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El divorcio no es un derecho para las libanesas. Las religiones dictan el estatuto de la mujer

Las cortes religiosas de las 18 confesiones del país dictan las leyes del estatuto personal de la mujer

Líbano es un ejemplo de convivencia religiosa donde 18 confesiones comparten historia, lengua y economía. Sin embargo, las mujeres viven en mundos paralelos en lo que atañe al estatuto personal. El sistema sectario que rige la política del país dicta que el Presidente ha de ser cristiano, el primer ministro musulmán suní, y el portavoz del parlamento musulmán chií. En consonancia, las cortes religiosas legislan la intimidad de 4,5 millones de habitantes. Algo que crea desigualdades entre las libanesas discriminadas en las 18 versiones de la ley a la hora de solicitar un divorcio.

“Tuve que renunciar a toda compensación económica para poder deshacerme de él”, dice Rania, musulmana suní de 28, madre de dos menores y víctima de malos tratos durante los ocho años que duró su matrimonio. “Los derechos son desiguales porque las diversas confesiones otorgan roles diferentes a hombres y mujeres en la sociedad y en la familia”, explica Youmna Makhlouf, miembro de la ONG libanesa Legal Agenda. El informe intitulado Desiguales y desprotegidas, publicado en 2015 por la organización Human Rights Watch, compila las diferencias legales. Las musulmanas tendrán más opciones para solicitar un divorcio que las cristianas. En todas las religiones, excepto en la cristiana, los hombres pueden solicitar unilateralmente el divorcio.

Solo aquellas musulmanas o drusas que hayan insertado, con el consentimiento de su futuro esposo, una cláusula en el contrato matrimonial sobre el derecho unilateral al divorcio (Isma en árabe), podrán solicitarlo ante las cortes religiosas. Debido a la presión social y a la reticencia religiosa, apenas un 3% de los contratos matrimoniales incluyen esta cláusula. Sin el isma, toda libanesa queda sujeta a la discrecionalidad del religioso de turno. “Realidad que disuade a una mayoría de mujeres económicamente dependientes. Las que deciden continuar con el proceso, afrontan un mínimo de dos a tres años de separación para, con suerte, obtener después la anulación del matrimonio”, dice Makhlouf.

En cuanto a los cristianos libaneses, la legislación es la más estricta para tanto hombres como mujeres donde obtener el divorcio puede resultar misión imposible. Una barrera que tan solo ellos pueden sortear. “Hay libaneses que optan por convertirse al islam, confesión en la que pueden contraer hasta cuatro matrimonios simultáneos. Algo que las mujeres cristianas no pueden hacer”, matiza Makhlouf. La disparidad legal también afecta a la obtención de la custodia de los hijos, que se asigna a la madre hasta que estos cumplan dos o 14 años, según la confesión y el sexo del menor. Las pensiones o reparto de bienes son otra de las batallas donde las libanesas tienen todas las papeletas para perder. Elmahr (suerte de dote especificada en el contrato matrimonial) junto con tres meses de pensión serán todo lo que obtengan. El exmarido de Rania cifró en una moneda de oro el mahr que esta recibiría en caso de poner fin al matrimonio. Lo que equivale a 200 euros.

Una sociedad a dos velocidades

La nota positiva la aportan un grupo de ONG que luchan por reducir el abismo entre las amplias libertades sociales que disponen las libanesas y la arcaica legislación que las somete al oligopolio religioso. Han logrado en 2014 su primera victoria con la adopción de una ley sobre la violencia doméstica. Bajo esta ley los juzgados civiles defienden a la mujer independientemente de su religión y son capaces de dictar órdenes de alejamiento, custodias de menores y compensaciones económicas. De nuevo, la teoría difiere de la práctica, donde los hombres logran apelar a las cortes religiosas y cortocircuitar el veredicto del juzgado civil. “Al final los hombres solicitan el divorcio ante las cortes religiosas para eludir pagar pensiones o salir del hogar conyugal. Pero en los casos de peligro físico para los hijos, el dictamen de la corte civil en materia de custodia prevalece sobre el religioso”, explica en Beirut Amer Baderdine, abogado de la ONG Kafa (Basta, en árabe).

No hay divorcio injusto sin matrimonio injusto. De ahí que los activistas libaneses luchen en múltiples bandos para asegurar una legislación igualitaria entre géneros y sujeta al código civil. Algo a lo que los líderes religiosos de las 18 confesiones coinciden en oponerse fehacientemente. Desde 1951, obispos y jeques han bloqueado hasta ocho propuestas para introducir en Líbano el matrimonio civil. Entretanto, las parejas que desean casarse por lo civil han de hacerlo fuera del país. Lo que ha fomentado una peculiar red de agencias de viajes que ofertan competitivos paquetes que incluyen viaje, hotel y gestión notarial para desposarse en Chipre o Turquía.

Los vericuetos legales acaban creando extrañas situaciones para sus habitantes. Nadia, maronita católica de 36 años es hoy polígama ante y a causa de la ley, por lo que podría ser penalizada. Relata como se casó en Jordania con un libanés protestante en una iglesia protestante. “A los tres años pedimos el divorcio ante la corte religiosa, pero nos lo denegaron. Así que los dos nos convertimos ante la iglesia ortodoxa para poder divorciamos en Jordania”. Cuando Nadia intentó registrar su divorcio en Líbano le dijeron que tenía que haber inscrito previamente su conversión ante la iglesia maronita. Atrapada durante más de cuatro años en un atolladero legal, donde la corte le reenvía al ministerio de interior y viceversa, la joven se ha casado por segunda vez en un juzgado de Estados Unidos. Hasta que logre sortear cómo registrar el divorcio con su primer marido, Nadine seguirá siendo bígama en Líbano.

CASAR A MENORES Y A VÍCTIMAS CON SUS VIOLADORES ES LEGAL EN LÍBANO

El desfase entre legislación y realidad social es abismal en Líbano, algo sobre lo que la ONG local Kafa ha decidido meter el dedo en la llaga. En 2015 divulgó un controvertido video como parte de una campaña de condena hacia el matrimonio de menores. En el malecón de Beirut, una pareja se retrata en atuendos de boda ante la atónita mirada de los pasantes. El sonríe y viste de traje. Aparenta haber cumplido los sesenta. Ella, viste de blanco y, a pesar de estar excesivamente maquillada, no aparenta más de 12. En cuestión de minutos, una mujer interrumpe su marcha para arremeter contra lo que considera un matrimonio ilegal. La mujer amenaza con llevarse a la niña. Otro transeúnte arremete contra el novio al que acusa de pederasta.

El actor que hace las veces de recién casado replica que las leyes libanesas le amparan y que su matrimonio con la menor es legal puesto que cuenta con el consentimiento de los padres. En Líbano, las menores de hasta nueve años pueden ser casadas con el consentimiento de sus padres, pero no disponen de la mayoría de edad para solicitar un divorcio antes las cortes religiosas. Al desamparo legal de estas menores se suma una legislación que expone a las mujeres a ser dobles víctimas en los casos de violación. El artículo 522 del Código Penal exime a los violadores de sus penas cuando éstos contraen matrimonio con la víctima.

Tras la relativa victoria que supone la ley sobre violencia doméstica, y estrenando Gobierno en Líbano tras una parálisis legislativa de 2 años y medio, un puñado de ONGs locales presionan hoy para que se adopte un único código civil que regule el matrimonio, el divorcio y la transmisión de la nacionalidad para todas las mujeres libaneses por igual. Una lucha ante la que los propios parlamentarios admiten toparse con el infranqueable poder de los religiosos en este diminuto pero extremadamente diverso país.

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