Es buena cosa que haya debates en torno a los grandes principios que informan la República. No así restaurar viejos contenciosos que el país —en consonancia con esos principios— ya había resuelto con felicidad para todos.
Nuestro país es una república laica y en ese concepto han vivido y se han desarrollado todas las religiones, en pacífica convivencia; entre sí y con quienes no somos creyentes. La libertad de cultos ha resplandecido, las iglesias no pagan impuestos y en la Constitución de 1917, hace un siglo, el Estado le reconoció a la Iglesia Católica la propiedad de aquellos templos construidos con cargo al erario. Quedó claro desde entonces que “el Estado no sostiene religión alguna”.
Si ha existido un éxito ha sido esa definición, a cuyo amparo se ha desarrollado un clima de tolerancia que superó los viejos enfrentamientos entre el pensamiento clerical y el anticlerical, que protagonizaron en su tiempo sacerdotes católicos, intelectuales y políticos. Ya la Constitución de 1917 fue un paso notable en esa dirección y hasta la tan mentada nomenclatura de las fechas religiosas, lejos de ser una expresión de intolerancia, es justamente lo contrario. En estos días los católicos han vivido su “Semana Santa” con un feriado oficial de una semana, más amplio y generoso que el de países oficialmente católicos, donde solo el jueves y el viernes se destinan a la conmemoración.
Todo esto viene a cuento de que la Iglesia Católica sigue insistiendo en instalar un estatua de la Virgen María en un lugar en que desde hace varios años se realiza un rezo colectivo. Por esa vía, ese hermoso espacio público, abierto a todos los ciudadanos, perdería su condición de neutralidad para transformarse en un lugar de culto. Le hemos llamado “una iglesia a cielo abierto” e insistimos en el concepto.
Por estos días, un grupo de legisladores de todos los partidos ha presentado un proyecto declarando Día de la Laicidad el 6 de abril, en recuerdo de la ley de 1909 que suprimió la enseñanza y práctica religiosa en la enseñanza oficial.
El Cardenal Sturla ha reaccionado favorablemente, diciendo que la idea le parece “fantástica” si la laicidad se entiende “como apertura y no cerrazón”, si no se cae en un “dogmatismo añejo, jacobino”. Y he ahí, entonces, la diferencia. Porque ese calificativo nos lo endosa a todos quienes hemos discrepado con su propuesta y hemos rechazado su concepto de que debemos apartarnos del “balde laicista que se le impuso a este país hace cien años”.
En lo personal me veo en las antípodas de una militancia dogmática, cuando —aun con debates adentro de mi partido— propuse el mantenimiento de la llamada Cruz del Papa, como testimonio “histórico” de la visita de Juan Pablo II, primer pontífice católico que nos visitaba. Del mismo modo que contribuí a consolidar la presencia de la Universidad Católica y, a partir de allí, abrir otras universidades de las más diversas tendencias.
El Cardenal es activo y militante. Y merece todo nuestro respeto. Sabe que la Iglesia ha disminuido los bautismos, comuniones y casamientos y da la batalla por su fe. Es natural que así lo haga. Dice que la Iglesia uruguaya es “pobre y libre” y es verdad. Siempre fue pobre y también fue siempre libre, como no lo eran en cambio —antes de 1909— los niños y jóvenes que, sin ser católicos, recibían prédica religiosa en los establecimientos de enseñanza. La cuestión es que esa militancia no valoriza lo suficiente los avances señalados en el camino de tolerancia, va más allá y pretende inequívocamente invadir el espacio público, quitándole su neutralidad, su imparcialidad, reavivando debates superados.
En Uruguay no hay ningún brote jacobino si entendemos por ello intolerancia y dogmatismo antirreligioso. Lo que sí se da es la reacción natural ante propuestas que resucitan el viejo clericalismo, ese sí vetusto y enterrado. La propia Iglesia ha reconocido a la laicidad como parte “del ADN” del país y por ello no es una buena cosa que insista en estos planteos que, notoriamente, son polémicos.
El proyecto de Día de la Laicidad, más allá de que pueda entenderse como una respuesta a su polémica propuesta, introduce al país en un buen debate. Para precisar mejor la idea de laicidad y llevarla a un terreno filosófico amplio, que incluya también la imparcialidad política, constantemente agredida por textos y enseñanzas.
Denota salud democrática que en nuestra República haya debates sobre sus principios. El desafío es mantenerlos dentro de un marco de pluralidad que no hiera la necesaria unidad nacional en torno a los valores establecidos en la Constitución de la República. En ese código mayor que rige nuestra convivencia cívica, están definidos los principios a los que todos, en la diversidad, debemos ajustar nuestra conducta.
