El primer movimiento de oposición real al gobierno valenciano de izquierdas ha surgido de padres y centros de educación concertada. Su protesta toca una fibra sensible en algunas clases medias
El mayor golpe opositor a la gestión del gobierno autonómico valenciano que lideran Ximo Puig y Mónica Oltra no ha llegado ni de las iniciativas del Partido Popular de Isabel Bonig ni del dividido grupo parlamentario de Ciudadanos. El pasado sábado, varios miles de personas (entre 30.000 y 40.000, según los organizadores) salieron a la calle en una ‘marea blanca’ en señal de protesta por las políticas educativas de la Conselleria de Educación. Fueron convocados por la Federación Católica de Asociaciones de Padres de Alumnos de Valencia (Fcapa-Valencia), la federación de enseñanza del sindicato Unión Sindical Obrera (USO-CV) y la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, que agrupa a los centros docentes que se han visto afectados por un reciente recorte de unidades concertadas de bachillerato por parte de la Conselleria de Educación. Aunque las dos formaciones políticas de centro-derecha han respaldado la movilización, su convocatoria surgió de la propia comunidad educativa de estos centros de financiación mixta, y el seguimiento obtenido refleja la existencia de un choque ideológico que en determinados sectores sociales de la población valenciana es lo suficientemente profundo como para lanzarse a la calle.
Sobre el papel, la presunta agresión al intensivo modelo de conciertos educativos desplegado por los sucesivos gobiernos anteriores del Partido Popular ha sido mucho más modesta de lo que parecían prometer los programas electorales de izquierdas de los socios del llamado Pacto del Botánico. El departamente que encabeza Vicent Marzà (Compromís) ha eliminado 31 unidades de bachillerato concertado (menos de un 15% de las 437 que financiaba en total), aludiendo a que existe oferta suficiente en institutos públicos y otros centros concertados de un tramo de enseñanza no obligatoria por ley. En total, cerca de un millar de alumnos de 26 centros concertados tendrán que buscar nuevos instituto para finalizar su etapa académica preuniversitaria.
Al no tratarse de un recorte generalizado, las patronales del sector (Feceval y Fere-Escuelas Católicas) habían dado por buena la revisión, que no volverá a plantearse hasta dentro de cuatro años. Sin embargo, hace dos semanas, los centros afectados, agrupados en la plataforma Libertad de Enseñanza 27.1, las asociaciones de padres de colegios católicos y representantes sindicales de profesores susceptibles de perder sus empleos se citaron en un colegio de Valencia, el San Vicente Ferrer de la orden de los Dominicos, para debatir propuestas de acción conjunta y decidieron movilizarse. Además de lanzar una campaña de recogida de firmas a través de change.es (llevan 31.000 registradas), convocaron una manifestación para el pasado sábado con una respuesta ciudadana que desbordó las previsiones.
Miles de personas salieron a la calle en un éxito de convocatoria que ha evidenciado la inquietud de muchas familias con respecto a las políticas educativas de la Generalitat. Tras años de políticas que han favorecido la expansión del modelo de conciertos y de cierta estigmatización de la educación pública bajo el argumento del exceso de inmigración o la carencia de recursos, son muchos los padres de clase media y tendencias conservadoras que temen verse obligados a sacar a sus hijos de colegios religiosos que ahora reciben fondos públicos y que no podrían pagar en caso de que fueran estrictamente privados.
“La manifestación ha sido una medida de presión para demostrar a la conselleria que no puede hacer lo que quiera siguiendo su programa electoral. Hay gente que considera que la enseñanza concertada es buena, que pagan sus impuestos y que tienen derechos. La enseñanza concertada no tiene porqué estar sujeta a la oferta pública ni ser suplementaria”, sostiene José Javier Sebastián, psicólogo orientador y portavoz de Libertad de Enseñanza 27.1.
“La manifestación no ha sido solamente contra el cierre de aulas. Aquí se ha juntado también el tema del arreglo escolar de infantil, el de las imposiciones lingüísticas, de distritos escolares y de otras imposiciones de carácter ideológico de la Administración. Hay mucha gente indignada con esto, mucha más que las mil familias afectadas por el recorte de las aulas de bachillerato”, explica a El Confidencial Vicente Morro, presidente de Fcapa, los padres católicos.
Lo cierto es que algunas de las medidas trazadas por el conseller Marzà, adscrito al ala nacionalista de Compromís, han generado fuerte rechazo en amplios sectores conservadores de la población. El decreto más polémico ha sido el llamado Programa de Plurilingüismo Dinámico. Aunque queda lejos de modelos de inmersión lingüística como el catalán, ha recibido contestación por dar prioridad al valenciano sobre el castellano usando como cebo las horas de inglés. El modelo ha finiquitado el sistema anterior basado en dos líneas voluntarias (valenciano o castellano) para crear una única línea plurilingüe con varios niveles en la que aquellos centros que optaban por más horas en valenciano recibían también mas horas en inglés.
Este sistema ha sido muy contestado en las zonas castellano hablantes de la Comunidad Valenciana, que han optado por acogerse a niveles con menor presencia de la lengua autóctona, principalmente algunas comarcas de Alicante, las lindantes con Castilla-la Mancha (Requena-Utiel) en la provincia de Valencia y en la propia capital de la autonomía, donde el valenciano está en posición de debilidad en el uso. Finalmente se ha producido un acuerdo entre el Ministerio de Educación y la Generalitat por el cual el conseller Marzà se ha comprometido a elevar la presencia de horas de inglés en aquellos centros que han optado por elegir los niveles con prevalencia del castellano.
Las políticas de educación, por lo que tienen de choque cultural y ruptura con los modelos anteriores implantados por el Partido Popular, se han convertido en el gran caballo de batalla de la política autonómica, el único capaz de sacar a la calle a miles de personas contra el nuevo gobierno progregista que preside Ximo Puig, que ha negado que existan discriminaciones las medidas en enseñanza de su gobierno y sostiene que habiendo oferta pública no era partidario de mantener toda la financiación de concierto en niveles de enseñanza no oblogatoria. “No podemos consentir que haya privilegios”, ha dicho este lunes.
Partido Popular y Ciudadanos no han dudado en sumarse y dar cobertura a las movilizaciones, conscientes de que gran parte de su base electoral se mueve en esos ámbitos y de que el caladero alcanza también a clases medias no necesariamente de derechas que pueden decantar el resultado de unas elecciones. Los populares forman parte y son fundadores incluso de la llamada Mesa por la Educación en Libertad, una plataforma que reúne a las patronales de centros concertados, las asociaciones de padres católicos, el sindicato USO o el Foro Valenciano de la Familia y al que se ha sumado la Asociación para la Defensa del Castellano en la Comunidad Valenciana.
