Pese a estar inmersos en lo que eufemísticamente se ha dado en llamar “economía de mercado” (siendo claros: un sistema económico, social y político basado en la propiedad privada en beneficio exclusivo del capital), los estados democrático-liberales, con el fin de preservar un mínimo de “cohesión social”, han ido asumiendo la conveniencia de reconocer y garantizar ciertos derechos generales demandados socialmente. Para cumplimiento de aquellos que responden a necesidades vitales y fundamentales se crearon los “servicios públicos”. De una parte, infraestructuras como vías de comunicación, suministro de agua, energía, limpieza y tratamiento de residuos, …. De otra, los llamados servicios y prestaciones sociales, desde sanidad y educación a pensiones, subsidios de desempleo, etc. Su mantenimiento, calidad y disfrute en condiciones de igualdad ha constituido motivo permanente de la lucha de la clase trabajadora, considerándolos conquista irrenunciable frente a los sucesivos intentos de su recorte y/o privatización.
Desde hace unas décadas, y en línea con las llamadas políticas “neoliberales”, de regresión social y ofensiva privatizadora (“Estado mínimo”), se ha venido produciendo una perversión del concepto mismo de “servicio público”, cuestionando su titularidad y gestión que, como tales, deben corresponder a las Administraciones Públicas.
Ahora se siguen llamando “públicos” solo por el carácter general de las necesidades a cubrir y porque se pagan con fondos públicos, pero sus gestores y “proveedores” pueden ser y lo son cada vez más empresas privadas, cuyo interés primordial es conseguir el mayor beneficio posible. Así venimos asistiendo a un proceso acelerado de privatizaciones de los sectores públicos más golosos para el capital, a la vez que se incrementan las desigualdades en el acceso y calidad de dichos servicios. El objetivo apenas oculto es convertirlos progresivamente en un nuevo mercado con diferentes ofertas y demandas, de acuerdo con la capacidad adquisitiva de las distintas capas sociales.
En el caso de la sanidad y la defensa del derecho de todos a la salud, se vienen sucediendo toda una serie de luchas contra los procesos privatizadores, logrando en muchos casos su eventual paralización (Comunidad de Madrid) o su reversión, como se está procediendo con el hospital de Alcira, buque insignia del modelo privatizador del PP, que volverá a ser público.
Sin embargo, no parecen regir los mismos principios y empeño en otro servicio público fundamental como es el de la educación. Muy atrás queda el propósito de un simple liberal, el Conde de Romanones, cuando decía a principios del siglo XX: “un derecho universal como es la educación no puede dejarse en manos privadas”. Los considerables esfuerzos de la IIª República por extender un sistema educativo público, gratuito, laico y único hasta el último rincón del país, quedaron truncados con la dictadura franquista que impuso un severo retroceso en todos los niveles educativos y dejó en manos de la Iglesia buena parte de los centros “de pago” y el entero control ideológico de la enseñanza. Con múltiples excusas, los gobiernos “democráticos” no se han atrevido a alterar esa inadmisible herencia más allá de retoques formales para dar carta legal a los conciertos -favoreciendo su expansión- y prolongar de diversas maneras la presencia de la Religión católica dentro de la Escuela.
A propósito del pretendido “pacto educativo”, asistimos a una ofensiva de la Iglesia y de la patronal privada para conservar y acrecentar la considerable parte de la tarta que ya poseen. Hace poco constituyeron una plataforma conjunta para defender sus intereses al unísono en las próximas comparecencias ante la Subcomisión parlamentaria, creada para abrir camino al presunto “pacto educativo”.
En sendos actos celebrados en el Ateneo de Madrid el pasado 29 de marzo, las patronales de la enseñanza concertada, desde “Escuelas Católicas” (con más de 2.000 centros) a las que se tienen por innovadoras y “progresistas” (120 empresas integradas en “Economía Social”), reivindicaban “el papel de la enseñanza concertada como servicio público de educación”. Hablan, evidentemente, de un “servicio público” del que hacen negocio privado, económico y/o ideológico, a la vez que contribuyen decisivamente al desarrollo de mayores desigualdades en la enseñanza y a la creación de un “mercado educativo”, donde el “copago” se está generalizando como en la sanidad.
En el caso de la enseñanza concurre otro elemento fundamental: el “carácter propio” o “ideario” de los centros concertados (el 70% son de la Iglesia) les sirve de justificación para discriminar ideológicamente a la hora de seleccionar su alumnado y para imponer el adoctrinamiento religioso a niños y jóvenes, vulnerando su derecho a la libertad de conciencia, aún más grave por estar en periodo de formación.
Es preciso desmontar los falaces argumentos con que se quiere justificar el mantenimiento de la enseñanza privada concertada, financiada con dinero público, en detrimento de la red pública. Por un lado, la invocación a las supuestas virtudes de una “pluralidad” de ofertas y la pareja “libertad de enseñanza”, traducida en “libertad de elección” de centro (de acuerdo a las posibilidades económicas), no puede ocultar la mercantilización descarada del sistema educativo con el establecimiento de profundas desigualdades en su seno. Por otro, la justificación de los conciertos por la bondad o el carácter innovador de sus respectivos “proyectos”, olvida que no hay mejor proyecto que el que permite su extensión al conjunto del alumnado para beneficio de todos por igual; y que la Escuela Pública puede y debe constituir el mejor laboratorio para avanzar en la calidad -y “excelencia”, si se quiere- de la educación “de todos y para todos”, sin discriminaciones ni exclusiones.
La manida alusión al carácter progresista e innovador que significó la Institución Libre de Enseñanza -creada por iniciativa privada en el siglo XIX-, supone una abusiva extrapolación de tiempo y contexto. Su incidencia en la formación de una reducida élite de la burguesía liberal, frente al raquítico y clerical sistema educativo oficial, de poco sirvió para paliar el 75% de analfabetismo que aún reinaba en España a finales de ese siglo. El avance de sus ideales educativos y métodos pedagógicos sólo tuvieron repercusión generalizada cuando la República puso los medios para extender la educación mediante un Escuela Pública y Gratuita, Única y Laica.
Es a esa Escuela, como institución de la “res pública”, y a los poderes públicos responsables de su sostenimiento y desarrollo, a quienes se puede exigir democráticamente que sea instrumento para hacer efectivo el derecho universal e igual a la educación. Obligación que no compete a ninguna entidad privada, por su propio ámbito y fines privados. De igual modo, el carácter laico de la Escuela es una exigencia democrática que concierne a todos los centros educativos, porque en todos debe ser respetado el derecho, igualmente universal, a la libertad de conciencia. Escuela Pública y Laica van de la mano y sigue siendo una aspiración democrática lejos de estar resuelta en este país, cuyas rémoras del pasado se convierten hoy en punto de apoyo para los actuales procesos de privatización.
Frente al “mercado educativo” de la desigualdad y la diferencia en cuanto al derecho mismo a la educación, que se propugna descaradamente, solo una Escuela Pública y enteramente gratuita, laica y democrática, a la que se destine la totalidad del presupuesto necesario para la enseñanza, puede garantizar la unidad, universalidad e igualdad de ese derecho.
Si el “Pacto de Estado” sobre la educación pretende preservar los intereses privados afincados en la enseñanza y contrarios a esos principios democráticos, mantener la fragmentación del sistema educativo en diversas redes y la desigualdad creciente que propicia, así como el adoctrinamiento dogmático en los centros educativos, puede y debe encontrarse, una vez más, con el rechazo de la mayoría social.
