La Iglesia Católica Romana (ICR) ha celebrado un funeral por todas las víctimas de los atentados terroristas de Barcelona y Cambrils, al que han asistido las principales autoridades del Estado y de Cataluña. Parece que muy pocos comprenden que el hecho de que un acto de una organización privada se convierta automáticamente en un funeral de Estado oficial conculca la separación iglesia-Estado que consagra la Constitución Española.
Culpable de ello es la ICR, que, aprovechando la conmoción, se atribuye la gestión de la muerte de un colectivo de personas, parece que sin haber consultado a cada una de las familias de los asesinados. Lo hace erigiéndose en representante de Dios no ante sus fieles (algo perfectamente respetable), sino ante el conjunto de la sociedad, como si todo ella fuera católica romana; el arzobispo de Barcelona dijo en la homilía: «Es hermoso ver que esta mañana en torno al altar del Señor estamos unidos las Autoridades supremas del Estado, las Autoridades Autonómicas y Locales, los representantes de las distintas confesiones presentes en nuestra tierra, las diversas instituciones sociales, hombres y mujeres de toda clase y condición social…». Es decir, es “hermoso” comprobar cómo el Estado y la mayoría de la sociedad secundan sus ceremonias particulares, como ha ocurrido a lo largo de toda la historia nacionalcatólica.
Pero tan culpable como la ICR son las autoridades políticas que, en supuesta representación de toda la ciudadanía, han acudido a un acto que, como explicamos en su día, no es una simple conmemoración solidaria con los fallecidos, sino un “sacramento” en el que se invocan mediaciones como la de María y “los santos”, algo inaceptable para muchas personas (empezando por los cristianos no católicos). ¿Habrá alguna vez un político que cumpla la Constitución y no sea rehén del “Cómo no íbamos a estar con las víctimas”?
Seguimos teniendo funerales de Estado confesionales. Y está claro que seguiremos teniéndolos por muchísimo tiempo.