El partido exige información pues «en Tenerife se desconoce el patrimonio que ha podido amasar» la institución religiosa gracias a las inmatriculaciones.
El grupo de Podemos en el Cabildo de Tenerife propondrá en la comisión plenaria de Presidencia de la próxima semana «el compromiso de esta institución para cooperar en la realización del inventario del patrimonio afectado por las inmatriculaciones que hubiera podido llevar a cabo la Iglesia Católica en la Isla desde 1998, arrogándose la propiedad registral de bienes sin demostrar que eran suyos».
La consejera insular de Podemos Mila Hormiga explica a través de un comunicado que el Parlamento de Canarias aprobó recientemente una proposición no de ley sobre inventario del patrimonio afectados por esas inmatriculaciones, «y lo que estamos planteando al Cabildo es que coopere con los ayuntamientos de la Isla, el Parlamento de Canaria, y los gobiernos autonómico y central en dar cumplimiento a ese acuerdo que enlaza con una campaña estatal dirigida a identificar y recuperar el patrimonio usurpado por la Iglesia Católica a particulares y al patrimonio público en base a un resquicio legal que permitió hasta 2015 que quien primero inscribiera a su nombre bienes que no hubieran sido formalmente registrados, se atribuyera su propiedad sin tener que acreditarla».
Recuerda que en otras comunidades están trascendiendo apropiaciones eclesiásticas escandalosas «pero en Tenerife se desconoce el patrimonio que ha podido amasar la Iglesia con ese ardid de la antigua Ley Hipotecaria». Añade que es «importante» conocer a ciencia cierta si en nuestro territorio se han producido apropiaciones eclesiásticas de inmuebles, terrenos o monumentos para avanzar en transparencia y valores democráticos», así como «para valorar posibles acciones en defensa del patrimonio público, o sea, de aquellos bienes que deben ser propiedad de toda la ciudadanía y que están en manos de una organización religiosa «.
En línea con esa propuesta, el grupo insular de Podemos ha incluido en la moción que se llevará a votación insular la próxima semana la propuesta de que el Cabildo adquiera el compromiso «de garantizar y fomentar en su ámbito de competencias la libertad de conciencia individual y la independencia efectiva del Estado con respecto a cualquier confesión religiosa o ideología particular, asegurando así la neutralidad ideológica de las administraciones públicas».
Mila Hormiga apunta que el principal objetivo de esta moción es la defensa y el fomento de la libertad de conciencia de todas las personas de esta Isla, así como establecer la libertad secular de las instituciones públicas en el ámbito insular y municipal «dado que el Estado no tiene confesión alguna y que los cabildos y ayuntamientos son parte fundamental del Estado». Para ello, remarca, debe evitarse cualquier tipo de privilegio o discriminación en el trato económico, fiscal y simbólico a todas las entidades de carácter privado, sean religiosas o no, con el fin de asegurar el principio democrático de la igualdad de derechos ante la Ley y la separación de los ámbitos público y privado.