La educación en los Estados democráticos modernos es una preocupación fundamental, no solo del gobierno sino de la sociedad en su conjunto, y se entiende como un derecho y obligación de toda la ciudadanía y de sus instituciones para garantizar unos valores generales y una formación común que permita el desarrollo de todas las personas y el avance del país.
En Europa desde la Ilustración la «instrucción pública» se considera la base de la Republica, y por tanto una competencia directa del Estado. Y así es considerada hasta hoy en la mayoría de los países de nuestro entorno. Esto supone un único sistema de educación, gestionado por los fondos públicos y en centros públicos. Así tenemos ejemplos como el Finlandés, reconocido como uno de los mejores sistemas educativos, donde solo hay un escaso 10% de centros privados, y donde, por cierto, el valor de la educación es altísimo y en consecuencia el profesorado el gremio mejor considerado socialmente. Otro modelo puede ser el francés, con tres tipos de centros: estatales, concertados y privados, aunque con un único programa obligatorio, supervisado por la Inspección pública y con controles y exámenes únicos realizados desde el Estado; y todos los que reciben subvención estatal, independientemente de su titularidad, están obligados a un concurso público de contratación del profesorado y los idearios particulares solo pueden desarrollarse en horarios complementarios.
El caso español es un poco particular. Nuestra historia siempre ha estado marcada por las contrarreformas, no dejamos florecer como en otros países el renacimiento que acababa con los siglos obscuros del medievo, fuimos la lanza contra los intentos de reformas en la «cristiandad», reforzando la contrarreforma y manteniendo la Inquisición hasta el siglo XIX; y no parece que nos revelaramos contra Napoleón por nuestra soberanía sino más bien contra las modernidades que pretendía implantar, por eso recibimos al poco tiempo al grito de «vivan las cadenas» al ejército francés, esta vez del rey, que nos devolvía a nuestro absolutisimo Fernando VII.
Naturalmente la educación estuvo todo el,tiempo en manos de la Iglesia Católica, desde los conventos y abadías hasta seminarios y centros de órdenes religiosas.
Solamente en los principios del siglo XX empieza a desarrollarse la enseñanza pública, siendo el breve periodo de la Segunda Republica el momento de máximo esplendor, con un cuerpo de maestros muy implicados y con un alto nivel profesional. El golpe militar bajo el lema de cruzada nacionalcatolica cortó de raíz ese sistema de enseñanza. Los vencedores se cebaron con el profesorado de la Repblica, acabando físicamente con ellos o destituyéndolos. En el nuevo régimen los servicios sociales, como la salud o la educación, son entregados a la Iglesia Católica, y se improvisa un nuevo profesorado entre el propio clero y los combatientes del bando franquista, primando la certificación ideológica sobre otro tipo de formación o competencias. Las propias escuelas de Magisterio son concebidas y funcionan como centros de formación de catequistas para formar en los principios del régimen.
La poca definición de Constitución del 78 y los acuerdos con la Santa Sede, permiten la continuidad del protagonismo de la Iglesia en la educación. El desarrollo normativo de estos casi 40 años (LODE, LOGSE, LOMCE,LEA) no ha corregido y a veces ha favorecido ese protagonismo.
Hay pues dos sistemas de hecho, uno estatal, y otro de la Iglesia Católica (subvencionado casi todo por el Estado), quien mantiene tambien una gran influencia sobre el primero, y está en plena ofensiva expansionista.
Ante esta realidad, y la devaluación del servicio público por las políticas de recortes, la sociedad está empezando a reaccionar, con movimientos y mareas en defensa de la enseñanza pública o con huelgas como la del 9 de Marzo. Pero no tienen el respaldo tan masivo del profesorado, familias y alumnado que sería lógico. Sin duda porque no sienten que lo público es suyo, que el profesorado está pagado por la ciudadanía, que las plazas educativas cuestan un dinero que es de todos y todas, que las familias tienen derechos y deberes con el sistema educativo de sus hijos, que la ciudadanía en general es propietaria del sistema y tiene que defenderlo y mejorarlo.
España tendrá un sistema educativo similar al de Francia o Finlandia cuando su pueblo cambie la mentalidad de súbdito a la de ciudadano y realice la Transición hacia el Estado Democrático del siglo XXI, sin tutelas de ningún poder que no sea el de la ciudadanía.
