La iglesia católica suele justificar sus privilegios acudiendo a su obra social.; suele esgrimir que su obra social ahorra miles de millones al Estado. En realidad la iglesia católica y sus órdenes religiosas y ONGs o fundaciones religiosas han fortalecido de forma impresionante el negocio de la pobreza y servicios sociales con un entramado de instituciones que ninguna otra empresa del tercer sector se pueda comparar. Incluso rivaliza con el Estado. Veamos, por ejemplo, la asistencia social a ancianos; en España hay 359.000 plazas residenciales para ancianos de las cuales 97.000 están en residencias públicas y el resto en residencias privadas. Pues de estas 264. 000 plazas privadas más de 150.000 están en instituciones religiosas y, muchas de estas plazas están subvencionadas con fondos públicos. Otras veces las órdenes religiosas mantienen residencias como meros negocios privados.
Veamos el caso de los niños tutelados: en España hay 21.000 niños tutelados que viven en residencias; pues bien cerca de 13.000 lo hacen en residencias gestionadas por órdenes o fundaciones religiosas. Y el 90% se financian con fondos públicos. La ONU ya ha advertido de esta extraña situación.
Pongamos otro ejemplo que afecta a los ayuntamientos y que ha aumentado mucho con la crisis económica: albergues para los sin techo y comedores sociales para pobres; la mayoría son católicos y muchos reciben subvenciones municipales. Todo ello se hace no solo a través de CARITAS sino a través de un sinfín de ONGS y fundaciones y muchos ayuntamientos dan dinero para ello. Un ejemplo reciente en España ha sido el Banco de alimentos: un montaje del Opus Dei vinculado a las grandes superficies que además recibe subvenciones municipales y compras estatales de alimentos.
En el ámbito de la drogodependencia la Iglesia católica y sus hospitales también son una fortaleza; es el caso del famoso Proyecto Hombre, que se ha enmascarado bajo la apariencia de asociación civil; existen también ONGs vinculadas a obras religiosas con gran oscuridad y nada de transparencia en su financiación; es el caso de la muy subvencionada obra del Padre Ángel: Mensajeros por la paz y satélites. Estas ONGS, muchas veces enmascaradas en una gran variedad de personalidades jurídicas, son especialistas en recibir ingentes donaciones y subvenciones públicas. Una de las características de todo esto es la opacidad y oscuridad financiera de las ONGs , fundaciones y otras instituciones vinculadas a las iglesias e igualmente la gran capacidad que tiene para recibir subvenciones. Adviértase aquí que en uno de los principales escándalos de fraudes de chiringuitos financieros en España, el famosísimo caso de GESCARTERA, las principales entidades involucradas eran fundaciones y órdenes religiosas.
Es cierto que esto solo es posible por una dejación de funciones por parte de las administraciones públicas. Ya que en los últimos tiempos muchísimos servicios sociales se están externalizando en manos de empresas o en manos de ONGs e iglesias. Que en el siglo XXI ayuntamientos, como el de Madrid, paguen los comedores para los pobres de los conventos es un insulto a los ciudadanos.
¡La iglesia católica u otras iglesias si quieren hacer caridad que lo hagan por su cuenta pero no con los ingresos públicos! Algunos ayuntamientos así lo han entendido, como el Ayuntamiento de Valencia, que ha suprimido las subvenciones al Banco de Alimentos. Pero esa no es la tónica general. En el caso del Ayuntamiento de Madrid, por ejemplo, se subvencionan este tipo de proyectos e incluso se quiere dar una visión positiva de los mismos. La ciudadanía del siglo XXI no puede aceptar que las iglesias, con fondos públicos, hagan caridad. ¿Cómo es posible que en un país con una renta per cápita de 30.000 dólares podamos tener más de la mitad de los niños tutelados en manos de instituciones religiosas? ¿Cómo es posible que en pleno siglo XXI los ancianos sin recursos tengan que acabar sus días en los asilos de las hermanas de la caridad y/o de las hermanas hospitalarias?.
Desde finales de los noventa los servicios sociales de los ayuntamientos y diputaciones están siendo jibarizados por el denominado tercer sector –la mayoría en manos de la iglesia católica y las empresas privadas-. Servicios como asistencia domiciliaria, albergues para sin techo, drogodependencia, menores, inmigrantes, refugiados, etc. están siendo externalizados a través de contratos públicos o bien se están dando al tercer sector. De los servicios sociales propios y derechos sociales estamos regresando a sistemas de caridad y en todo caso a una mercantilización de los servicios sociales; una tendencia que pareciese sin alternativa. Pongamos un ejemplo: recientemente el ayuntamiento de Barcelona –el de Ada Colau-sacó a concurso el servicio de asistencia domiciliaria por valor de 114 millones de euros. Las empresas ganadoras han sido SACYR con su filiar VALORIZA y CLECE, empresa de limpieza del grupo ACS presidido por el todopoderoso Florentino Pérez. Algunas empresas del Tercer sector han sido eliminadas del concurso por no poder competir con los precios ofertados por estas mega empresas. ASISPA, CLECE, VALORIZA etc. son empresas que se están quedando con una gran parte de los servicios sociales de los ayuntamientos bajo la mirada sospechosa de las medianas empresas y organizaciones del tercer sector.
En realidad, tanto las empresas privadas mercantiles o las empresas del tercer sector, teóricamente no lucrativo, cumplen la misma función: justifican el repliegue de las administraciones públicas hacia el mercado en todo el ámbito de los servicios sociales y la pobreza. Ni lo viejos ni los nuevos ayuntamientos parecen tener fórmulas para detener esta mercantilización de los servicios sociales. Lo que es evidente es que se está cayendo en una nueva caridad mal organizada financiada con fondos públicos y prestada por CARITAS por CLECE o por el Padre Ángel.
La caridad es un concepto contra la Res-publica. El concepto guía para un Estado laico en la lucha contra la pobreza es el de la solidaridad social que se ejerce a través de la ley y de los derechos y se realizan a través de los servicios públicos y ello acompañado por propuestas universales de garantía social como la Renta Básica o el trabajo garantizado.
