Miles de personas marcharon hoy en Buenos Aires para pedir a las fuerzas políticas de Argentina la aprobación de una nueva ley que legalice el aborto por plazos y amplíe los casos que ya están despenalizados.
Activistas de varias organizaciones feministas, englobadas en la «Campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito», gritaron la consigna «educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir» en una manifestación desde la Plaza de Mayo porteña hasta el Congreso.
La principal reivindicación del acto fue la aprobación de un proyecto de ley que ya se encuentra en el Congreso y que establece la posibilidad de interrumpir el embarazo durante las primeras 14 semanas de gestación e incluye el caso de malformaciones fetales graves a los ya contemplados por la ley argentina, que son por violación o riesgo de salud para la madre.
Aunque el borrador, presentado por diputados de izquierda, ya fue enviado a nueve comisiones parlamentarias, todavía ninguna de ellas comenzó a debatirlo, por lo que podría perder validez y el proceso tendría que comenzar de nuevo, como ya sucedió en el país en otras cinco ocasiones en los últimos doce años.
Al final de la marcha de hoy, la periodista y líder feminista Liliana Daunes aseguró que despenalizar el aborto es «admitir que no hay una única manera válida de enfrentar el dilema que supone un embarazo no deseado» y reconocer «la capacidad y el derecho de las mujeres para resolverlo».
En el escenario frente a los miles de manifestantes, Daunes denunció que cada año se practica en Argentina medio millón de abortos clandestinos, y alrededor de un centenar de ellas mueren en ellos, lo que en su opinión muestra que «la penalización no impide su práctica, sino que la hace peligrosa por la falta de recursos económicos».
«La mayoría de las mujeres que mueren son jóvenes y empobrecidas», aseguró, y censuró que este hecho es un «síntoma de la desigualdad estructural que atraviesa el acceso al aborto».
Además de exigir la despenalización de la interrupción voluntaria del embarazo, los manifestantes reclamaron la «laicidad del Estado» y avances en la educación sexual de los jóvenes.
