Abonados por convicción a la cultura del diálogo, los obispos se alegran de que se estén dando pasos para alcanzar un pacto educativo y proponen el mismo proceso para el ámbito familiar. Para contribuir al primero, reivindican «sitio» para la clase de Religión en la escuela pública. Y, en el plano familiar, ofrecen su ayuda formativa a los novios y acompañamiento «en los momentos de crisis» a los ya casados.
En la rueda de prensa, correspondiente a la Plenaria episcopal, celebrada la semana pasada, el portavoz del episcopado, José María Gil Tamayo, reveló que los obispos fueron llamados a consulta por el ministro de Educación hace ya un mes. En el encuentro, la Iglesia reiteró su deseo de que se pueda alcanzar un pacto educativo, que evite que la «educación esté supeditada a las alternancias de Gobierno o a las ideologías imperantes». Es decir, que la educación se convierta «en una cuestión de Estado».
En ese nuevo marco educativo «no partidista», la Iglesia quiere que la clase de Religión siga teniendo su «sitio», como asignatura evaluable y computable. Y no porque «sea un privilegio», que no lo es, según Tamayo, sino porque es «un derecho de los padres», reconocido por los Acuerdos con las confesiones religiosas de notorio arraigo y, en el caso de los católicos, refrendado por los «Acuerdos, que tienen rango de ley orgánica».
A juicio del portavoz de los obispos, ese pacto educativo «aportaría concordia y estabilidad» al ámbito educativo, en el que «estamos llamados, no condenados, a trabajar juntos y a promover el bien común, al que ahora se le llama interés general».
¿Estaría dispuesta la Iglesia de dialogar y negociar en el marco de este nuevo pacto? «Por supuesto, esto no es la defensa de un castillo», asegura Gil Tamayo. Pero, pone sus condiciones: «Coherencia con los principios y mano tendida». Y pide, además, a las instancias políticas que «dejen añejas posiciones», porque «no podemos dejar las creencias al margen del hecho educativo». Y eso exige «dejar las rémoras trasnochadas» y «encontrar un sitio adecuado al hecho religioso» en la escuela pública.
Un sitio al que la Iglesia tiene derecho, según los obispos, porque no en vano cuenta con 2.600 centros, 1.468 millones de alumnos, más de 25.500 profesores de Religión y más de 3,5 millones de alumnos inscritos en la enseñanza religiosa. Por eso, la institución católica quiere participar en el pacto educativo de una forma unitaria.
Pacto por la familia
El otro ámbito que preocupa a los obispos es el de la familia, especialmente el de los numerosos «fracasos matrimoniales». Para ayudar en ese campo, los prelados proponen poner al día su directorio de pastoral familiar, para acompañar a las parejas en dos momentos críticos de sus recorridos vitales: de novios y en las crisis matrimoniales.
La Iglesia reconoce que las circunstancias económicas hacen que «para muchos jóvenes sea imposible plantearse la formalización civil o religiosa de su unión». Por eso, piden que mejore el mercado laboral y su conciliación, y una política de ayudas a las familias, que desemboque «también en un pacto por la familia», porque «va en ello la estabilidad del propio sistema de la seguridad social».
Tras la publicación del documento del Papa sobre la familia, titulado Amoris Laetitia, cuatro cardenales han puesto el grito en el cielo y, en una carta pública, le piden que aclare sus posiciones sobre el tema, creando un clima de división en la Iglesia. Ante estos ataques, los obispos españoles cierran filas con Francisco, por medio de una carta de su presidente, el cardenal Blázquez.
En ella, el arzobispo de Valladolid, agradece a Francisco «el excelente documento», le ofrece «la comunión cordial y obediente» de todo el episcopado español, así como el «apoyo en las dificultades», al tiempo que le da las gracias «por su ejemplo, que nos ilumina en el camino».
En otro orden de cosas, la Plenaria episcopal aprobó el fondo común interdiocesano de 250 millones de euros, procedentes del IRPF, «el reglamento de rendición de cuentas para las entidades religiosas», asi como «un plan de transparencia», «un manual de inversiones financieras éticas», un «esquema de portal de transparencia para todas las diócesis» y «protocolos de medidas de prevención de blanqueo de capitales», como explicó el gerente del episcopado, Fernando Giménez Barriocanal.
