Carles Mulet afirma que buena parte del patrimonio eclesiástico se ha beneficiado de vacíos legales y “pericia” para ser inscritos
Desde Compromís se considera que no son lógicos los “privilegios” fiscales de los que gozan los bienes de la Iglesia. Por esa razón, desde esta coalición han decidido presentar una moción para cambiar la legislación vigente.
Carles Mulet, senador territorial de la coalición nacionalista valenciana Compromís, ha avanzado a Religión Confidencial que presentará “una moción en el Senado para pedir una nueva regulación en la titularidad y utilización de los edificios de la Iglesia o particulares que reciban inversiones de dinero público”.
Para Mulet, “una gran parte de los inmuebles que ahora forman el patrimonio eclesiástico se han titulado a favor de la Iglesia Católica u otras confesiones mayoritarias, o bien de órdenes religiosas gracias a los vacíos legales existentes y la pericia de la Iglesia en poder inscribir a su nombre edificios que estaban inmatriculados en su momento”.
Además, en opinión del senador de Compromís “los edificios de la Iglesia cuentan con privilegios que no disfrutan otros edificios de valor histórico y arquitectónico, como es el caso de las excepciones tributarias”.
En su opinión, “invocando el valor histórico de esos inmuebles, tiene que ser la administración pública quien invierta para recuperar o evitar la ruina”, ha afirmado Mulet.
Inversiones de dinero público: compartir titularidad y uso
El senador nacionalista considera que hay que cambiar la legislación para que, cuando se invierta dinero público en el patrimonio eclesiástico –o incluso de particulares– “las inversiones de dinero público comporten la cesión de la titularidad a la administración pública en el porcentaje que se estime según el valor de la inversión y del inmueble”.
Así mismo, en su moción quiere instar al Gobierno a que se establezca que “toda inversión de dinero público en edificios de la Iglesia o privados de cualquier tipo comporte la gratuidad de acceso durante al menos un año a todos los vecinos del ámbito administrativo que haya concedido la ayuda (Estado, comunidad autónoma, provincia o municipio), o el acceso gratuito en un espacio de tiempo equitativo según la inversión realizada”.
Respetar la voluntad de los donantes
Mulet abarcará en su moción la aportación voluntaria económica y humana de los fieles al patrimonio de la Iglesia, que justifica una reforma legal y de uso en esos bienes.
Fuentes jurídicas consultadas por Religión Confidencial afirman que “jurídicamente y respetando la realidad de las aportaciones al patrimonio de la Iglesia, hay que tener en cuenta que no pocos particulares desean que lo que destinan o trabajan sea patrimonio eclesiástico”, y “lamentan el tono utilizado por Mulet con palabras como “privilegios” o “pericia para titular”, y que “hay que ser respetuosos con un patrimonio de siglos y con todo tipo de institución, también con la Iglesia Católica”.
En cuanto a los privilegios fiscales a los que alude Mulet, “hay que ser rigurosos, y explicar que las exenciones fiscales existen para bienes religiosos y culturales, y de otro tipo, y no se puede confundir a la opinión pública con afirmaciones sectarias”.
