Parece mentira que en sociedades aparentemente evolucionadas queden sórdidas zonas de penumbra moral como puede ser la violencia machista o el abuso sexual hacia los menores. La sensibilidad social está aumentando en contra de ambas plagas, otra cosa es que las medidas penales sean suficientes para luchar contra lo que parece un sistema y no casos aislados. Espanta el dato de que el 40% de las denuncias por delitos sexuales afecten a menores. Estas perturbaciones criminales se producen en ámbitos como el familiar y en instituciones religiosas o escolares, que precisamente deberían proteger a sus miembros más vulnerables.
En relación a la pederastia en la Iglesia, últimamente se han estrenado dos buenas películas que tratan el tema. Por un lado, la chilena El club (2015), de Pablo Larraín, que ganó el Oso de Plata del Festival de Berlín y que hace evocar el caso de Fernando Karadima. Trata de unos sacerdotes castigados por las autoridades eclesiásticas a vivir en una casa de retiro en un lugar alejado, bajo la férrea custodia de una monja. La llegada de un cura pedófilo desencadena una serie de acontecimientos y provocan una investigación de lo sucedido. Perturbador y complejo retrato del alma humana de unos individuos retirados de la circulación y condenados una vida de “oración y penitencia”, pero impunes ante la ley.
La otra gran película, actualmente en cartel es Spotlight (2015) de Tom Mccarthy que se basa en un hecho real: la publicación en la prensa del encubrimiento por la jerarquía católica de Boston de incontables casos de pedofilia en la diócesis. Ha recibido el Óscar a la mejor película en 2016. Spotlight es el equipo de periodistas de investigación del The Boston Globe que sacó a la luz el tema en 2002, conmocionado a la ciudad, al país y al mundo, por la masividad de los delitos realizados por decenas de sacerdotes y la complicidad de las autoridades eclesiásticas -y otros- para taparlo. Obtuvieron el premio Pulitzer por el trabajo. La película tiene momentos memorables como cuando aciertan a definir el objetivo de la investigación, que no puede ser unos curas concretos, sino el sistema que lo produce y lo permite.
Al salir a la luz la denuncia, se multiplicaron los testimonios de víctimas y finalmente resultaron implicados 249 curas pedófilos, lo que da idea de la magnitud de la trama. Marcó un antes y un después en la Iglesia católica. Como se indica en los títulos de crédito, se multiplicaron las denuncias de este tipo en una larga lista de países del mundo: Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Chile, Colombia, España, Estados Unidos, Italia, México, etc.
El principal responsable del encubrimiento y complicidad con el delito masivo, el cardenalBernard Law, huyó de estados Unidos para evitar un juicio que le hubiera condenado a la cárcel. Amigo de Juan Pablo II (como Marcial Marciel, otro gran depredador, fundador de los Legionarios de Cristo) fue recuperado para Roma. Se le puso al frente de la iglesia de Santa María Maggiore, a pesar de que USA lo ha reclamado judicialmente. El actual Papa parece que le quitó de Santa María Maggiore, pero sigue en libertad y protegido por el Vaticano.
Aquí en España, están apareciendo algunos casos en la Iglesia (recientemente en Ciudad Real yCáceres) y en colegios religiosos (Valdeluz de Madrid, los maristas de Barcelona, etc.) Uno de los casos más escandalosos es el del grupo de sacerdotes pederastas conocido como ‘el clan de los Romanones’ en Granada. Y lo es por las víctimas, por el número de implicados y por la inacción del arzobispado. Una víctima tuvo que acudir directamente al Papa Francisco para denunciarlo y que se abriera la investigación.
No hay que dudar que la mayoría de los sacerdotes son ejemplares, pero hay demasiados casos y los pedófilos actúan como auténticos depredadores de menores, lo que ocasiona inmensos daños. La jerarquía eclesiástica no los ataja mucho, porque o no colabora con la policía y las autoridades judiciales o directamente las oculta. Las preguntas que surgen son ¿se producen más en la iglesia católica que en otras? ¿Tiene relación con el celibato y la represión sexual o con la existencia de un marco de encubrimiento? ¿Por qué parece que no se producen delitos sexuales en las comunidades de religiosas? ¿Cuál es la relación entre pederastia y patriarcado? ¿La existencia de una jurisdicción eclesiástica propia facilita la impunidad de las conductas delictivas? El fondo del asunto es que el abuso sexual a menores debe ser tratado como un delito en los tribunales civiles y no como un pecado o con el derecho canónico que muchas veces sanciona con un simple cambio de parroquia.
El Papa Bergoglio tiene la oportunidad de afrontar en la iglesia católica esta enorme infamia. Que lo haga, o le dejen, es otra cosa. Pero es poco comprensible la falta de actuación suficiente sobre el cardenal Law, los obispos relacionados con el caso Karadima de Chile o los ‘Romanones’ de Granada. En este último caso, el juez ha llegado a declarar la “responsabilidad civil subsidiaria” del arzobispo Javier Martínez, por la falta total de colaboración. Hasta la ONU, a través de un duro informe de la Comisión sobre los Derechos del Niño, ha llegado a reclamar al Vaticano que entregue a los pederastas.
En el caso de los ‘Romanones’ el juez instructor y la Audiencia de Granada han encontrado indicios de que otros 11 acusados realizaron abusos sobre víctimas, pero los delitos han prescrito por el tiempo transcurrido entre su comisión y la denuncia. Solo será juzgado el curaRomán Martínez, líder del grupo, y muchos de los otros sacerdotes implicados continúan ejerciendo en sus parroquias. Mientras que en países como Reino Unido estos delitos no prescriben, en España sí sucede a los 3 y 15 años, según sean leves o graves. Dificulta su persecución que las víctimas, al ser menores, tardan mucho en denunciar por el trauma vivido que arruina a la persona que lo sufre. Y estamos hablando de actos criminales muy recurrentes, no existiendo el pederasta arrepentido.
Ante el escándalo de la prescripción de estos delitos se ha puesto en marcha por algunas víctimas una campaña de recogida de firmas. El objetivo es obvio: la pederastia no debe prescribir, para que no haya ninguna impunidad de los delitos sexuales a menores. No puede haber paz para los malvados que abusan sexualmente y destrozan las vidas de los niños y niñas, ni para los que miran para otro lado, encubren y omiten socorro a las víctimas.
