarse todo aquello?
El revisor, a quien habían robado información de su ordenador nada más arrancar en el cargo en 2015, era la última gran pieza que quedaba en pie de la troika financiera que Francisco edificó en 2014. Milone, un laico con la misma claridad de ideas que falta de mano izquierda, debía flotar entre departamentos y exigir las cuentas a decenas de hombres religiosos que llevaban décadas funcionando de forma autónoma. “Es complicado pedirlas, especialmente con según qué tono, y esperar sentado a que te las den. No porque quieran ocultar nada, pero las cosas no funcionan así en el Vaticano. Además, el problema es que no existe una ley clara que les obligue”, señalan fuentes del entorno del área económica.
Milone completaba el triángulo mágico de una reforma en cuyos vértices se encontrarían el cardenal George Pell, al frente de un insólito superministerio de finanzas con casi tanto poder como la Secretaría de Estado, y el Consejo para la Economía, un órgano mixto de laicos y religiosos que propondría y guiaría las reformas bajo la batuta del moderado e inteligente cardenal Reinhard Marx: el único que sigue ahí. Los otros dos vértices de la reforma promulgada en 2014 están hoy descabezados, una amenaza evidente para la estabilidad de una transformación prioritaria.
El trabajo de Milone se parecía al que hasta la fecha había llevado a cabo el secretario de la prefectura para Asuntos Económicos, el español Lucio Ángel Vallejo Balda, encarcelado por filtrar información confidencial a dos periodistas inaugurando así la segunda parte del escándalo de Vatileaks. De hecho era el puesto que el riojano demandaba a quien quisiera oírle antes de estallar el escándalo y ser procesado. En cualquier caso, tras su fracaso a la hora de obtener las cuentas de los distintos departamentos —Via Crucis, el libro de Gianluigi Nuzzi, describe a un hombre al borde de la locura ante la desautorización de la Curia—, el nuevo controlador tendría “total autonomía e independencia para realizar su misión en todos los servicios”. Visto con perspectiva, es tentador dudarlo.
Un estudioso de las finanzas del Vaticano describe así ese proceso. “Muchas de las reformas que pretendían llevarse a cabo nunca pudieron ejecutarse. Un ejemplo evidente fue la incapacidad para integrar al APSA [el ente que gestiona el patrimonio del Vaticano y que terminó convertido en una segunda banca] en la Secretaría para la Economía. Si ni siquiera eso podía llevarse a cabo, especialmente por el dinero que costaba cambiar la titularidad, ¿cómo iba Milone, un laico recién llegado a pedir las facturas de entes que llevaban décadas funcionando de forma autónoma?”.
Pero en el ojo del huracán suele situarse al IOR, el banco del Vaticano que el Papa incluso estudió eliminar a su llegada para desconectar la gran lavadora de capitales. Hoy, presidido por Jean-Baptiste de Franssu, gestiona 5.700 millones de euros, de los cuales 2.000 son depósitos de sus 14.960 clientes. Las cuentas se han reducido cada año —5.000 menos desde 2013— y las reglas para el control del blanqueó de capitales se endurecieron durante el mandato de Benedicto XVI, que intentó que la entidad se adaptase a la normativa contra paraísos fiscales. Y al frente de aquella reforma colocó a Ettore Gotti Tedeschi. Tres años después, poco dado a plegarse a los deseos de la Secretaría de Estado que dirigía el controvertido Tarcisio Bertone e inaugurando Vatileaks, fue despedido. Se le achacó falta de transparencia y le acusaron de lo mismo que él había señalado a sus enemigos. El banquero de Dios terminó saliendo por la puerta de atrás del Vaticano, lo mismo que su sucesor -Ernst von Freyberg— pocos meses después de ser nombrado y que el propio Milone. Justo cuando la tierra volvió a temblar.
EL APSA, UN BANCO EN LA SOMBRA
Tras las siglas de APSA se encuentra el ente que gestiona el patrimonio del Vaticano. Lo que quedó tras la anexión de Roma al Reino de Italia en 1870 y lo que Italia reintegró tras los acuerdos lateranenses de 1929 (750 millones de liras de la época y 1.000 millones en títulos). Ese dinero permitió construir y comprar gran parte del patrimonio del que dispone hoy: 3724 unidades inmobiliarias, el 70% de las cuales son en propiedad y el resto pertenecientes a organismos de la Santa Sede, según los datos que el Secretario del APSA, Mauro Rivella, reseñó en una conferencia ante el Case Stewardship, el proyecto que promociona la transparencia de la Iglesia. Hoy su valor, según publicó La Stampa, rondaría los 2.700 millones de euros.
En 2013 el exencargado del servicio de contabilidad de la APSA, el prelado italiano Nunzio Scarano,, fue arrestado por un delito de blanqueo de capitales. Scarano se ocupaba, supuestamente, de una amplia red de blanqueo de dinero que hacía pasar por falsas donaciones para los pobres y que acababan en las cuentas del IOR. En julio de 2016, el Papa restituyó la gestión del APSA al ente y clarificó sus funciones: culto divino, honesto sostenimiento del clero y obras de caridad.
