«Es competencia exclusiva del poder judicial», recuerda en un comunicado enviado al Ayuntamiento
La Plataforma en Defensa de la Libertad de Información (PDLI) ha instado al Ayuntamiento de Barcelona a «reconsiderar» incluir en su plan de prevención de odio contra la islamofobia la posibilidad de multar «a aquellas personas que expresen odio o discriminación frente a terceros en la vía pública por cuestiones de discriminación», ha explicado la organización en un comunicado.
La PDLI ha remitido un escrito a Jaume Asens, teniente de alcalde de la ciudad condal, en la que le recuerda que «discriminar a colectivos se encuentra ya claramente contemplado como delito en el Código Penal y que la persecución de expresiones intolerantes es por ello competencia exclusiva del poder judicial».
El Ayuntamiento de Barcelona ha explicado que la propuesta de incluir sanciones no forma parte del plan contra la islamofobia presentado por el consistorio, sino que ha sido algo comentado por los periodistas en la rueda de prensa posterior. Además, ha recordado que «ya hay una ordenanza que contempla esas sanciones, y que ahora sería objeto de revisión».
«Todo cuanto dijimos sobre la Ley Mordaza madrileña es aplicable a las ordenanzas que invaden terreno judicial. Como advertimos también con la Ley Sinde y la Ley Mordaza: no se debe llevar a la vía administrativa lo que es materia penal. Ni Cifuentes, ni Colau, ni ningún poder ejecutivo debe tener capacidad de sancionar las opiniones. Solo el poder judicial, y muy tasado”, ha opinado el director legal de la PDLI, Carlos Sánchez Almeida.
Por otra parte, el jurista Joan Barata, experto internacional en libertad de expresión, entiende que «estando ya debidamente contemplado el denominado discurso del odio en nuestro ordenamiento penal, la ampliación de los poderes de represión hacia el ámbito municipal es una idea extremadamente peligrosa, dado que pone en manos de un órgano político, y de los aparatos policiales a su servicio, el poder de perseguir opiniones las cuales, aun siendo en algunos casos extremas e inapropiadas, entrarán dentro del ámbito de la libertad de expresión en una democracia pluralista».
