El Gobierno de la Nación, que preside el popular Mariano Rajoy, en respuesta escrita a preguntas registradas por los diputados nacionales del PSOE por Córdoba, Antonio Hurtado y María Jesús Serrano, ha afirmado que no cuestionará la inmatriculación de la Mezquita-Catedral de Córdoba por parte de la Iglesia Católica.
En concreto y según recoge el Ejecutivo central en su contestación escrita al PSOE, a la que ha accedido Europa Press, «el Gobierno no va a entrar a cuestionar los asientos que están bajo la salvaguarda de los tribunales, y que producen todos sus efectos, mientras no se declare su inexactitud en los términos establecidos en la Ley Hipotecaria, tal como establece el artículo 1 del Decreto de 8 de febrero de 1946, por el que se aprueba dicha Ley».
Esa ha sido la respuesta del Ejecutivo a la pregunta de Hurtado y Serrano de si «¿va a tomar el Gobierno alguna medida para anular esta inmatriculación y que la propiedad vuelva a ser pública?».
Los diputados socialistas también preguntaron «¿qué documento acreditativo se ha utilizado para que la Iglesia Católica haya inmatriculado a su nombre la Mezquita de Córdoba?», si «¿ha consultado el registrador de la propiedad al Ministerio para llevar a cabo esta inmatriculación?» y «¿qué tipo de consulta y que respuesta se dio?».
La respuesta del Gobierno, en cuanto al documento acreditativo usado por la Iglesia, ha sido que, «conforme al artículo 18, párrafo primero de la Ley Hipotecaria, Decreto de 8 de febrero de 1946, los registradores calificarán, bajo su responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del Registro».
En relación con la cuestión de si el registrador consultó al Ministerio para llevar a cabo la inmatriculación, el Gobierno ha señalado en su respuesta que, «de acuerdo con el artículo 273 de la Ley Hipotecaria, los registradores no pueden consultar las materias o cuestiones sujetas a su calificación. En consecuencia, no hubo consulta alguna al Ministerio de Justicia».
CRÍTICAS DE HURTADO
Ante estas respuestas y en declaraciones a Europa Press, el diputado socialista cordobés Antonio Hurtado ha criticado que «el Gobierno se niega a intervenir en la supuesta apropiación de la Iglesia Católica de bienes que son públicos», cuando, en su opinión, «el Gobierno, a través de la Dirección General de Registros y del Notariado, debiese comprobar las garantías jurídicas que se ha producido en el proceso de inmatriculación».
En concreto, según ha argumentado Hurtado, «se deben de comprobar los títulos aportados por la Iglesia en los bienes inmatriculados» por dicha institución religiosa «desde 1998 y, que en caso de no ser documentos suficientes, ni válidos, se debe reclamar la propiedad de estos bienes y de aquellos, considerados de dominio público, que también hayan sido inmatriculados».
